La acusación no fue una sorpresa, ya que se esperaba desde hace algún tiempo. Sin embargo, su presentación formal marca una nueva etapa en el enfrentamiento entre el poder judicial y los sectores de Bolsonaro.
Al mismo tiempo, se produce en un momento en el que actúan diferentes factores, como la caída de la popularidad de Lula y el aumento del rechazo a su Gobierno, así como el nuevo escenario internacional con Trump como presidente de Estados Unidos.
Si es condenado, Bolsonaro podría enfrentarse hasta 43 años de prisión, un escenario que podría redefinir el ajedrez político brasileño. Un factor llamativo de la acusación es el peso dado a la investigación contra militares de alto rango.
Entre los procesados hay figuras destacadas como los ex comandantes de la Marina, Almir Garnier, y del Ejército, Paulo Sérgio Nogueira, así como generales de cuatro estrellas como Augusto Heleno, Braga Netto y Estevam Theophilo. En total, 23 militares están entre los investigados, lo que indica un enfrentamiento más directo entre el poder judicial y sectores de las Fuerzas Armadas, la mayoría de los cuales eran cercanos a Bolsonaro.
La estrategia de la PGR podría basarse en un enfoque de «disparar alto» para negociar después, garantizando el castigo de Bolsonaro como trofeo. Otra posibilidad es que algunos de estos generales, o militares de menor rango, sean condenados para enviar un mensaje a los sectores más radicalizados dentro de las Fuerzas Armadas, desalentando nuevos movimientos radicalizados.
Entre los aspectos más condenatorios del pliego de cargos está la acusación contra Bolsonaro por dar su consentimiento a un plan para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. La gravedad de esta acusación eleva aún más el tono del caso y refuerza la narrativa de que Bolsonaro y sus aliados buscaban llegar hasta las últimas consecuencias.
Otro punto es la ausencia de Valdemar Costa Neto en la acusación, un claro indicio de que la PGR está evitando una confrontación directa con el Centrão [legisladores que están en el “centro” entre el gobierno y la oposición y se van acomodando a uno y otro lado según les convenga, NdT] y otros sectores del Congreso, aunque las acusaciones también envían un mensaje sobre las recientes declaraciones de Hugo Motta sobre la amnistía para los implicados en los hechos del 8 de enero [de 2023 cuando una movilización de bolsonaristas ingresó al parlamento poco después de la asunción de Lula, NdT]. Esta elección podría ser una estrategia para mantener el foco en el expresidente y evitar debilitar la base de apoyo necesaria para que cualquier medida contra Bolsonaro siga adelante sin mayor resistencia en la legislatura.
Los acontecimientos en el Tribunal Supremo también indican un movimiento calculado. Alexandre de Moraes envió el caso a la Primera Sala del STF, donde la composición tiende a garantizar una decisión unánime. Esto minimiza el riesgo de disidencia en el pleno, donde los jueces André Mendonça y Nunes Marques podrían representar votos disidentes. La preocupación por los dos magistrados designados por Bolsonaro también está relacionada con el temor a cómo la administración Trump podría tratar de influir en el curso del caso en una sentencia plenaria del Supremo.
El impacto político de esta medida es profundo. Si se confirma la condena de Bolsonaro a finales de este año, el ex presidente quedaría definitivamente excluido de las elecciones de 2026, lo que socavaría las esperanzas de que una amnistía pudiera volver a poner a Bolsonaro en la papeleta electoral. Esto abriría espacio para otras figuras de extrema derecha, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por ejemplo -quien, sin embargo, ha anunciado que no será candidato al tiempo que refuerza su devoción por Bolsonaro.
Este escenario podría interesar a sectores del poder judicial, dando a Tarcísio una opción más institucional y previsible para el espectro de extrema derecha. Al mismo tiempo, podría mostrar un alineamiento con el Frente Amplio, ya que esta medida fue presentada precisamente en el peor momento del tercer mandato de Lula, forzando a Bolsonaro ―que buscó agitar el sentimiento antigubernamental― a volver a una posición defensiva durante gran parte del año.
Sin embargo, existe el riesgo de un efecto colateral. La prensa se ha posicionado a favor de la condena, pero también advierte del potencial de turbulencias políticas, como señala el editorial de Estadão. El descontento con el Gobierno de Lula, unido al activismo de la extrema derecha, podría provocar movilizaciones. Los partidarios de Bolsonaro ya han convocado manifestaciones para el 16 de marzo, lo que sugiere que habrá que seguir de cerca el termómetro político.
Además, figuras como Elon Musk han apoyado a la extrema derecha mundial, y la política «trumpista» podría influir en los acontecimientos en Brasil. Este movimiento ya se ha expresado en el tono intervencionista del propio Musk en su red X, apoyando la petición de destitución de Lula en Brasil, cuyo objetivo inmediato es aumentar la presión sobre el poder judicial brasileño.
Ahora, el Trump Media & Technology Group DJT.O, del presidente estadounidense Donald Trump, ha presentado una demanda contra Alexandre de Moraes ante el Tribunal Federal de Florida, alegando que censura ilegalmente el discurso político de los derechistas en Estados Unidos. Una medida claramente destinada a presionar al Tribunal Supremo ante la próxima sentencia.
En una parte de la sociedad, la confianza en el poder judicial tiende a aumentar, especialmente entre los sectores que ven en el STF una barrera contra el regreso al poder de Bolsonaro. Sin embargo, con la popularidad de Lula cayendo en picada, la ausencia de un adversario de peso podría reconfigurar el escenario electoral de forma imprevisible.
Es importante recordar que fue el propio poder judicial el que permitió que Bolsonaro llegara al poder, y que si ahora vuelve sus cañones contra él, es para conseguir una mayor estabilidad política que permita pasar las políticas de ajuste fiscal y control de la deuda, como el Marco Fiscal, además de mantener todas las contrarreformas reaccionarias del último período (jubilatoria, laboral, etc.). También vale recordar que sacar a Bolsonaro de la carrera electoral no significa sacar a la extrema derecha, al contrario, podría abrir espacio a nuevos sectores, como Pablo Marçal, además del propio Tarcísio, como ya dijimos.
La situación sigue abierta, y los próximos meses serán decisivos para entender el desenlace de este enfrentamiento entre el poder judicial y los sectores más radicalizados de Bolsonaro. La posible dinámica de las acciones de Bolsonaro, en el contexto de la caída de la popularidad del gobierno, podría ser determinante en el desenlace, y las acciones del poder judicial ciertamente forman parte de un contexto general de los intereses de los sectores del Frente Amplio, que al mismo tiempo que presionan a Lula por más reformas y austeridad, tampoco quieren que la extrema derecha se fortalezca de forma desenfrenada.
En este sentido, es esencial que las grandes centrales sindicales dejen de observar pasivamente estos movimientos y asuman las reivindicaciones de la clase obrera, como la lucha contra la jornada laboral 6x1, y convoquen manifestaciones que puedan actuar en el sentido de una política independiente frente a la crisis de popularidad del gobierno (fruto de su política de Marco Fiscal y otros ataques) y las amenazas de la extrema derecha. Más que nunca, la clase obrera tiene que tomar la palabra con una política independiente. | 
