Esta ley no es una salida de fondo a la carencia de jardines maternales en la provincia ni iguala completamente con los demás docentes la situación de quienes vienen trabajando precariamente en los jardines “comunitarios”, sino un parche, aunque contiene algunas mejoras laborales para quienes allí se desempeñan.
Grupo Clarín y el Frente Renovador salieron a rechazarla planteando que quienes se desempeñaban en los jardines no eran docentes ni tenían título habilitante para desempeñar su tarea ya que eran militantes de organizaciones oficialistas.
Luego se supo que un 70% del total de quienes se desempeñan en estos jardines cuentan con título habilitante, y en algunos distritos con La Matanza esta cifra llega al 90%.Así, en nombre de la calidad educativa, no se repara en los derechos laborales de los docentes, organizaciones barriales y militantes populares que sostienen a través de estos espacios la educación y contención de niños a partir de los 45 días de los sectores mas postergados.
Está claro que esta Ley está dentro de las medidas impulsadas por Scioli y el Kirchnerismo hacia el 2015 para enfrentar la decadencia de la escuela pública luego de que el 2014 ha mostrado a los docentes combativos en las calles poniendo en el tapete el estado de las escuelas, del salario docente y de la crisis educativa que se mantiene a pesar de la “dekada ganada”. Por eso, hay que decir claramente que estas medidas como la ley de jardines comunitarios, el cambio en el régimen de calificaciones en la escuela primaria y hasta el último anuncio de la construcción de salas para jardines son totalmente insuficientes para resolver la crisis educativa.
Entre los docentes, se ha abierto el debate también. Hay quienes toman el discurso de Clarin y piensan que corren riesgos los puestos de trabajo de los docentes que aún no ingresan al sistema educativo. El Diputado provincial Christian Castillo desde la bancada del Frente de Izquierda votó críticamente esta ley por contener mejoras a la situación actual ultra precaria de estas docentes (casi todas son mujeres) pero haciendo una intervención crítica respecto de la propia ley y de la política educativa de Scioli y el kirchnerismo más en general. La ley establece que “Los/las trabajadores/trabajadoras de los establecimientos de educación comunitaria serán reconocidos e incorporados a la DGCyE”, es decir, pasan a tener estabilidad laboral y una situación de “blanqueo” que los deja en condiciones superiores a su estado anterior de precariedad absoluta.
La bancada del FIT viene planteando distintos proyectos que dan una respuesta integral al problema de la educación pública. Se han presentado proyectos de ley como el de emergencia en infraestructura, el pago indexado de acuerdo a la inflación para los docentes que no cobran, el de boleto educativo gratuito que en este caso logró la media sanción.
En esta línea de trabajo, se está elaborando un proyecto de Ley superador que contemple el pase con todos los derechos al sector público de todos quienes vienen ejerciendo actividad docente en la educación inicial en forma precaria e implemente la masividad de la educación pública inicial desde los 45 días con jardines de infantes en todos los barrios para garantizar el derecho a la educación de los más pequeños, en condiciones de enseñanza y aprendizaje dignas para toda la comunidad educativa. | 
