Los diputados aprobaron durante la tarde del pasado miércoles (24) el proyecto de ley que tipifica el crimen de terrorismo en Brasil. La ley ahora debe ser sancionada por la presidenta Dilma Rousseff.
El debate sobre la necesidad de aprobación de una ley reaccionaria como ésta surgió con fuerza a partir de los acontecimientos de junio de 2013, claramente como una medida de represión a los movimientos sociales. En vísperas de la Copa Mundial, así como ahora frente a las Olimpíadas, aumentan las presiones imperialistas por medidas represivas de este tipo para que Brasil "compruebe" que está "listo" para acoger eventos de este tipo.
Aunque el gobierno es incapaz de combatir la microcefalia, de garantizar el "legado" que dejarían al país estos eventos, como la promesa de un mejor sistema de "transporte público", ahora quiere mostrar su "eficiencia" aprobando esta reaccionaria "ley antiterrorista" arrodillándose una vez más, vergonzosamente, frente al imperialismo que, incluso directamente a través de organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo), exigió a Brasil una ley como ésta para no aumentar el "riesgo Brasil".
Se trata más de un gesto. Simbólicamente el mismo día de la votación en el Senado de la entrega del Pré-sal, el gobierno de Dilma está decidido a responder a las presiones de la derecha reaccionaria girando cada vez más a la derecha e incluso enfrentándose con su propia base.
En un país donde el terrorismo ni siquiera está presente, una ley de este tipo no tendrá otro papel que utilizarse contra los movimientos sociales. Si bien el texto que caracterizaba a los movimientos sociales como terroristas fue retirada en la nueva formulación (que muestra que la correlación de fuerzas en general no es reaccionaria, como algunos sectores sostienen para justificar su política de apoyo al gobierno como "mal menor"), sí se profundiza el andamiaje legal que permite criminalizar a los movimientos sociales.
Qué es considerado por la ley como terrorismo
Por el texto aprobado en la Cámara y que irá a sanción, son actos de terrorismo: usar o amenazar usar, transportar, guardar, portar o traer encima explosivos, gases tóxicos, venenos biológicos, químicos, nucleares u otros medios capaces de causar daños o promover la destrucción en masa.
También son considerados terrorismo actos de incendiar, depredar, saquear, destruir o explotar medios de transporte o cualquier bien público o privado; interferir, sabotear o damnificar sistemas informáticos o bancos de datos y atentar contra la vida o la integridad física de una persona.
El texto también establece que será considerado como terrorismo el acto de sabotear el funcionamiento o apoderarse con violencia, amenazas graves o haciendo uso de los mecanismos cibernéticos, del control total o parcial, incluso de modo temporario, de medios de comunicación o de transporte, puertos, aeropuertos, hospitales, estadios, bancos e instalaciones de exploración, refinación y procesamiento de petróleo y gas.
Es decir, una ocupación de fábrica, como ocurre en la empresa MABE actualmente, ¿no podría ser considerada como "terrorista"? Si la policía "planta" alguna "prueba" en la mochila de un manifestante con un "explosivo", como ocurrió recientemente en San Pablo, según la nueva ley, estos hechos serían encuadrados como un acto terrorista.
Una ocupación de tierras o viviendas si para defenderse de la represión policial decide resistir, está claramente amenazada de sufrir penas aún más duras de las que ya aplica esta justicia que favorece a los ricos, los grandes empresarios y a los políticos del orden.
Incluso lo que no queda explícitamente encuadrado como terrorismo en la ley, es dejado a la voluntad de los "incuestionables" jueces brasileros - que se presentan como paladines de la sabiduría sobre lo que es correcto o no, pero que vienen mostrando su vinculación directa o indirecta con los poderosos y los sectores más reaccionarios - definir lo que es terrorismo.
Pena
Quien fuera encontrado cometiendo alguno de estos crímenes quedará sujetó a prisión de 12 a 30 años. El texto del Senado prevé también “sanciones correspondientes a amenaza o violencia”. La pena, si el crimen de terrorismo resultara en muerte, será de 24 a 30 años de reclusión.
No podemos dejar pasar este ataque
Se trata de un ataque al derecho democrático de manifestación. Aquí, como en diversos países de Europa y Estados Unidos, están intentando apoyarse en el rechazo al terrorismo para aplicar leyes reaccionarias contra el derecho democrático de manifestación y a las libertades individuales. Macri, en Argentina, también está intentando aprobar una ley contra el derecho de manifestación en una clara intención de prepara el camino para la aplicación de los ataques contra el pueblo y mayor represión a los movimientos sociales.
No podemos engañarnos como si fuese una ley que busca “proteger” al país. Es importante desde el primer día que la mayor cantidad de organizaciones que se oponen a esta ley hagan público su repudio. Es necesario poner de pie un amplio frente único democrático contra la ley antiterrorista y en defensa del derecho de manifestación, como parte de la lucha en defensa de los derechos democráticos y contra los ajustes. En esta tarea debemos tener en claro que no es solo la derecha la que avanza sobre nuestros derechos. Esta ley es orquestada por Dilma y el PT para mostrar sus “buenos servicios” al imperialismo. | 
