En Francia, el obrero Anasse Kazib se enfrenta a un proceso por tuits propalestinos. Las caldeadas acusaciones de “apología del terrorismo” reflejan una ofensiva más amplia contra las libertades civiles, que hoy se dirige contra los activistas solidarios con Palestina.
La extralimitación policial y las restricciones a las libertades civiles han sido un sello distintivo de la presidencia de Emmanuel Macron. Incluso en comparación con líderes franceses anteriores, su administración ha provocado un aumento de la violencia policial contra los movimientos de protesta y los residentes de las banlieues. El impulso autoritario también se hizo visible en un régimen de confinamiento considerablemente más severo que en muchos otros países de Europa occidental y en las prohibiciones oficiales a grupos de la sociedad civil críticos con el gobierno, como el movimiento ambientalista Earth Uprising (levantamiento de la Tierra. N.deT.) y el grupo antiislamofobia Collective Against Islamophobia in France (Colectivo contra la islamofobia en Francia. N.deT.), que brindaba apoyo legal a los musulmanes que enfrentaban discriminación.
Pero incluso en este contexto, la represión ha empeorado notablemente desde el 7 de octubre de 2023. El Estado francés, en parte bajo la presión de los grupos lobistas proisraelíes, ha utilizado la infraestructura antiterrorista construida en años anteriores para perseguir a políticos y activistas solidarios con Palestina.
A medida que el movimiento pro-Palestina crecía en Francia, muchas figuras del establishment denunciaron otra manifestación de “islamoizquierdismo” (un pánico moral que, como es sabido, fomentó la entonces ministra de Universidades, Frédérique Vidal, aunque admitió que el término “no tenía una definición científica”). En medio de la reacción, la policía antiterrorista citó a varias figuras de la izquierda y de la población musulmana de Francia bajo sospecha de “apología del terrorismo”. Entre ellas figuraban Rima Hassan, ahora la primera miembro franco-palestina del Parlamento Europeo (en ese momento, se presentaba como candidata por Francia Insumisa en las elecciones europeas) y Mathilde Panot, la líder del grupo de este partido en la Asamblea Nacional.
La mayoría de estas citaciones no sirvieron para nada: tanto la de Panot como la de Hassan parecen haber sido intentos de intimidación provocados por quejas vejatorias de grupos de presión pro israelíes, y las citaciones no fueron más allá de un interrogatorio por parte de la policía antiterrorista. Pero no todas las quejas se resolvieron de esta manera. El pasado mes de abril, el secretario general de la sección de Lille del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) fue condenado a un año de prisión por un comunicado que afirmaba que “los horrores de la ocupación ilegal se han acumulado. Desde [el 7 de octubre] han recibido las respuestas que ellos mismos provocaron”. El tribunal acusó al sindicalista de “disminuir la respuesta moral” a las acciones de Hamás porque el comunicado no contenía “ninguna condena implícita o explícita de los ataques”. La sentencia forma parte de un patrón más amplio de demandas contra sindicalistas en Francia por sus actividades políticas o laborales.
Además de la sentencia, el pasado mes de abril Anasse Kazib, sindicalista y portavoz del grupo trotskista Révolution Permanente, recibió una citación de la policía antiterrorista de los Grupos de Lucha contra el Terrorismo (GLAT). Actualmente está a la espera de ser juzgado a finales de este año.
Kazib dijo a Jacobin : “Me presentaron varios tuits que había publicado, en particular el 7 de octubre y los días siguientes, en apoyo del pueblo palestino. Durante dos horas me sometieron a lo que esencialmente fue un interrogatorio político”. La policía le preguntó a Kazib: “¿Qué significa para usted la ’resistencia palestina’?”; “¿Qué significa el apartheid?”; “¿Qué piensa de Fatah? ¿De la Organización para la Liberación de Palestina?”. “Me hicieron varias preguntas diferentes, la mayoría de las cuales tenían una orientación política”.
Según Kazib, fue convocado en particular por unos tuits que denunciaban el colonialismo y el apartheid, así como por un tuit en el que se citaba a un funcionario de la UE que su apoyo a Israel significaba que "estaban del lado de los carniceros".
Leyes malvadas
El delito por el que el Estado intenta procesar a Kazib se llama “apología del terrorismo”. El régimen actual que hace ilegal “incitar directamente o hacer apología pública de actos de terrorismo” fue introducido en 2014 por el gobierno de François Hollande, actualizando leyes anteriores. Aunque se trata de una ley relativamente reciente, la abogada de Kazib, Elsa Marcel, sostiene que la situación en la que los activistas se ven regularmente acusados de cometer un delito por su apoyo a la causa palestina se ha estado gestando desde hace mucho tiempo.
