Declaración común de trabajadores, mujeres y jóvenes militantes de izquierda socialistas de México y Venezuela, ante la brutal ofensiva antiinmigrante de Trump, y la complicidad de los gobiernos de Sheinbaum y Maduro.
En días pasados se ha dado a conocer que distintos vuelos han llevado de vuelta migrantes venezolanos desde territorio mexicano y hondureño, como parte de su cooperación con las políticas de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Otra muestra de la subordinación de los gobiernos de estos países a los planes del imperialismo estadounidense.
El 24 de febrero, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela confirmó la llegada de 242 venezolanos en un vuelo mexicano, sin especificar si procedían de Estados Unidos o si solo habían llegado a México. Entre los deportados estaban 74 mujeres, 94 hombres y el resto menores de edad, incluyendo una joven de 16 años que viajó sola. A este vuelo se suman otros 176 migrantes que llegaron procedentes de Honduras, tras llegar desde Cuba, luego de estar retenidos en la cárcel de Guantánamo. Cabello, que muestra un espectáculo de “alegría” a la llegada de los vuelos -similar a la recepción que dan las autoridades mexicanas a las personas deportadas de esa nacionalidad- declaró que “esta misma semana” Venezuela enviará aviones a México, donde “hay alrededor de 500 personas que están listas para regresar”. Ni el gobierno de Maduro ni el de Sheinbaum han precisado si se trata de deportados de Estados Unidos y recibidos por México, en un esquema de repatriación semejante al de Honduras, o si estaban en México y han sido devueltos tras el “cierre” de la frontera con Estados Unidos y el fin de la aplicación “CBP One” por parte de Trump.
Las y los venezolanos en México son la cuarta parte de la migración irregular, según datos oficiales, México detectó 266.846 migrantes irregulares de Venezuela de enero a agosto de 2024, 28,85% del total de 925.085 de todas las nacionalidades ese año, significando un aumento del 142,76% frente a los primeros ocho meses de 2023, según la Unidad de Política Migratoria.
El gobierno mexicano está profundizando el rol exigido por Estados Unidos de hacer de “tapón” contra la migración hacia ese país
López Obrador presentó en Centroamérica con bombo y platillo sus programas sociales, en particular “Sembrando vida”, como vía para generar empleos y frenar las “causas estructurales de la migración”, buscando jugar el rol de garante de los intereses imperialistas en la región, promoviendo una política basada en la precarización laboral y el respeto a las ganancias de los grandes empresarios. En marzo del año pasado, el gobierno mexicano llegó a un acuerdo con el gobierno de Maduro para deportar migrantes venezolanos, comprometiéndose supuestamente a facilitar un subsidio de 110 dólares mensuales durante medio año, una vez estuviesen de vuelta en Venezuela. Salía más económico que atender en el país el tránsito migratorio, declaró la entonces canciller Alicia Bárcena, atención que incluye dispositivos represivos como las detenciones y el despliegue de la Guardia Nacional. Así, el primer gobierno de la 4T superó las deportaciones alcanzadas bajo los gobiernos derechistas del PRI y del PAN, con un 230% más deportaciones que bajo la administración de Peña Nieto y 434% más que la de Felipe Calderón.
Más recientemente, Sheinbaum afirmó que su gobierno “coordina y coopera” con el gobierno de Trump -en la contención y represión de los migrantes, le faltó decir–, pero “respetando los derechos humanos”. Esta política incluye el despliegue de decenas de miles de efectivos militares en la frontera norte, para complacer las exigencias de Trump y evitar así que este impusiera altos aranceles a las mercancías procedentes de México, así como el confinamiento y expulsión de migrantes del territorio mexicano. Por si fuera poco, no hay certeza en las cifras oficiales sobre el número de deportaciones.
Tras la cancelación del “CBP One”, la posibilidad de tramitar el pase legal hacia Estados Unidos y la redoblada militarización de las fronteras, miles de venezolanos y venezolanas quedaron varados en México, a la intemperie, en plazas públicas o en centros migratorios en pésimas condiciones, como el que se incendió y costó la vida de 26 migrantes en 2023, en la fronteriza Ciudad Juárez al norte de México, bajo la mirada cómplice de guardias migratorios que no auxiliaron a los detenidos. Actualmente, el gobierno mexicano aplica medidas como enviar a migrantes en buses custodiados por efectivos policiales, que no permiten a las personas bajarse ni para sus necesidades y las deja a su suerte en poblaciones fronterizas con Guatemala, con prohibición legal de ingresar de nuevo a la capital mexicana. Todo esto es parte de la política “respetuosa de los DDHH”. Encima, las y los migrantes tienen que sortear secuestros y extorsiones a manos de elementos de la policía, el ejército y el crimen organizado, que nutre redes de trata con miles de personas que atraviesan el principal corredor migratorio del planeta.
