Nuevos allanamientos se realizaron en Chubut la madrugada de este sábado en relación al incendio ya controlado en inmediaciones de Atilio Viglione, que consumió más de 3300 entre el 19 de enero y el 12 de febrero. Las evidencias hablan de intencionalidad y acuerdos de negocios para un terrateniente local. Sin mapuche que acusar, el gobierno de Ignacio Torres guarda silencio hasta ahora.
Tres personas fueron identificadas en los cinco allanamientos solicitados por la fiscal Natalia Bottini de Esquel, y se les dictó la prohibición de salir del país por orden del Juez Carlos Richeri. Al contrario que en el caso de Victoria Nuñez, acusada de incendiar maquinarias en la estancia Amancay en Trevelin, y de Nicolas Heredia, brigadista voluntario detenido en Mallín Ahogado, no hubo pedido de prisión domiciliaria, ni campaña mediática para su linchamiento público, ni conferencia de prensa del gobernador acusándolos de “terroristas”, “criminales” o “delincuentes”.
En los allanamientos en las viviendas de los sospechosos identificados- dos en Rio Pico y un tercero en inmediaciones del Lago 5 a pocos kilómetros de Atilio Viglione- se secuestraron armas, municiones, acelerantes y combustible. Otros dos allanamientos se realizaron en el Establecimiento La Batea, lugar de origen del fuego. Estos allanamientos confirman que el incendio comenzó con la intención de comercializar la madera en invierno y ampliar el área ganadera con el consentimiento y en beneficio de Daniel Solis, propietario del “Establecimiento La Batea”
“¿De que terratenientes están hablando?” se preguntó Ignacio Torres en la conferencia de prensa que brindó el 9 de febrero, para inmediatamente usar a las familias 72 afectadas como excusa. No, nadie hablaba de terratenientes entre los afectados, sino de los intereses detrás de los incendios, como se demuestra en el caso de Atilio Viglione. “Vamos a decir las cosas como son”, dijo el gobernador. Pues bien, este caso, parece decir que no son así. En esa misma conferencia trató de “criminales” a quienes señaló como responsables del incendio: TODOS Mapuche. “Somos todos Argentinos”, espetó el alumno dilecto de la miliquita Patricia Bullrich.
En una nueva conferencia de prensa, realizada el mismo día de los allanamientos en diversas comunidades mapuche el día 11 de febrero, Torres incriminó públicamente a miembros del pueblo mapuche, sin que existiera una condena concluyente por pate de la Justicia, violando todo principio de presunción de inocencia. “Si no los sometemos nos van a someter”, dijo temerariamente el mandatario, que estableció una línea temporal aviesa y caprichosa que va desde el desalojo del Lof Paillako en el PN Los Alerces hasta el incendio en Rio Pico, pasando por la acusación a Héctor Quilaqueo, internado actualmente producto del esfuerzo que puso en intentar a pagar un incendio accidental en territorio de la Comunidad Nahuelpan, al que llamó “Campo Aguado”, nombre del usurpador que perdió un juicio contra la comunidad.
«Desde el principio señalamos la conexión de la RAM con estos ataques contra el campo y el bosque en la cordillera», declaró el Ministro de Gobierno de Chubut Erasmo Parodi el 14 de febrero a LU 20 hablando de seis focos en la provincia de los que responsabilizó a la RAM. Ahora, parece que al menos uno, no sería así, y se hace cada vez más difícil poder sustentar las acusaciones lanzadas por el gobernador y cohorte de funcionarios.
Mientras continúa activo el incendio en Boquete Nahuelpan en inmediaciones de Esquel, la situación de los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), que continúan la negociación en paritarias exigiendo salario acorde a las tareas realizadas al gobierno de Torres, es cada vez peor con salarios depreciados y una temporada con una exigencia inédita por la dimensión y cantidad de incendios. La negociación paritaria continuará este martes 25, aunque el gobierno no realizó ninguna oferta acorde a las nececidades de los y las trabajadoras del SPMF.