“Hubo varios pasos para construir esto como una infracción”, me dice. “Tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en las ’leyes villanas’ que se introdujeron para reprimir el movimiento anarquista porque fue el momento en el que se vio por primera vez la regulación de los impulsos de la gente, no era lo mismo que la apología del terror, pero celebrar o tener una impresión positiva de un ’acto terrorista’ te calificaba como terrorista”. El cambio de 2014, agregó, “fue particularmente sorprendente porque convirtió lo que se escribía en la prensa en una ofensa mucho más grave y reprimía la opinión con la amenaza de prisión”.
El proceso contra Panot, líder del grupo parlamentario de Francia Insumisa, fue archivado el 30 de enero. El de Kazib, por su parte, sigue adelante. Considera que se trata de un experimento de las autoridades políticas francesas para ver hasta dónde pueden llegar. Argumenta que esto se debe a que es una figura pública.
"Sin ser parte de una organización que forme parte de las instituciones. Además soy una persona racializada, de fe musulmana, etc., y creo que el sistema reconoce que a través de mí pueden golpear a las capas más radicales de la clase trabajadora, a la juventud de los barrios obreros.
La realidad es que las autoridades reconocen el papel que desempeñé en la lucha de clases, ya sea durante los chalecos amarillos , el movimiento antirracista o durante las huelgas. Creo que tengo el perfil ideal para que el Estado envíe un mensaje fuerte que también se dirija al medio militante, a la izquierda radical y a las personas racializadas en Francia, porque pueden reconocerse en mí. Soy obrero, soy ferroviario, trabajo, vivo en la banlieue, en los barrios obreros.
Más allá de mi militancia, soy conocido en la comunidad desde hace tiempo. Tengo la impresión de que para el sistema, atacarme es una prueba. Si pueden reprimirme con facilidad, la próxima vez, ¿por qué no atacar a otras personalidades? No necesariamente a [parlamentarios como] Mathilde Panot o Rima Hassan, pero sí a [figuras trotskistas destacadas como] Olivier Besancenot o Philippe Poutou".
Cabildeo pro-Israel
La citación inicial de Kazib fue provocada por una asociación llamada Juventud Judía Francesa (JFJ por sus siglas en francés. N.deT.). Fue creada después de los acontecimientos del 7 de octubre, supuestamente para combatir el aumento del antisemitismo en Francia. El opaco grupo de presión pro israelí comenzó a presentar denuncias de apología del terrorismo contra varias figuras de la izquierda poco después del 7 de octubre. Para enero de 2024, su equipo de cincuenta abogados había presentado cuarenta y una denuncias, incluidas varias contra parlamentarios de La France Insumisa y organizaciones pro palestinas como el Nouveau Parti Anticapitaliste y el colectivo Palestine Vaincra [“Palestina ganará”]. Cuando Kazib fue citado, el grupo tuiteó: “Esto es solo el comienzo Anasse Kazib, siempre cumplimos nuestras promesas”.
Aunque se presenta como una ONG neutral que trabaja en la lucha contra el racismo, las actividades de JFJ demuestran un sesgo político hacia Israel y la extrema derecha. De las denuncias que JFJ afirmó haber presentado inicialmente, solo una se refería a una figura de la derecha, el racista convicto y negacionista del Holocausto Alain Soral. El resto se refería a figuras de la izquierda que, a pesar de las continuas oleadas de guerra jurídica, no han sido declaradas culpables de racismo o antisemitismo (con excepción de la periodista francoargelina Taha Bouhafs, que fue condenada por llamar a una policía “árabe de servicio”, un término similar al despectivo “coco” en inglés, que refiere a la persona negra o asiática que se adapta a la cultura blanca a expensas de su cultura ancestral, con la idea de que, como un coco, es oscuro por fuera y blanco por dentro. N.deT.). La cuenta de Twitter de JFJ afirmaba que la bandera palestina era equivalente a la esvástica y comparte regularmente contenido de figuras de la extrema derecha como el abogado de Génération Identitaire Gilles-William Goldnadel y el ex candidato del partido Reconquête de Éric Zemmour, Guillaume Bensoussan.
Tal vez la indicación más evidente de la orientación política de la JFJ la dé su portavoz, Raphael Attia, una de las dos únicas caras públicas del grupo, que cuenta con cincuenta abogados en sus filas. Un mes después del 7 de octubre, Attia escribió un artículo en la revista libertaria Contrepoints en el que sostenía: “Una constatación tan implacable como inquietante para muchos de nosotros es la siguiente: hoy en día, el mayor partido de extrema derecha [una referencia inequívoca al Rassemblement National de Marine Le Pen] es la principal oposición al gobierno establecido, y es también esta corriente ideológica la que está en primera línea en la lucha contra el antisemitismo”.
