Firmada por el compañero Alejandro Lipcovich, el PO publicó una nota polemizando con el PTS sobre la política de “juicio político” para echar a Milei (leerla acá). La dirección nacional del PTS publicó una Declaración sobre la crisis política surgida a partir de la estafa de Milei con la criptomoneda, cuyo eje central es el planteo de la necesidad de la organización y movilización decidida obrera y popular para acabar con todo el gobierno de Milei, el FMI y las grandes patronales. Allí explicamos la “mecánica” de una irrupción de las masas que, mediante la huelga general, termine con este gobierno de títeres, pero también con sus titiriteros, la gran burguesía financiera, agraria e industrial. Y, partiendo de que las mayorías populares aún confían en la fuerza y el número de su voto, el planteo de una Constituyente Libre y Soberana con plenos poderes que se contraponga a todas las maniobras “institucionales” y así desarrollar hasta el final la experiencia con la democracia burguesa y promover el surgimiento y desarrollo de las organizaciones de democracia directa de los trabajadores y el pueblo que serán la base de un nuevo poder obrero.
La Declaración del PTS ya contiene una crítica a la posición del PO (y también de Izquierda Socialista) de promover el “juicio político” para echar a Milei. Acá vamos a profundizar un poco más en lo que parece, más que un equívoco, un dislate que los lleva a cederle a la política del peronismo.
Una analogía de lo incomparable
El primer día hábil posterior a la obscena estafa de Milei, los compañeros diputados del PTS presentaron un proyecto para que se lo convoque al presidente estafador al Congreso y se le pueda hacer un interrogatorio sin ninguna traba, que sea transmitido en vivo para que toda la población pueda ver y entender todas las inconsistencias de la camarilla de delincuentes que nos gobierna.
Al respecto, en la citada nota el PO afirma que “Llama la atención (...) el rechazo del juicio político pero no de la interpelación, cuando ambos son mecanismos de la misma institución podrida y corrompida que los revolucionarios queremos destruir -el parlamento burgués”. Luego el autor agrega otra supuesta “inconsistencia” del PTS: “Para peor, en simultáneo a su rechazo al juicio político, el PTS comenzó una campaña con tuits de su principal vocera (Myriam Bregman) reclamando que se voltee el DNU 70 mediante… una sesión parlamentaria”.
El dislate consiste en intentar amalgamar una legítima táctica parlamentaria para demostrar el carácter profundamente antidemocrático de este régimen y deslegitimar a sus instituciones, con un planteo “institucional” para revocar el mandato de Javier Milei como es la promoción de un “juicio político”, en momentos en que el peronismo lo levanta como alternativa retórica para encubrir su política de desmovilización y de que varios de sus senadores hayan votado el calendario electoral buscado por Milei en ambas cámaras.
Reivindicamos el planteo de que Milei vaya al Congreso a ser interpelado. Si se pudiera lograr, algo bastante improbable sin el concurso de la movilización popular, el Milei que solo acepta “reportajes” arreglados con “periodistas” debería exponerse frente al conjunto de la población. La muy probable votación en contra para impedir esta propuesta continúa delatando el carácter de los partidos patronales que salen en socorro del estafador.
También reivindicamos y sostenemos el planteo de que Diputados convoque a una sesión especial para derogar el nefasto Decreto 70/23, que ya tiene media sanción en el Senado. El peronismo se ha negado sistemáticamente a convocarla durante un año entero (se necesitan diez firmas), porque implicaría poner en debate una conquista que el conjunto de la burguesía considera que está blindada y delataría aún más a los Pichetto, la Coalición Cívica y el radicalismo. Por eso la “propuesta” tiene implícita una dura lucha política con el peronismo que tiene como función preservar a Milei a través de los acuerdos de la CGT con el Gobierno y los diputados y senadores “colaboracionistas”.
El PO quiere demostrar que, más allá de que todo indica que no están los votos para iniciar el trámite de juicio político, es una política análoga a estas tácticas, que buscaría desenmascarar a los partidos del régimen que se niegan a avanzar en ese proceso constitucional. Pero no. Estamos hablando ni más ni menos de la “forma” que el PO plantea el derrocamiento de Milei. Levantar como política central el juicio político, cuando el peronismo lo está utilizando como maniobra distractiva para evitar ganar la calle contra el Gobierno, es poner en el dedal del régimen y sus maniobras, su Constitución, sus leyes y los reglamentos parlamentarios, lo que debería ser una lucha para acabar no sólo con Milei, sino con todo su gobierno y su nefasta obra al servicio de la gran burguesía.
