Fotografía : EFE
La discoteca, ubicada en Bucarest, se llamaba Colectiv, una reminiscencia del pasado. Estaba en un sótano. El viernes 30 de octubre, durante un concierto de heavy rock, inició un espectáculo pirotécnico. Saltó una chispa y prendió la decoración de espuma. Hubo una estampida. Resultado: 32 muertos y 130 heridos graves. Eran jóvenes.
No había salida de emergencia, el local no estaba preparado para ese tipo de eventos. Quedaron en evidencia irregularidades de todo tipo: materiales de construcción inadecuados, espacio no apto para conciertos muy concurridos, uso de materiales inflamables en la decoración, ausencia de salida de emergencia.
El País recoge el testimonio de uno de los sobrevivientes: “Lucian Iancu, alto, sudadera con capucha negra, se aferra a uno que clama: ‘La corrupción mata’. Tiene 16 años y estuvo allí esa noche. En el local, que hoy se ha descubierto plagado de irregularidades, murió uno de sus mejores amigos. Habían ido juntos a escuchar un concierto de rock. ‘Los accidentes ocurren, pero esto va más allá. Cómo, si no es pagando sobornos, pudo el club saltarse tantos controles, se pregunta.”
La corrupción: causa de la tragedia
El incendio de Colectiv recuerda la tragedia de República de Cromañón en Buenos Aires, Argentina, en 2004, en el que fallecieron al menos 194 personas. Y los sobrevivientes quedaron con graves secuelas físicas y psicológicas. Hubo al menos tres suicidios de jóvenes que no pudieron superar el trauma. En ese caso, producto de las movilizaciones y la indignación que se expresó en las calles, fue sometido a juicio político el jefe de gobierno de la capital argentina, y hubo algunos detenidos, como el empresario dueño del local y miembros de la banda que tocó la noche de la tragedia.
También trae a la memoria la tragedia en el New’s Divine, en la ciudad de México, acaecida en 2008. En esa ocasión la policía del Distrito Federal realizó un operativo para registrar si se vendían alcohol y drogas a menores de edad, por orden de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entraron con armas largas y golpeando a los jóvenes que estaban en el establecimiento. Y lo peor: cerraron la puerta de salida. Se produjo una estampida, cuyo saldo fue de 12 muertos, entre ellos 9 jóvenes. Otra vez las instalaciones no eran adecuadas para una discoteca y no tenía salidas de emergencia. Los funcionarios de gobierno que habían autorizado el funcionamiento del establecimiento y más tarde el operativo, los principales responsables políticos del hecho, quedaron impunes.
Ahora, en Bucarest se puso de manifiesto la colusión entre los funcionarios de turno y los empresarios del espectáculo, que a cambio de favores y mordidas lucran con la vida de los jóvenes y los trabajadores de estos centros nocturnos.
En Rumania, como en tantos otros países, la corrupción es un secreto a voces. Si bien la fiscalía abrió una investigación penal e imputó a los tres propietarios de Colectiv, está a la defensiva ante las denuncias de corrupción.
Vidas truncadas una vez más por la voracidad capitalista. Un Estado y sus instituciones, hechos a la medida de proteger y hacer prosperar al empresariado nacional y extranjero. No cualquier Estado: sino uno donde hubo un proceso de restauración capitalista del que fueron parte algunos funcionarios del régimen de Ceausescu como Ion Ilescu.
Un proceso cuyas consecuencias se han hecho sentir: precarización del trabajo, desempleo, migración a otros países europeos, aplicación de planes neoliberales, crisis económicas internacionales, en particular la del 2008, que ha hecho estragos y al mismo tiempo puso en movimiento el descontento contra el gobierno de Traian Băsescu.
La indignación a las calles
El martes 3 de noviembre, decenas de miles de personas protestaron en las calles de Bucarest, capital rumana, por la noche. Exigieron la renuncia de Ponta, del ministro de Interior, Gabriel Oprea, y del alcalde del barrio donde estaba la discoteca. El incendio de Colectiv fue la gota que rebasó el vaso: era mucho el descontento previo contra el gobierno.
Al día siguiente, 4 de noviembre, el cuestionado ex primer ministro Víctor Ponta, del partido socialdemócrata, presentó su dimisión y también la de todo su gabinete. Este funcionario está siendo juzgado por lavado de dinero, evasión fiscal y presentación de documentos falsos, todo previo a la tragedia de Colectiv.
El gobierno del conservador Klaus Iohannis, electo hace apenas un año, nombró como primer ministro provisional al hasta ahora titular de la cartera de Educación, Sorin Campeanu. Posteriormente se nombrará un nuevo primer ministro, que debe ser ratificado por el parlamento.
Dice que quiere escuchar las inquietudes de la gente, ¿le bastará la demagogia para tapar el sol con un dedo?
No se termina con la alianza reaccionaria entre los funcionarios de gobierno y los empresarios sólo con la renuncia de Ponta, cambiando un par de alfiles de lugar, nombrando nuevos funcionarios y ya. La corrupción es intrínseca al capitalismo: los funcionarios gobiernan para los empresarios a cambio de generosas dádivas para incrementar sus fortunas personales. Planes económicos y leyes se diseñan a medida para favorecer el enriquecimiento de los empresarios, fundado en una vida de privaciones y miseria para el pueblo trabajador.
El régimen rumano es el que está podrido, que gobierna para garantizar la máxima ganancia a los capitalistas. Sólo la movilización en las calles y la participación de la clase trabajadora organizada, con sus métodos de lucha como el paro y la huelga, puede imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana que ponga a debate los grandes problemas del país y proponga salidas a favor de los trabajadores y el pueblo. | 