El hecho de que este mismo partido haya presentado candidatos al Parlamento en 2024 que afirmaban que “el gas hizo justicia a las víctimas de la Shoah”; que “Hitler no mató a suficientes [personas romaníes]”; y que fueron fotografiados con el sombrero de un oficial de las SS, aparentemente no tiene importancia para JFJ porque Meyer Habib, el diputado por los expatriados que viven en Israel, descrito por Attia como “un gran amigo de [Benjamin] Netanyahu”, afirma que el Rassemblement National ha “entrado en el arco republicano” de los partidos respetables.
Attia dijo a Jacobin que no era que “JFJ quisiera que nuestras quejas se dirigieran principalmente contra figuras de la izquierda” y señaló a este escritor una encuesta que encontró que el 92% de los judíos franceses consideran que Francia Insumisa es la principal amenaza para los judíos en Francia. La encuesta se realizó después de la publicación de un informe del Servicio para la Protección de la Comunidad Judía en Francia y el Consejo Representativo de las Instituciones Judías Francesas (CRIF), cuyo alineamiento político con el Likud está bien documentado. Encontró que el antisemitismo en Francia se aceleró masivamente después del 7 de octubre. El informe afirma que es antisemita acusar a los partidarios de Israel de ser pro-genocidio y que la afirmación de que Israel está cometiendo genocidio es una mentira.
El informe, que critica duramente a Francia Insumisa por supuestamente actuar como el “órgano electoral” del antisemitismo francés, confunde al judaísmo francés con el apoyo al estado de Israel, y escribe: “La relación entrelazada entre un organismo político, que instrumentaliza el tema de Palestina con fines electorales, particularmente entre los jóvenes de las banlieues, y las organizaciones antiisraelíes, que llaman a la resistencia al sionismo en Francia, predice un futuro preocupante para los judíos en en este país”. Attia también le dijo a Jacobin que JFJ está “financiada completamente por las donaciones y contribuciones de sus miembros y no recibe financiación extranjera”.
Kazib sostiene que las actividades de JFJ reflejan simplemente una “continuidad entre ellos y la política del Estado… Al detener a personas como yo, el Estado les está dando oportunidades. Porque es el fiscal de la república –el ministro de justicia– quien podría haber escuchado su historia y haber dicho que no, que no vamos a procesar a un activista por un tuit. ¡Podrían haberlo hecho! Pero no, decidieron optar por la represión”.
Regla arbitraria
La pena máxima por “apología del terrorismo” en Internet es de siete años de cárcel y una multa de 100.000 euros, lo que significa que Kazib corre el riesgo de convertirse en un preso político si es declarado culpable. Marcel afirma que la ley entra en “el terreno de la arbitrariedad” y que cubre comportamientos tan variados que no tiene ningún valor. “Podría”, señala, “apuntar fácilmente a niños o borrachos que dicen cualquier cosa después de una o dos copas. Lo que es importante señalar es que esta vaguedad se ha utilizado de manera ultrabrutal desde el 7 de octubre para condenar, a veces con la amenaza de prisión, casi sistemáticamente con la amenaza de sentencias suspendidas, a individuos que han tomado posiciones sobre los acontecimientos en Oriente Medio diferentes de la posición oficial del gobierno francés”. “Es importante señalar”, añade, “que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunció a Francia por el uso de esta ley”.
En el ámbito político, se han producido algunos intentos de derogar la ley de apología del terrorismo para que pase a ser una ley de “prensa” y no parte del código penal, en particular por parte de La Francia Insumisa. Sus miembros han sido a menudo víctimas de intentos de intimidación mediante la aplicación selectiva de la ley. El diputado de La Francia Insumisa, Ugo Bernalicis, presentó en noviembre una moción para derogar la ley, citando su utilización contra el sindicalista de la CGT en Lille, sin ningún resultado.
Aunque el Parlamento apoye el mantenimiento de la ley que se ha utilizado contra él, Kazib no quiere simplemente impugnar el proceso sobre una base legalista. Lo califica de proceso político que debe ser impugnado políticamente. Révolution Permanente se ha puesto en contacto con intelectuales y personalidades públicas que apoyan la causa palestina y critican el autoritarismo del gobierno de Macron, y pretende convertir el proceso en una tribuna política. “La mejor arma que tenemos es la mayor solidaridad posible para mostrar lo que están haciendo los que están en el poder: tratar de disciplinar y domesticar a los militantes aquí para continuar la política de apoyo al Estado de Israel y al imperialismo en general”.
El Tribunal de París no respondió a las preguntas de Jacobin . | 
