A través de la resolución N° 000001 de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones daba a conocer la autorización para utilizar el electroshock como una especie de terapia alternativa para "enfermos mentales".
Esta decisión, propuesta por el secretario José Manzur, desató un enorme malestar entre los familiares y el entorno de pacientes psiquiátricos, dado que es harto conocido que es una práctica que produce graves consecuencias y reduce al sujeto a un estado de pasividad, atentando contra el principio de autonomía de la persona. Además supone 90 años de retroceso y un duro ataque a la Salud Mental en la provincia de Gerardo Morales (UCR-Cambiemos).
La terapia electroconvulsiva (TEC) es un "tratamiento" propio de los años 30, que se usó por primera vez en Italia, cuando no existían los fármacos y fue dejada de lado porque sus graves efectos en el cerebro son irreversibles. Con el avance en los estudios sobre el psiquismo se fueron creando terapias psicológicas para restituir a la vida social a los pacientes sin recurrir a métodos tan brutales. De la brutalidad de la TEC o prácticas similares se valió la dictadura genocida en Argentina, con colaboración de profesionales de la salud, como formas de tortura.
Conocida la decisión, el Colegio de Psicólogos de Jujuy emitió una declaración con el límite de no rechazar de plano a la TEC. Ponía el acento en el mecanismo utilizado para tomar esta decisión, pidiendo que “se abra el debate” al respecto.
Tras el repudió que produjo la medida, se dio marcha atrás con la resolución inicial. Con una nueva resolución, según Manzur, “se dejó sin efecto la aplicación de esta terapia y se abrió la posibilidad de emitir opiniones de otros colegios y de otros profesionales que están involucrados en la salud mental". Detrás de esta medida se esconde la intención de buscar consenso para continuar con un modelo de salud mental regresivo.
No hay equívocos ni “debates” que puedan admitir la implementación del electroshock. Este tipo de prácticas va inclusive en contra de la vigente ley de salud mental (26.657), que define a la salud mental "como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica construcción social vinculada a la concreción de los DD.HH y sociales de toda persona". Esta ley no prohíbe “terapias” como la TEC, aunque recomienda la prohibición por parte del órgano de revisión.
Esta medida también atenta contra la rehabilitación psicosocial que se menciona reiteradas veces en dicha ley. Aunque el enfoque es progresivo en relación a la legislación previa, en la realidad no se aplica. Se sancionó durante el gobierno kirchnerista pero nunca destinaron los fondos necesarios para llevar adelante la desmanicomialización como propone la ley, algo que solo significó en el desmantelamiento de las instituciones de la salud mental (como también hizo el PRO con El Borda). | 
