«si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección (Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria, 21 de junio de 1918).»
En la Argentina de principios del siglo XX, el desarrollo capitalista y su consecuente modernización de la sociedad, trajo aparejada la apertura de las universidades a las recién emergidas clases medias urbanas de carácter liberal. No obstante, los anticuados modelos universitarios conllevaron a que el estudiantado, en su lucha por la introducción de diversas reformas, se esbozara como un sujeto fundamental de la política nacional, ganándose su lugar definitivamente tras los acontecimientos que culminaron en la Reforma Universitaria de 1918.
Sin embargo, presentar la Reforma meramente como un conjunto de demandas de carácter académico implica desconocer el grado de radicalización del movimiento estudiantil y, como asegura Bonavena [1], sus profundos cuestionamientos de la sociedad. Esto no es sino un claro objetivo de borrar cualquier rastro de subversión del estudiantado que logró instaurar una revolución educativa y social en la historia nacional.
Para 1918 existían en el país cinco universidades: las de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. En algunas ya se habían formado los primeros centros de estudiantes, a la par que se introducían ligeras reformas en los estatutos universitarios. Muy diferente era Córdoba: el dominio ejercido por la Iglesia se traducía en un régimen reaccionario y conservador que se empeñaba en abortar cualquier intento de modificar el control que los sectores clericales ejercían sobre la institución.
A nivel internacional, procesos como el de la Revolución Mexicana de 1910, la triunfante Revolución Rusa de 1917 y el enfrentamiento entre las potencias imperialistas en la Primera Guerra Mundial, reflejaban las convulsiones que producía el sistema capitalista. A nivel nacional, las sucesivas huelgas de la clase obrera trastocaban el régimen político oligárquico-conservador el que, como válvula de escape a la creciente conflictividad social, daba lugar a la primera apertura electoral a través de la Ley de Roque Sáenz Peña. Esto derivó en la elección de Hipólito Yrigoyen en 1916.
En ese marco, los estudiantes cordobeses comenzaron a exigir la introducción de reformas en vistas de modernizar la casa de estudios que, fundada en 1613, aún funcionaba con la dinámica heredada de los tiempos coloniales. En pleno siglo XX las ideas darwinistas eran consideradas heréticas y se impartían materias como la de “Deberes para con los siervos” [2].
La historia
La primera acción del estudiantado cordobés tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la manifestación en las calles y la conformación del Comité Pro Reforma que, en principio, solo reclamaba tímidos cambios. Ante la respuesta negativa de las autoridades, el 14 de marzo el Comité declaró la huelga general de los estudiantes por tiempo indeterminado. La adhesión a la misma fue total, imposibilitando el inicio de clases el 1 de abril.
Entonces, el gobierno nacional decretó el 11 de abril la intervención de la universidad a cargo de José N. Matienzo; mientras que, simultáneamente, se conformaba en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. El 22 de abril, Matienzo anunció un proyecto de reformas del estatuto de la universidad abriendo la participación en el gobierno universitario al claustro de profesores. Así, se reanudaban las clases, la situación se normalizaba temporalmente y se cerraba la primera etapa del conflicto.
El segundo período del proceso giraría en torno a las expectativas puestas en la elección del nuevo rector que tendría lugar el 15 de junio. Los estudiantes conformaron la Federación Universitaria de Córdoba, y militaron las elecciones para el rectorado a favor del candidato liberal Enrique Martínez Paz. Además de éste, se postulaban, por un lado Alejandro Centeno, y por el otro, Antonio Nores, representante de la cúpula clerical y miembro de la Corda Frates [3].
Nores resultó electo nuevo rector. La respuesta de los estudiantes no se haría esperar y se abriría la tercera etapa del conflicto: los reformistas irrumpieron en el salón de grado, rompiendo los vidrios y muebles, descolgando los cuadros de las históricas autoridades de la universidad, y expulsando del lugar a la policía y los matones contratados por las autoridades clericales.
Nuevamente declararon la huelga general que rápidamente se extendió a nivel nacional con la adhesión de los estudiantes de las restantes universidades del país. Inmediatamente marcharon por las calles y obtuvieron la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba a la lucha estudiantil, forjando una embrionaria unidad entre obreros y estudiantes.
El 21 de junio, Deodoro Roca redactó anónimamente el “Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria”. El documento expresaba un intransigente anticlericalismo y antiimperialismo expresado en su título “La juventud de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” y su ferviente romanticismo por la independencia latinoamericana.
En agosto, el gobierno nacional decretó nuevamente la intervención de la Universidad, esta vez a cargo del ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Los estudiantes radicalizaron sus medidas y el 9 de septiembre ocuparon la Universidad asumiendo sus funciones de gobierno: nombraron a los dirigentes estudiantiles Horacio Valdés, Enrique Barrios e Ismael Bordabehere como decanos de las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, organizaron actividades curriculares, nombraron profesores, consejeros y empleados e incluso llegaron a constituir mesas de exámenes. La universidad se encontraba completamente en manos del estudiantado, situación que solo sería revertida tras el desalojo y la detención de algunos estudiantes por parte de la policía.
