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La Izquierda Diario
11 de febrero de 2025 Twitter Faceboock

Privatizadas y falta de inversión
Por el fuerte temporal, en el AMBA hay más de 100.000 hogares están sin energía

Esto es según la información que brinda el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad). En la madrugada llegó a haber más de 250.000 usuarios sin luz. El servicio muestra las falencias como resultado de la falta de inversión en la que incurren las empresas.

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Los recientes cortes de luz, que han dejado a cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), son un claro reflejo de las fallas estructurales del sistema energético argentino. Este martes, un temporal de lluvia y viento, con ráfagas que superaron los 100 km/h, provocó la interrupción del servicio para más de 330 mil usuarios. A las 10.30 eran aún 97 mil los hogares sin electricidad, distribuidos entre Edenor y Edesur, las dos privatizadas que tienen el servicio en el área.

Este hecho se suma a un colapso previo del sistema eléctrico nacional, exacerbado por una ola de calor y el consumo récord de energía, que afectó a más de 200 mil usuarios. Las causas identificadas incluyen la salida de servicio de líneas de alta tensión y problemas en el suministro internacional de energía. Sin embargo, estos eventos no son aislados. Reflejan un problema más profundo relacionado con el modelo de gestión y las políticas energéticas implementadas en las últimas décadas.

Las privatizaciones del sector energético, iniciadas en los años ’90 son una de las principales causas del deterioro en la calidad del servicio. La falta de inversión por parte de las empresas privadas ha generado una infraestructura obsoleta, incapaz de responder a las demandas actuales.

Es fundamental poner en cuestión ese esquema. Es necesaria la pelea por la nacionalización del sistema energético. Bajo esta propuesta, el sector sería administrado por sus propios trabajadores y técnicos especializados, con control directo de los usuarios populares. Solo así sería posible garantizar un servicio eficiente, económico y sustentable, que responda a las necesidades de la población y no a los intereses de las empresas privadas.

 
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