El gobierno de Maduro y el cinismo de la “vuelta a la Patria”
Si el gobierno mexicano profundiza su rol de guardián auxiliar de Estados Unidos contra las olas migratorias, a cambio de mantener sus acuerdos y de evitar aranceles -sin éxito-, el de Maduro y las FF.AA. venezolanas pactan buscando mejores condiciones para su permanencia en el poder, como un alivio de las sanciones imperialistas y algún posible reconocimiento de hecho de su gobierno, tras el escandaloso fraude en las elecciones de julio de 2024.
Así quedan las y los migrantes entre los intereses reaccionarios del imperialismo y del gobierno venezolano. El gobierno de Maduro es responsable principal, junto a los imperialismos de Estados Unidos y Europa, por la inédita migración venezolana, pues sus drásticas políticas de ajuste capitalista desde 2014, su desconocimiento de los derechos de la clase trabajadora y la represión a las luchas sindicales, están detrás de la enorme extensión de la miseria y la pobreza del país. Tal como son también causa las criminales “sanciones” (medidas de coerción imperialistas) impuestas por Estados Unidos, que profundizaron la crisis y promovieron el colapso de la economía, para lograr sus propios objetivos políticos de cambio de régimen.
Así, el gobierno imperialista y la casta cívico-militar-policial gobernante coordinan para la deportación forzada de decenas de miles que huyeron de la miseria y el colapso causados, precisamente, por las políticas de ambos. Con cinismo, el gobierno venezolano le pone el rótulo de “Vuelta a la patria” y se toma la foto sonriente, cuando son personas deportadas, criminalizadas y forzadas a una realidad de la que habían huido.
No sale mejor parada la oposición venezolana subordinada a Estados Unidos, pues María Corina Machado no cesa de repetir el discurso estigmatizante y criminalizador de Trump, de tratar a los migrantes como “delincuentes” y miembros del “Tren de Aragua”, y Edmundo González pidió que Estados Unidos no negociará las deportaciones con Maduro, sino que enviarán a los venezolanos a “un tercer país” cualquiera. Todos canallas contra el pueblo que ha sido obligado a migrar por las políticas del gobierno venezolano y por las sanciones imperialistas que esa misma oposición azuzó.
El “progresismo” ante la ofensiva racista e imperialista…se hinca frente a Trump
Es repudiable la ofensiva xenófoba de la administración Trump contra los migrantes: la criminalización y persecución en escuelas, trabajos e iglesias. Parte de su política ultraderechista para satisfacer el odio que azuzó durante su campaña electoral. Es escandaloso que gobiernos autodefinidos “progresistas”, como el de Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro, colaboren a las deportaciones con recursos, logística y apoyo al plan imperialista, profundizando la militarización del país y las fronteras como exige la agenda de EE.UU. de seguridad nacional.
La administración Trump ha llegado a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como escalas o destinos de migrantes expulsados de Estados Unidos, como también ha negociado acuerdos con Venezuela las deportaciones forzadas. Los gobiernos “progresistas” y el de Maduro –un gobierno capitalista reaccionario, que ha derivado en régimen dictatorial cívico-militar-policial, que tiene la desfachatez de llamarse “obrerista” y “socialista”–, figuran junto a los gobiernos de la derecha regional, entre los colaboracionistas de la ofensiva imperialista. Por supuesto, en la ecuación actúa el agresivo chantaje imperialista de Trump, pero ¿cómo es posible que la política “progresista” en materia de migraciones sea prácticamente la misma que la de los gobiernos abiertamente de derecha y proimperialistas?
Si Sheinbaum, Castro y demás “progresistas” fueran mínimamente coherentes con algunos postulados que proclaman, denunciarían que las olas migratorias tienen su origen en décadas de expoliación imperialista en la región, en múltiples dramas sociales producto de la subordinación de las economías y las clases dominantes locales a las necesidades del capitalismo mundial, también a las sanciones imperialistas –en el caso de Venezuela–. Denunciar esto y rechazar la ofensiva reaccionaria, exigiendo al imperialismo gringo respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y políticos de las y los migrantes. Lejos de esto, todos colaboran y “coordinan”.
Contra la subordinación al imperialismo
Ante este avance a la subordinación de los reaccionarios planes de Trump, creemos que es más importante que nunca combatir el intento trumpista de que los pueblos de América Latina nos veamos como enemigos. Sólo el año pasado, más de 266 mil migrantes venezolanos entraron de manera irregular a México.
