Siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el gobierno de Milei busca hacerse de fondos frescos con un nuevo préstamo del organismo por unos U$S 12.000 millones, para sostener el esquema cambiario de bicicleta financiera y una estabilidad transitoria durante el periodo electoral. La contraparte es una mayor hipoteca sobre el pueblo trabajador, la continuidad del ajuste brutal y los despidos y reformas estructurales que arrastran a la economía argentina a la decadencia y el atraso estructural.
Este jueves, las recientes declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, y otros representantes del organismo han dejado entrever las condiciones y expectativas que pesan sobre el país.
En su última comunicación, el FMI subrayó la necesidad de implementar políticas fiscales, monetarias y cambiarias en Argentina, junto con reformas estructurales que en la visión del Fondo promueven el crecimiento económico, recetas que ya fracasaron en la historia de nuestro país y en otros programas económicos en todo el mundo. Entre las medidas planteadas, destacan la flexibilidad cambiaria, el levantamiento gradual del cepo cambiario (con una fuerte devaluación) y la eliminación de controles en el mercado de cambio. Según Kozack, estas son condiciones esenciales para que Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales de capital y estabilice su economía.
En primer lugar, Kozack recordó que la directora gerente, Kristalina Giorgieva, después de su reunión con el presidente Javier Milei el mes pasado, reconoció “el tremendo progreso de Argentina en la reducción de la inflación, la estabilización de la economía, el regreso al crecimiento y el hecho de que la pobreza finalmente comience a disminuir”.
El organismo no se privó de volver a elogiar "los esfuerzos del gobierno argentino en la reducción del gasto público", lo que permitió alcanzar un superávit fiscal sobre la base de un fuerte ajuste de partidas sociales, salud, educación, jubilaciones, asistencia social, obra pública y tarifazos. Sin embargo, consideró que estos recortes, acompañados de medidas fiscales temporales, "deben ser reemplazados por una estrategia fiscal más sostenible y progresiva".
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el acuerdo con el FMI no incluirá una devaluación inmediata ni una salida abrupta del cepo cambiario, negando así rumores del mercado. Caputo también destacó que el nuevo programa económico podría incluir un financiamiento adicional estimado entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, destinado a fortalecer las reservas del Banco Central.
Kozack elogió los avances de Argentina en la estabilización económica, reducción de la inflación y disminución de la pobreza, "logros" como resultado de políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, a la par que favoreció con beneficios impositivos a los sectores concentrados de la economía.
Sin embargo, el organismo mantiene reservas respecto a los desafíos pendientes, que incluyen la sostenibilidad del ajuste fiscal y la implementación de políticas que fortalezcan el crecimiento de manera inclusiva.
Un ajuste insostenible
Las políticas de ajuste promovidas por el organismo y ejecutadas por el gobierno argentino responden a los intereses del capital financiero internacional, profundizando la dependencia económica y el saqueo de los recursos del país.
El ajuste fiscal implementado a instancias del FMI ha pulverizado los ingresos de las grandes mayorías trabajadoras, agravando la pobreza y la desigualdad social. El organismo promueve contrarreformas laborales, previsionales y tributarias que solo benefician a los grandes empresarios y especuladores, mientras sacrifican las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Al problema de la deuda externa, Caputo y el FMI así como todo el arco patronal incluida la oposición peronista, proponen su resolución reconociendo la misma y pagando religiosamente los vencimientos. Sin embargo, este mecanismo, al cual se agrega el nuevo endeudamiento de Caputo para sostener el dólar apreciado, sólo perpetúa un modelo de subordinación imperialista que restringe la soberanía económica y política de Argentina. Por ello, la única solución favorable a las mayorías populares es una ruptura con el FMI y el desconocimiento de la deuda externa ilegítima, en base a la más amplia movilización popular.
Mientras el FMI y el gobierno negocian un nuevo acuerdo, los trabajadores y sectores populares se enfrentan al desafío de organizar la resistencia a los planes de ajuste, recuperar los sindicatos como herramienta de lucha y construir una alternativa política que rompa con la dependencia del capital financiero internacional y ponga en el centro las necesidades del pueblo trabajador. | 
