La tarde del pasado 5 de noviembre ocurrió, lo que el poblado de Bento Rodrigues y decenas de poblados más habían temido siempre: el colapso de una represa, que contenía residuos de una mina de hierro, provocó el derrame de 62 millones de metros cúbicos de lodo y material contaminante que arrasaron con dicho poblado, anegó a otros seis y a una gran extensión de tierras en el estado de Minas Gerais, centro minero de importancia global situado al sureste de Brasil.

Las consecuencias sociales

Este hecho sin precedentes, llevó al desalojo de más de 300 familias. En un principio se reportaron 17 muertos y decenas de desaparecidos, entre ellos 13 mineros que fueron arrastrados por los residuos minerales.

La contaminación del Río Doce provocó que varios municipios que se abastecían con sus aguas suspendieran el suministro, hecho que aún no se reestablece y ha generado graves problemas sanitarios y ambientales en las ciudades ubicadas hasta 300 kilómetros río abajo.

Especialistas y campesinos están preocupados por el efecto de los residuos sobre el suelo que podrían hacerlo infértil. Así mismo, los pescadores del río han visto desaparecer su única fuente de ingresos y los pescadores de mar, en la desembocadura en la ciudad de Linhares estado de Espíritu Santo, temen el colapso de las pesquerías y granjas acuícolas.

Son los trabajadores y sus familias, las víctimas mortales y los afectados por los desalojos y la privación de su fuente de trabajo. Son ellos quienes continuarán sufriendo las consecuencias del colapso de la presa y la brutal contaminación causada.

Las consecuencias ambientales

El Río Doce ahora “es un río muerto”, así lo expresan biólogos y ambientalistas. Con miles de peces muertos, la turbidez en sus aguas y la disolución de toneladas de metales tóxicos en su cauce, que se elevó más de un metro.

Tres semanas después del derrame los desechos desembocaron en el mar, en Linhares, poniendo en grave riesgo la gran diversidad marina que caracteriza a esa zona. Especialistas han expresado que su recuperación llevará hasta 30 años, con la pérdida de poblaciones y la posible extinción de especies nativas.

El discurso de los responsables

El hecho sucedió en uno de los depósitos operados por la minera Samarco, propiedad conjunta de dos de las tres mayores mineras del mundo, la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton.

Samarco -que factura anualmente alrededor de 750 millones de dólares- definió pagar 262 millones para cubrir los costos de limpieza y la compensación a los afectados. Sin embargo, dicha cantidad es nada comparado con el daño que ha hecho al ambiente y a las poblaciones desde que inició sus operaciones y más aun con este hecho.

Por su parte, la presidenta Rousseff habla de hacer responsables a las mineras por lo ocurrido mientras utiliza un fondo de los trabajadores, el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FTGS), para cubrir los costos de la tragedia. A su vez el gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, durante su mandato ha protegido a las mineras con la agilización de permisos ambientales.

Aunque el gobierno se muestre consternado por lo ocurrido ha sido pieza fundamental para que las mineras como Samarco, Vale y BHP Billinton operen obteniendo el máximo de ganancias a costa de la explotación humana y de recursos naturales con nulos programas de mitigación de impacto ambiental y social. Queda claro que su único motor es seguir enriqueciéndose.

¿Qué esperar?

Ambientalistas, especialistas y sectores populares exigen regulaciones más estrictas a la minera y han denunciado que la empresa no les ha dado respuestas sobre cuánto tiempo estarán fuera de sus casas o qué reparaciones les darán. De las mineras y sus gobiernos la inmensa población afectada no va obtener mejoras.

Para Latinoamérica, ser los proveedores de materias primas del mundo subordinados al capital nacional y extranjero, sólo depara explotación humana y de recursos naturales, pobreza y devastación, aunado a la imposibilidad de los trabajadores, campesinos, mujeres, juventud y demás sectores oprimidos a tener una vida digna en un ambiente saludable.

Por ello deben ser estos mismos sectores, con la organización y la movilización en las calles, quienes demanden la investigación independiente de las empresas mineras y de los funcionarios responsables de este desastre, así como confiscar las ganancias de Samarco para que se invierta en la atención de la población y la región devastada.

Solo el control de las minas y los sectores claves de la economía, en manos de sus trabajadores y, administrando las ganancias junto a la población para invertir en salud, educación y demás necesidades sociales, acompañada de programas responsables para el cuidado ambiental puede garantizar poner estos sectores al servicio del pueblo trabajador.