Pero para entonces, Salinas se vió obligado a atender los reclamos estudiantiles y decretar la reforma del estatuto universitario incorporando la docencia libre y el cogobierno paritario (la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad en igual número respecto a los profesores titulares y suplentes). Paulatinamente, los cambios se instauraron en el resto de las universidades del país y, para 1921, la reforma universitaria regía a nivel nacional.
Posteriormente, la lucha estudiantil alcanzaría dimensiones continentales: el estudiantado se levantaba en Chile, Perú y Cuba durante los primeros años de la década de 1920; y durante la década de 1930, en México, Paraguay y Brasil.
El legado del movimiento reformista
Uno de los principales puntos que suele dejarse de lado al hablar de la Reforma Universitaria –con la intención de eliminar su carácter revolucionario–, es el de la ligazón entre la universidad y la sociedad.
En este sentido, parte del movimiento reformista cuestionó el papel de la universidad en tanto meras “fábricas de títulos” que se encontraban desvinculadas de las problemáticas sociales que aquejaban a la época. Si bien este cuestionamiento no daría lugar a profundas experiencias en Argentina, sí sería el caso de los movimientos estudiantiles en otros países como Perú y Cuba principalmente, a través de la constitución de universidades populares con el objetivo de ligarlas a la clase obrera y el pueblo pobre, que se encontraban excluidos de la enseñanza superior (en Argentina recién con el Cordobazo se manifestaría en los hechos esta unidad). En ambos países cumplirían un rol clave importantes figuras del marxismo latinoamericano como el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Julio Antonio Mella.
En nuestro país, el principal dirigente del movimiento reformista y redactor del Manifiesto liminar, Deodoro Roca, profundizaría el desarrollo de sus ideas alrededor de esta cuestión. En discusión con las diversas tendencias que defendían la postura de que la reforma solo se expresaría en cuestiones meramente académicas, no dejó de tener en cuenta el eje central de la relación entre la universidad y la sociedad.
Son ellos a quienes se refiere como lo “puramente universitario”: “Tales trogloditas, dirá, creen saldadas sus deudas con los demás ‘por el mero hecho de atestiguar ante el asombro privado que son cisternas de saber’, sin advertir que es necesario que ‘con la palabra del intelectual se transparente una acción” [4].
Para 1920, Deodoro concebía a la universidad y a todas sus problemáticas como un reflejo de los problemas que atravesaban a la sociedad argentina coetánea. La universidad se le presentaba como “resultante de un problema profundo, concreto, y formidable: el problema social. De la injusticia social”, llegando a utilizar categorías del marxismo como su noción de que la universidad era productora de un “ejército de asalariados intelectuales”.
Repensar la Reforma Universitaria en la actualidad
Actualmente, los cuestionamientos de la profunda brecha que separa a la universidad de la clase trabajadora y el pueblo no pierden vigencia, sino que continúan siendo una de las principales desigualdades que atraviesa a las sociedades capitalistas contemporáneas; pues la universidad responde a un modelo capitalista que, con su inherente carácter elitista, constantemente segrega a amplios sectores de la población del acceso a la misma.
La Ley de Educación Superior (LES) sancionada en 1995 durante el menemismo, y mantenida por los posteriores gobiernos de la Alianza y los sucesivos gobiernos kirchneristas, constituyó un importante avance del neoliberalismo sobre las universidades nacionales: se introdujeron, principalmente, una enorme cantidad de posgrados pagos que van en detrimento del título de grado. El sistemático recorte de ofertas horarias dificulta a miles de estudiantes que, debido a su situación económica, se ven obligados a trabajar y, por ende, imposibilitados a cursar una carrera universitaria; además de que los sistemas de becas no logran –ni se proponen– solventar los problemas económicos de miles de jóvenes para asegurarles el acceso a las carreras de grado.
El gobierno macrista esbozó un nuevo intento de avance sobre la educación universitaria pública con paritarias docentes a la baja, tarifazos en los transportes públicos y recortes de presupuestos en materia de educación que el año pasado obtuvo respuesta a nivel nacional, 40.000 personas se movilizaron en las calles de Buenos Aires y decenas de miles más en el resto del país.
La defensa de la universidad pública hoy reside en que estudiantes y docentes, junto con el resto de los sectores de trabajadores que enfrentan las políticas de ajuste, la tomen en sus propias manos.
Es menester poner en pie un movimiento estudiantil que cuestione, no solo el modelo de la universidad actual, sino también la sociedad de clases que la engendra.
[1] Bonavena, Pablo Augusto; Califa, Juan Sebastián; Millán, Mariano (comp.), El movimiento estudiantil argentino: historias con presente. Buenos Aires, Cooperativas, 2007.
[2] Portantiero, Juan Carlos, Estudiantes y política en América Latina, México, Siglo XXI, 1978.
[3] Asociación católica de carácter ultraconservador y aristocrático.
[4] Galfione, María Verónica, “Deodoro Roca y la Reforma Universitaria”.
[5] Roca, Deodoro, “Encuesta de Flecha”, en: Del Mazo, Gabriel, La reforma universitaria, La Plata, 1941. |
