Los incendios en el sur patagónico ya llevan consumidas aproximadamente 20 mil hectáreas: en el Parque Nacional Nahuel Huapi se quemaron 10 mil hectáreas, en El Bolsón 2400, 5500 hectáreas las región del Lago Epuyen y 3800 hectáreas en otras áreas. Según informan las y los compañeros brigadistas comprometidos en la lucha contra los incendios, al día de hoy ya son 800 los vecinos evacuados y se quemaron aproximadamente 120 casas.
“Son incendios de interface que ingresan a los poblados y producen estos desastres”, explica el delegado de ATE en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, Gabriel Brizuela.
La temporada de incendios patagónicos se ve alimentada con la implantación sin ningún tipo de control de una especie exótica, el llamado pino maderable, ligada a la ambición económica del sector empresarial forestal, sin dejar sectores del territorio despejados como cortafuegos. Esto hace que el fuego se propague de manera incontrolable. El incendio es de una enorme magnitud y está descontrolado en la mayoría de sus focos
“En este momento grupos forestales de todo el país están contribuyendo y colaborando con los equipos de brigadistas de incendios forestales de Parques Nacionales, como del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de la provincia de Río Negro”, agrega Brizuela.
A partir del desastre ambiental, se van sumando brigadistas de otros puntos del país. En el caso del Parque Nacional Quebrada del Condorito viajaron una compañera y un compañero para contribuir al combate de los incendios. También se sumaron compañeros del Parque Nacional El Leoncito, de Lihué Calel.
“Esto ocurre en el marco de una absoluta incertidumbre porque todos estos compañeros y compañeras que colaboran para apagar los incendios están con contratos trimestrales. En algún momento tuvieron contratos anuales y ahora con el cambio de gestión retrocedieron en su estado de precarización laboral. Es decir que van a luchar contra el fuego y no saben si después van a seguir siendo contratados o despedidos, como ha venido ocurriendo. A fin del 2024, en la última revisión trimestral, 30 compañeros/as –desde administrativos a personal científico técnico- fueron despedidos, 10 de ellos/as brigadistas de incendios forestales”, describe el delegado.
Tras el brutal ajuste que el el gobierno de Javier Milei está aplicando sobre el Estado, solo son 400 los brigadistas de incendios forestales en todo el país. Es una cifra bajísima para cubrir el territorio nacional si se tiene en cuenta que las temporadas de incendios son dispares: en la región central, que incluye Córdoba, la temporada arranca en junio y termina en noviembre o diciembre con las primeras lluvias; pero en la Patagonia se inician en enero y se prolongan hasta abril.
“Esos 400 compañeros, que forman parte de la áreas de incendios, comunicaciones y emergencias, van llevando de un lado a otro porque es un personal escaso y muy capacitado. Todos ellos tienen en común la falta de estabilidad laboral después de años de pelear el pase a planta permanente”, afirma Brizuela.
El contexto en que deben jugarse la vida las y los estatales dependientes de la Administración de Parques Nacionales se inserta en un Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial que no se cumple. “El CCT tenía como primer objetivo el pase a planta permanente de todo el personal precarizado, pero no aconteció. Tampoco el reconocimiento de su actividad como de riesgo de vida y para la salud. Por ende, ni se cobra ítem de insalubridad ni tampoco la jubilación anticipada que está prevista en el CCT. Hemos retrocedido a contratos trimestrales que aumentan la incertidumbre y la angustia de no saber si van a seguir trabajando o no a cumplirse el contrato trimestral”, cuenta el delegado.
Además, los sueldos están congelados. El 31 de enero pasado, las y los trabajadores del escalafón nacional, sean guardaparques, brigadistas o Sinep, cobraron prácticamente el mismo sueldo que el Estado pagó el 31 de junio de 2024. “Hubieron recomposiciones que van del 1% al 2%. Eso ha sido todo”, alerta.
“En el caso de los brigadistas de los incendios forestales la situación es aun más grave por el hecho que las brigadas que no cobran el ítem ‘zona fria’, las que no pertenecen a la patagonia, recibieron un salario de 561 mil pesos. Es el caso de los brigadistas de nuestro parque que están ahora colaborando en Río Negro”, denuncia Brizuela.
Estado en retroceso
Gabriel Brizuela acusa que buena parte de este cuadro está relacionado con el DNU 70/23, que modificó los artículos donde se establecía que no se podía construir nada durante 60 años, y la Ley Bases, modificando a su vez el articulado de la Ley Nacional de Manejo del Fuego 26815.
“Desde diciembre redujo en un 43% el presupuesto del programa de manejo del fuego a nivel nacional, de ese total solo ejecutaron el 27%. En consecuencia de cada 100 pesos solo destinaron 3 pesos al plan de manejo del fuego”, lamenta.
“Mientras buscan culpables, acusando a las organizaciones del pueblo mapuche, detrás de cada fuego prosperan los negocios extractivistas, avanza la frontera agropecuaria, la minería y el mega turismo empresarial, que ahora se verán intensificados a partir del RIGI. Los gobiernos provinciales donde se producen estos incendios son cómplices de la aprobación de la Ley Bases como de todas las modificaciones a las leyes que protegen el ambiente”, sostiene el delegado.
Además, se suma la ausencia evidente de los estados provinciales en el control territorial. De hecho han promovido sus propias “leyes de bases”, como lo hizo el gobernador Martín Llaryora en Córdoba, completando un cuadro siniestro donde las y los estatales, los vecinos y brigadistas de todo el país son quienes ponen el juego su vida y su salud para combatir el actual desastre ambiental.
Nota publicada originalmente por ATE Córdoba | 
