Fotografía: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Este jueves 26 de noviembre, la ministra de Justicia Virginia Velasco, en representación del gobierno presentó el Proyecto de Ley de Identidad de Género que consta de 13 artículos entre los cuáles se busca establecer el procedimiento para el cambio de nombre y sexo para las personas transexuales y transgénero mayores de edad. La ministra anunciaba “Las hermanas y hermanos que quieran cambiarse de sexo, con el Ministerio de Justicia, mediante Resolución Administrativa pueden cambiar sus datos en el Sereci (Servicio Nacional de Registro Civil) y esto va a ayudar a que de ellos pueda ser reconocida su identidad".
Esta noticia fue recibida con mucha expectativa por la comunidad trans y el colectivo GLTB del país, quiénes a través de algunos de sus representantes indicaban que con esta norma puedan disminuir los casos de discriminación . La violencia de género que alimenta esta discriminación se expresa en las dificultades que tienen los ciudadanos trans en el acceso a empleo, condenándolos a la prostitución, las dificultades para recibir atención médica, y la saña a la que cotidianamente se enfrentan por parte de la violencia policial y machista.
Esta medida que avanza en el reconocimiento del derecho a la identidad de género, sin embargo, contrasta con la negativa gubernamental de avanzar decididamente en medidas que permitan garantizar sustancialmente los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales; continúan siendo rechazadas cualquier posibilidad para normar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo o el derecho al aborto libre seguro y gratuito para millones de mujeres. | 
