El pasado miércoles falleció Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los genocidas visitados por diputados del oficialismo el año pasado.
Estaba imputado por privación ilegítima de la libertad en el Juicio Mansión Seré IV, que se encuentra en proceso. El proceso judicial se había demorado debido a medidas interpuestas por su defensa.
Conocido como "El Colorado Vázquez", formó parte de la patota de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). Entre 1977 y 1978, Vázquez Sarmiento fue suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea en la RIBA. Secuestró a José Pérez Rojo y Patricia Roisimblit, embarazada de ocho meses. Fue el apropiador de Ezequiel Rochistein Tauro, quien restituyó su identidad en 2010. Por este hecho fue condenado a 15 años de prisión.
La Justicia confirmó que sustrajo y retuvo a Ezequiel, nacido en la ESMA en 1977, modificó su identidad y falsificó documentos públicos. También fue acusado de secuestrar en 1978 a Gabriel Pontnau, a Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, padres de Mariana Pérez –secuestrada durante algunas horas en el mismo operativo– y de Guillermo Pérez Roisinblit, que fue apropiado y restituyó su identidad en 2000.
Vázquez Sarmiento permaneció prófugo por casi 20 años. Fue detenido en octubre de 2021, mientras caminaba por las calles de la zona oeste del conurbano, la misma zona donde actuó en los años de la dictadura genocida.
Nunca declaró, guardó silencio hasta su último día. Lo último que hizo fue mostrar sus genitales y orinar frente a la pantalla que lo conectaba al juicio en el que, desde fines de agosto pasado, era uno de los acusados.
El largo proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue, y es, garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983. Y para el puñado de genocidas que, producto de la lucha incansable de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, lograron ser juzgados y condenados, está la Corte Suprema y sus tiempos.
La lucha contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy es vital, cuando el gobierno nacional lleva adelante un ataque contra las políticas de derechos humanos. El intento de cierre de los Sitios de la Memoria constituye una ofensiva contra las conquistas en ese terreno y luchar contra esa agenda negacionista es una necesidad imperiosa para impedir la impunidad y en defensa de las libertades y derechos democráticos. | 
