Desde este mes, los trabajadores y las familias de menores recursos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán otro ataque a su ya deteriorado poder adquisitivo: un nuevo aumento en las tarifas de electricidad. La noticia llega en medio de cortes en el servicio que sufren decenas de miles de usuarios, en el marco de una fuerte ola de calor.
Según la resolución 119/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los incrementos alcanzan un 12,3% para usuarios de ingresos bajos, un 8,4% para ingresos medios y un 2,1% para ingresos altos. Esto viene acompañado de una reducción en los subsidios que afecta a más de 9,5 millones de usuarios residenciales. La bonificación para ingresos bajos y medios disminuye significativamente, lo que implica un mayor gasto en energía para los sectores más vulnerables.
Este ajuste tarifario se enmarca en una política de reducción del déficit fiscal impulsada por el gobierno y bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lejos de beneficiar al pueblo trabajador, implica transferir los costos de la crisis económica a las espaldas de las mayorías populares.
Las privatizaciones de los servicios públicos, implementadas durante los años ’90 y sostenidas por todas las gestiones posteriores, vienen siendo una verdadera estafa al pueblo trabajador. Implican décadas de deterioro progresivo de la calidad del servicio por falta de inversiones y el saqueo de los recursos en beneficio de las grandes corporaciones que se quedaron con un negocio que tiene cautiva a la población. Al mismo tiempo, estas suban llegan en días en los que vienen ocurriendo cortes de energía, en el marco de la intensa ola de calor que azota el país.
Es urgente luchar por imponer un sistema energético nacional, estatal e integrado que, bajo control de sus trabajadores y de los usuarios de sectores populares, planifique de manera democrática y garantice el funcionamiento del servicio. Solo así podrá ponerse freno a esta estafa. | 
