Este miércoles, en el medio de un escándalo, el gobierno argentino decidió anular la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Manuel Adorni, vocero presidencial tuvo que improvisar una conferencia de prensa para intentar una explicación que no convenció a nadie.
El punto crítico fue que hubo una sola oferente: la empresa belga DEME, que había denunciado previamente falta de transparencia en el proceso. Esto levantó sospechas sobre posibles presiones ejercidas por DEME hacia otros oferentes y sobre un proceso que no garantizó un marco competitivo ni abierto. Por ello, el Gobierno decidió reiniciar el proceso licitatorio.
Desde los años 90, la administración de esta crucial vía navegable ha estado en manos privadas, principalmente de la empresa belga Jan De Nul. Este modelo responde a una lógica de concesiones a largo plazo que prioriza los intereses de grandes cerealeras y capitales privados, dejando de lado el impacto ambiental y el beneficio de la mayoría de la población. El último anuncio del gobierno planeaba otorgar una concesión de 30 años, extendible a otros 30, excluyendo a empresas estatales extranjeras, lo que favorecía la continuidad del modelo privatista.
|