PO vs PO
“La agitación por parte del peronismo y el kirchnerismo por un juicio político al presidente es un intento de desviar el reclamo y depositar nuevamente la confianza en un parlamento que le votó todas las leyes a Milei”. Increíblemente esto fue publicado por el PO hace poco menos de un mes atrás en esta nota.
Más adelante, también acá Gabriel Solano afirmaba que “desde hace meses Guillermo Moreno planteó la consigna de juicio político ante el temor de que la lucha contra Milei tome un carácter callejero que salga del control de las fuerzas políticas del régimen”.
Ahora en la polémica el compañero Lipcovich nos dice que “para el Partido Obrero, el planteamiento del juicio político es una continuidad lógica de nuestra campaña por ‘Fuera Milei’”. Pero resulta que el “Fuera Milei” es una consigna que el PO levantaba también cuando afirmaban que la política de juicio político era para desmovilizar y crear confianza en el Congreso… ¿Cómo se entiende?
Contrariamente a la lógica que esgrime el PO, el escándalo del “criptogate” hizo que el peronismo de conjunto (no ya marginalmente) levantara la política de “juicio político” para ubicarse en la oposición política frente a un gobierno golpeado con una política que solo sirve para desmovilizar, mientras que a la par le votaban la reforma electoral a Milei y en CABA a Jorge Macri. Por lo tanto el planteo del juicio político como norte a seguir es mucho más peligroso que antes del affaire cripto, más aún cuando no hay ningún sector de masas o de vanguardia que se movilice por dicha política. Esto no quita que, si se plantea en la Cámara de Diputados el emplazamiento a la reunión de la comisión respectiva, lo hagamos favorablemente o que, de iniciarse el proceso, lo utilicemos como tribuna para denunciar la estafa del gobierno y dificultar sus planes de impunidad.
De qué hablamos con el juicio político
El juicio político que levanta el PO como “política revolucionaria” es un instituto establecido en la vieja y reaccionaria Constitución de 1853 que quedó vigente con la reforma de 1994 (artículos 53, 59 y 60). Se trata de un fusible institucional para preservar al conjunto del régimen. Para avanzar se tiene que reunir la comisión político de Diputados, que no tiene presidente por decisión de La Libertad Avanza. Si ésta se reuniera, debería sacar un dictamen para avanzar, pero el Gobierno y sus actuales aliados tienen la mayoría. Si hipotéticamente saliera el dictamen 172 diputados, dos tercios, deberían votar el enjuiciamiento que quedaría en manos de… el Senado, es decir de los gobernadores. Allí también debería pasar por la respectiva comisión y para la destitución se deberían contar también con los dos tercios, es decir 48 senadores, en una sesión presidida por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Y si eso sucediera, Milei quedaría destituido y la propia Constitución plantea que debe asumir el vicepresidente… ¡la defensora de Videla Victoria Villarruel! De eso se trata el juicio político por el que aboga el PO.
Siguiendo la lógica parlamentaria del PO, y suponiendo que Villarruel renuncie, será el Congreso el que designe quién será presidente, como sucedió en diciembre y enero de 2001/02. Hasta que ello sucede, la Ley de Acefalía sostiene que debería asumir el presidente provisional del Senado, el libertario Abadala. Supongamos que también el puntano renuncie, entonces le correspondería asumir al presidente de Diputados, Martín Menem. Y si Menem también se fuera, la ley indica que asuma Rosatti, el presidente de la Corte…
Esto es solo una muestra de las distintas maniobras que podría hacer el régimen para evitar una salida impuesta por la lucha de masas y la huelga general y para enfrentarlas le oponemos la necesidad de una salida desde abajo mediante una asamblea constituyente libre y soberana.
Evidentemente los compañeros del Partido Obrero deberían revisar urgentemente esta política de seguidismo a Unión por la Patria. | 