El servilismo de los gobiernos latinoamericanos, incluso con discursos soberanistas, acepta la criminalización y la xenofobia del imperialismo estadounidense, desplegadas para precarizar las condiciones de vida y de trabajo de las y los migrantes al norte del Río Bravo. Política criminal y cínica del magnate imperialista, pues es de público conocimiento que en sus propias empresas cuenta con trabajadoras y trabajadores migrantes, como Mar-a-Lago, el campo de golf Bedminster, el de Palm Beach y su bodega en Virginia.
Como parte del chantaje imperialista, Trump anunció que revocaría unas importantes excepciones aprobadas por Biden, a las sanciones impuestas a la actividad petrolera en Venezuela, su argumento es que el gobierno venezolano no estaría trasladando venezolanos deportados con la rapidez acordada –que solo entre ellos saben cuál habrá sido–. La primera respuesta del gobierno de Maduro ha sido esquiva, dejando abierta una puerta de negociación, pues es muy probable que el anuncio sea parte de las virulentas presiones de Trump para obtener más de lo conseguido hasta ahora.
Por un movimiento contra las deportaciones y en solidaridad con las y los migrantes
Mientras tanto, la estancia en México de migrantes provenientes de Venezuela que no llegaron a cruzar la frontera antes de que Trump asumiera el gobierno, es muy difícil. Luego de atravesar los innumerables peligros del camino y en especial el terrible paso por la selva del Darién, donde muchas personas pierden la vida, quienes llegaron y llegan a territorio mexicano enfrentan la hostilidad del ejército, la Guardia Nacional -creada durante el gobierno de López Obrador-, los agentes del Instituto Nacional de Migración de México y los ataques del llamado crimen organizado.
Las personas migrantes que logran un trabajo en su paso por México son contratadas en condiciones de precariedad e inestabilidad extrema, con salarios más bajos que los de trabajadores mexicanos. Mientras que las mujeres y personas trans en particular están expuestas a las redes de trata -que operan solapadas por las autoridades- y todo tipo de violencia y abusos, feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio, como el caso de las jóvenes Stephanie de 21 años y Susej de 20, en 2024.
Denunciamos las políticas antiinmigrantes del imperialismo estadounidense, aplicadas por el gobierno mexicano, así como los acuerdos secretos entre Maduro y Trump, donde las personas migrantes son moneda de cambio para el gobierno venezolano y el estadounidense. Que en México el presupuesto asignado para la militarización, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración se destinen a salud, educación, vivienda y trabajo digno para la clase trabajadora y los sectores populares que residen en el país, sean mexicanas o extranjeras.
Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que repudiamos la marea xenófoba iniciada por el gobierno de Estados Unidos y respaldada por acción u omisión de los gobiernos de América Latina, debemos desplegar un amplio movimiento de solidaridad en las calles para frenar esta terrible situación, que pone en riesgo a millones de migrantes en Estados Unidos y México. Los grandes sindicatos democráticos y opositores, como el de maestros que hoy se encuentra en una jornada de lucha por las jubilaciones y trabajo digno en México, deben poner todos sus recursos para ayudar a la población migrante, encabezando ollas populares, abriendo sus locales para levantar albergues y coordinando con trabajadores de la salud la atención integral para todo migrante que lo necesite.
Rechazamos toda sanción y agresión imperialista contra las economías de nuestros países, exigimos que cesen las sanciones y confiscaciones contra la economía de Venezuela, el cese del embargo contra Cuba. Rechazamos todas las políticas de los gobiernos de México y Venezuela que garantizan las ganancias y riquezas de las transnacionales y capitalistas locales, en desmedro de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Sostenemos el derecho al libre tránsito por todos los países de la región para las personas migrantes, así como plenos derechos laborales, sociales, sindicales y políticos. Ningún ser humano es ilegal y cada persona debe tener el derecho a elegir dónde vivir. ¡La clase obrera es una y sin fronteras!
Es fundamental luchar contra la militarización de las fronteras, por plenos derechos democráticos y sociales -regulación de su situación migratoria, permisos para trabajar, de residencia y de estudio- para las y los migrantes y contra toda criminalización. Por la abolición de las agencias migratorias, como el ICE de Estados Unidos (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el Instituto Nacional de Migración en México, cuya principal función es aterrorizar a las personas que dejan sus países de origen en busca de una vida mejor y dejarlas en situación de mayor vulnerabilidad para que luego las empresas las puedan explotar cada vez más. Esta pelea debe ir de la mano de luchar contra la violencia hacia las mujeres, las personas trans y en especial contra las migrantes.
Sólo la unidad de las y los trabajadores de la región, de la mano de los sectores populares, con la movilización revolucionaria, puede hacer frente y conquistar todos los derechos para las personas migrantes, en perspectiva de pelear por imponer un gobierno de trabajadores en la región, que cambie radicalmente la integración económica de la región, que termine con la explotación, el saqueo y desarrolle la cooperación mutua de toda la clase obrera y los sectores populares de la región.
