Tras 9 meses de investigación se dio a conocer el informe de la comisión parlamentaria, la cual tenía encargada levantar información sobre el problema ambiental de la ciudad, cosa que se llevó a cabo resolviendo diversas medidas para paliar esta crisis, pero cuyo punto de discordia giró en torno a las responsabilidades particulares del problema ambiental.
Entre las 31 medidas adoptadas están la solicitud a la Presidenta la dictación de una Ley de Polimetales para todo el país, que los Secretarios Regionales Ministeriales fortalezcan materias de protección, prevención y detección de riesgos a la salud de las personas, poner en conocimiento público la información que sobre el tema manejen los Ministerios de Salud y de Medioambiente e instalar un Tribunal Ambiental en Antofagasta, entre otras medidas de fortalecimiento institucional.
Respecto a las grandes empresas y su responsabilidad ambiental solo se determinó el inicio de un estudio de responsabilidad penal de empresas en materia ambiental.
La gran polémica se centró en la ausencia de responsabilidades individuales de la situación en la ciudad, sobre esto la comisión no tuvo acuerdo, pero durante el debate se apuntó a los ministros de Transporte, Salud y Medioambiente (Andrés Gómez-Lobo, Carmen Castillo y Pablo Badenier), como así también la exdirectora de la CONAMA (Ana Lya Uriarte) el Intendente Volta, los exintendentes Pablo Toloza, Álvaro Fernandez y Cristian Rodríguez y de responsabilidades “administrativas” de Karen Rojo (por no cumplir plazos de cierre por el basural de La Chimba). Pero finalmente estos no fueron acordados, quedando la responsabilidad genérica del Estado por 4 votos a favor, 5 abstenciones y 2 contra el informe.
A favor: Paulina Nuñez (RN), Camila Vallejo (PC), Leopoldo Pérez (RN) y Karla Rubilar (Independiente de Derecha)
En contra Marcos Espinoza (PRSD), Marcelo Chávez (DC)
Abstenciones de Sergio Gahona (UDI), Daniel Melo (PS), Issa Korto (UDI), Lemus (PS) y Marcela Hernando (PRSD)
Reacciones de figuras políticas locales
Jaime Araya, concejal y miembro de #Estepolvotemata, por su parte reconoció que el informe le producía frustración y que su resultado pone en tela de juicio el trabajo de las comisiones investigadoras acusando que se “Merecía un trabajo más riguroso de los parlamentarios, porque no hay propuestas concretas y todo lo dicho es obvio y conocido. Fue un gasto de tiempo y recursos”.
Ricardo Diaz (#Estepolvotemata) declaró que “Me decepcionado, esto duele, en especial los miembros del Partido Radical. Aquí hay un intento de disipar responsabilidades y las responsabilidades quedaron en el aire”. “Es una tristeza tremenda, pensamos que conformaron la comisión pensando en la comunidad y en esclarecer responsabilidades, pero no. Este fue un show mediático y político, para evitar culpabilidades”.
Marcela Hernando negó que su abstención fue en defensa del gobierno. “No tengo miedo, siento que tengo una argumentación sólida. Cuando uno anda buscando solamente el voto, probablemente quiera darle en el gusto a la gente, vota de acuerdo a como grita más el público. Yo vine aquí a hacer una tarea seria y tan seria que me he preocupado de argumentar y que miren, es osa de ver a quienes yo proponía acusar y por qué cosas. No estoy haciendo una defensa del gobierno”.
Está mal pelado el chancho
Este informe abrió un cuestionamiento a los parlamentarios que votaron en contra del informe o se abstuvieron pues implicaba no determinar ningún responsable claro, pero no era para menos pensando que ambas coaliciones políticas (Chile Vamos y Nueva Mayoría) compartían responsabilidades (la misma Hernando inclusive) dejando una sensación de que la labor parlamentaria quedó en nada.
No es raro que un simple informe ambiental muestre como una casta de parlamentarios millonarios defina livianamente sobre la calidad de vida de los miles de trabajadores, pobladores, mujeres y estudiantes que deben soportar al habitar en una ciudad que es un centro minero para el país, y un informe que no toca ningún interés de los empresarios. No podemos esperar que esta casta de políticos financiados por PENTA o SQM apunten desde el parlamento contra quienes les dan de comer, las grandes empresas son las responsables de la contaminación y los políticos que hicieron vista gorda son sus cómplices.
¿Puede ser de otra manera? La minería es el corazón de Antofagasta y los trabajadores son su sangre, pero en manos de la voracidad empresarial (como la de los Luksic, dueños del odioso Galpón de concentrado de cobre) solo puede estar al servicio de las ganancias patronales. Es necesaria una minería enfocada a los intereses de los trabajadores y la población, cosa que solo se puede realizar con la minería en manos del Estado pero gestionada por sus trabajadores, solo esto podrá asegurar que “no haya polvo que nos mate”. | 
