Durante tres semanas, los nueve comuneros de la comunidad Indio Colalao permanecieron en el banco de los acusados, escuchando con calma y atención los hechos por los que se los juzga. La causa judicial está relacionada con los hechos ocurridos el 17 de junio del 2012 y el 6 de julio del 2012. Durante ese periodo la comunidad de Base Riarte llevó a cabo una protesta que consistió en la “Toma del portón” de paso, lo que finalmente resultó en la emisión de una orden judicial de desalojo.
Toledo Jose Benito, Mercado Alberto Dionisio, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, Juan Carlos Toledo, Ciro Fernando Lopez, Maria Lilia Delgado, Felipe Santiago Cruz y Carlos Fabian Lopez han testificado en casi todas sus declaraciones que los sucesos se dieron en el marco de una protesta por el hostigamiento de los terratenientes.
La fiscal Estela Velia Giffoniello, atenta a esto, intenta mostrar que la organización previa de la comunidad Indio Colalao para defender su integridad, sus derechos territoriales y responder a los ataques a los que eran constantemente sometidos no es más que una conspiración para cometer los delitos de los que se les acusa: tentativa de homicidio, usurpación y robo agravado.
En el expediente de la causa se encuentran dos actas de presentación de denuncias realizadas por Jose Benito Toledo (ex cacique de la Comunidad Indio Colalao) con dos años de anterioridad a los hechos por los que se les juzga.
Una fue realizada en la comisaría de San Pedro de Colalao a las 23:30, fecha 15/10/2010 donde cuenta cómo el personal al que vió con el demandante Freddy Moreno Nuñez Vela fue luego a su domicilio con un animal de gran porte para amedrentarlo. Indica además que al salir de su domicilio para hacer la denuncia, el personal de Nuñez Vela lo persigue en una camioneta 4x4 la cual queda estacionada en el portón de paso. La segunda fue realizada en la localidad de Trancas con fecha 3/12/2010 a las 16:40hs, también por hechos de hostigamiento por personal de Moreno Nuñez Vela a quien hace responsable por su integridad.
Alegatos manipulados: la fiscal que intenta deslegitimar la lucha de la comunidad Indio Colalao
Mientras la fiscalía terminaba su alegato usando palabras similares a las que usó el gobernador Osvaldo Jaldo días atrás relacionado a la usurpación de territorios, afuera del edificio distintas comunidades indígenas y algunas nucleadas en la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita junto a la solidaridad de estudiantes, organizaciones políticas y sociales se manifestaban en contra de esta avanzada de los terratenientes sobre territorios que les pertenecen a las comunidades originarias.
En su discurso de casi dos horas, la fiscal Giffoniello dedicó varios minutos y reiteradas intervenciones para poner en duda la pertenencia de los imputados a la Comunidad Indio Colalao y a su vínculo con el territorio. Insistió en cuestionar la respuesta de la comunidad frente a los hostigamientos, planteando dudas sobre el hecho de que varios comuneros no residen actualmente en Base Riarte, que algunos trabajan en otras localidades, y poniendo en tela de juicio su pertenencia ancestral, alegando que, según ella, “nunca lograron acreditar”. Al finalizar, solicitó una condena de seis años de prisión para los nueve comuneros. Esta línea de interrogatorio no es una novedad para causas de este tipo y está orientada a tergiversar la naturaleza y las motivaciones de los acusados, buscando deslegitimar sus derechos.
La querella se refirió directamente a los nueve miembros de la comunidad Indio Colalao como “delincuentes”. Solicitaron la prisión preventiva y pidieron una condena de 10 años de prisión para Pastrana, López, Delgado y Toledo, mientras que para los demás acusados, pidieron una pena de 6 años de prisión.
Por su parte la defensa también presentó un extenso alegato, al tratarse de nueve imputados, donde indicó las falencias durante la etapa de investigación, la cuales fueron llevadas adelante por el fiscal Guillermo Herrera, quién de acuerdo a las declaraciones del abogado a nuestro medio, mantenía relaciones estrechas con los empresarios del campo.
Lo mismo informó el cacique de la comunidad Pedro Chávez al indicar a los medios que este es un juicio está marcado por una relación desigual entre los terratenientes y la comunidad ya que los jueces que presiden la causa Guillermo Puig, Patricia Prado y Stella Maris Arce mantienen vínculos muy fuertes con los empresarios.
La defensa, además, argumentó que sus representados mantenían vínculos estrechos con los residentes de Base Riarte, y presentaron diversas pruebas durante la investigación, como certificados de finalización de estudios primarios y fotocopias de DNI que acreditaban su domicilio en el territorio en disputa. Asimismo, destacó que en el mismo boleto de compraventa se mencionaba que, al adquirir la propiedad a la familia Prat Gay, ya había familias viviendo en el terreno. El abogado concluyó su intervención solicitando la absolución para los nueve acusados.
La lucha por los territorios ancestrales
En 2017, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través del programa nacional de relevamiento territorial de comunidades indígenas habilitadas por la ya derogada Ley 26.160, realizó trabajos de campo entre agosto y octubre de ese año. Este proceso culminó en diciembre de 2020 con la entrega de una carpeta técnica de relevamiento territorial a la Comunidad Indio Colalao, en la cual se reconoce su ocupación actual, tradicional y pública del territorio relevado.
Actualmente, la Comunidad Diaguita denuncia que el gobierno nacional de Javier Milei reconoce la existencia de más de 250 conflictos territoriales, los cuales quedan desprotegidos tras la derogación de la Ley 26.160, dejando a las comunidades indígenas vulnerables ante posibles despojos y sin garantías para la protección de sus territorios.
La comunidad Indio Colalao ha recibido importante apoyo de personalidades de la intelectualidad, de estudiantes y están convocando para este jueves 6 de marzo a las 9 a manifestarse en las escalinatas de Tribunales contra esta avanzada patronal que pretende culpabilizar a las comunidades y despojarlos de sus territorios para el avance de los agronegocios.
El gobierno de Javier Milei junto a los gobernadores colaboracionistas como el del peronista Osvaldo Jaldo en Tucumán se han propuesto profundizar las políticas extractivistas de la mano del RIGI fomentando el saqueo de los bienes comunes naturales y con ello el despojo a las comunidades originarias de sus territorios ancestrales. El objetivo de todas estas políticas es obtener divisas para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional garantizando el saqueo a los territorios.
Es crucial tanto la solidaridad como el acompañamiento en esta causa, ya que, de ejecutarse alguna pena, este hecho marcaría un caso testigo a nivel nacional que sentaría un grave precedente para la lucha de los pueblos originarios por la defensa de sus territorios, afectando a futuras reclamaciones y procesos de protección de sus territorios. | 
