En un contexto crítico marcado por los incendios forestales que afectan a la Patagonia, Corrientes y otras regiones del país, Ana Lamas, quien ocupaba el cargo de subsecretaria de Ambiente de la Nación, decidió presentar su renuncia.
La funcionaria, que formaba parte del equipo de Daniel Scioli, argumentó su decisión señalando "agotamiento". En declaraciones recientes, Lamas expresó: "Estoy esperando la aceptación" de su renuncia, dejando en claro que su salida aún no se ha oficializado. Este hecho se da en un momento de gran tensión por los incendios, mientras el Secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, aparece en redes sociales jugando al paddle.
Lamas intentó justificar su renuncia por "razones personales", pero los problemas de fondo van mucho más allá de lo personal: durante su gestión, el organismo que lideraba sufrió una pérdida significativa de jerarquía y funciones, incluida la transferencia del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) al Ministerio de Seguridad.
Los incendios forestales que se vienen dando este verano en varias provincias, ya llevan más de 71.300 hectáreas devastadas en la Patagonia y otras 100.000 en Corrientes. A pesar de que el gobierno atribuye estas tragedias a acciones humanas terroristas, organizaciones ambientalistas y vecinos afectados denuncian la falta de un plan integral para prevenir y combatir el fuego. Se suma a esto el desfinanciamiento del SNMF, cuyo presupuesto apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, dejando a los brigadistas en condiciones laborales precarias y sin los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.
La transferencia del SNMF al Ministerio de Seguridad ha llevado a la criminalización de brigadistas y comunidades por parte de Patricia Bullrich y los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, de Chubut y Río Negro, respectivamente. Las comunidades locales, frente a la falta de recursos estatales, han asumido la tarea de enfrentar los incendios con sus propios medios y la solidaridad desde abajo crece cada día más, pero la respuesta del gobierno han sido detenciones arbitrarias y la presencia de patotas en zonas liberadas por la policía. Un claro ejemplo de cómo el Estado no solo desatiende, sino que obstaculiza las respuestas comunitarias a la crisis. El propio presidente Javier Milei está más ocupado en responder a artistas que se muestran solidarios, que a las familias que perdieron todo.
Pero que podría esperarse de un presidente que niega el cambio climático. Los especialistas en el tema señalan que el cambio climático con fenómenos como la sequía y temperaturas extremas agravan los incendios y promueven su ocurrencia. Milei niega esta realidad para fomentar negocios extractivistas, que fueron beneficiados con el RIGI y que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el aumento de las temperaturas globales. Estos negocios también forman parte de las causas estructurales de la propagación de incendios, como el monocultivo de pino, especie exótica en estas regiones y altamente inflamable.
En la vereda opuesta de estas políticas, los diputados del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional por incendios. Esta iniciativa busca garantizar los recursos necesarios para combatir los incendios, implementar un sistema de hidrantes, reforestar con especies nativas y la creación de un Bono de emergencia financiado por las grandes corporaciones que promueven negocios inmobiliarios y forestales en detrimento del ambiente y las comunidades locales.
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