Antonio Paez
| Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
El fuego no es solo una chispa en el bosque, sino la llama de un sistema que consume todo a su paso. Mientras los gobiernos protegen las ganancias de unos pocos, la tierra y las comunidades arden.
Chile enfrenta nuevamente una crisis de incendios forestales mientras las temperaturas extremas azotan el país. Según el balance de la directora de Senapred, Alicia Cebrián, hay 15 incendios forestales en combate, concentrándose en las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble. Algunos de los siniestros más graves han afectado estructuras y servicios básicos, mientras la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que las temperaturas podrían superar los 40°C en algunas zonas.
Las condiciones climáticas que favorecen la propagación de los incendios —olas de calor, vientos fuertes y sequías prolongadas— no son un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del calentamiento global. Sin embargo, el problema no se limita solo a la crisis climática: el modelo económico basado en la explotación descontrolada de los recursos naturales ha creado el escenario perfecto para estos desastres.
El papel del modelo económico en la crisis
Desde la dictadura de Pinochet, el Estado chileno ha subsidiado y promovido el crecimiento de las plantaciones forestales de especies exóticas altamente inflamables, como el eucalipto y el pino, beneficiando a las grandes empresas forestales a costa del ecosistema. Estas plantaciones han desplazado el bosque nativo, alterando el equilibrio natural y dejando vastas zonas convertidas en “polvorines” listos para arder con cualquier chispa. Además, muchas de estas plantaciones se ubican a menos de 800 metros de zonas urbanas, cuando la distancia mínima debiera ser de al menos tres kilómetros. Ejemplos de estos casos fueron los incendios de Santa Olga (2017) o Santa Ana (2023) que dejaron a cientos de familias con sus hogares hechos cenizas.
Pueblo de Santa Olga (2017) totalmente consumido por las llamas
Situación similar ocurre en Argentina, donde las provincias de Neuquen, Chubut y Rio Negro han sufrido incendios devastadores en los últimos años. En 2024, el gobierno del negacionista Javier Milei puso el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación y redujo las partidas destinadas a Ambiente y Parques Nacionales en un 65,4%. No solo se ajustaron los programas destinados a la lucha contra los incendios sino también aquellos de prevención, fundamentales para reducir los daños causados por el fuego. Pero en esta política no hay grieta: peronistas, radicales, pro y libertarianos están de acuerdo en desfinanciar los sistemas de lucha contra el fuego en pos de honrar la deuda externa. Los gobiernos provinciales acompañaron estos ajustes y fomentaron los negocios inmobiliarios. No les importó ni la previsión de la temporada de sequía que aumentaba la probabilidad de incendios con tal de cumplir los lineamientos del “déficit cero”.
Las brigadas de lucha contra el fuego trabajan precarizadas y con pocos recursos
Un gobierno que refuerza la represión en vez de atacar el problema de fondo
En lugar de tomar medidas estructurales que aborden el origen del problema —como la regulación de las plantaciones forestales o aumentar sustantivamente los presupuestos para el combate de las emergencias—, el gobierno ha optado por medidas represivas como el toque de queda, justificándolo bajo la excusa de incendios intencionales. Este enfoque no solo no previene nuevos incendios, sino que fortalece un aparato estatal que criminaliza a las comunidades rurales y no pone en cuestión los intereses de las grandes empresas forestales.
Comunidades Mapuche enfrentan piquetes policiales en Argentina
Tampoco existe una mejora sustancial en los equipos de ataque a los incendios, recordemos que el año pasado trabajadores de Conafllevaron un largo paro nacional denunciando precarias condiciones de trabajo y la extendida práctica de utilizar los cargos directivos como "botín" de la administración política del momento.
Lo mismo ocurre en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha recortado presupuestos en áreas claves como el control de incendios y la preservación del medio ambiente, priorizando los intereses de los grandes empresarios del agro y la ganadería. Las políticas de ajuste y desregulación ambiental profundizan la vulnerabilidad de las comunidades frente a estos desastres, mientras se criminaliza a los sectores que denuncian esta situación.
Hay que tomar medidas estructurales para enfrentar la crisis de incendios
Es urgente que se destine todo el presupuesto necesario para apagar los incendios. Al fuego no se lo combate con las frases rimbombantes ni con toques de queda o militares en las carreteras.
Como señala la agrupación trasandina Alerta Roja Ambiental, se requiere de un Sistema de Hidrantes para Protección contra incendios que contemple tuberías y válvulas que distribuyen agua a presión mediante estaciones de bombeo a puntos de conexión estratégicamente ubicados. Esto de la mano de reservorios de agua que la almacenen para abastecer esa red de hidrantes.
Los incendios forestales en Chile y Argentina no son solo una tragedia ambiental, sino una consecuencia directa de un modelo económico que prioriza la acumulación de riqueza sobre la vida. Es hora de romper con esta lógica y avanzar hacia un sistema donde la naturaleza, los trabajadores y la población no sean sacrificados en el altar del capital.
