El Mocase-Via Campesina denunció a través de un comunicado la presencia de fuerzas paramilitares contratadas por el empresario Orlando Canido -ligado a la empresa de gaseosas Manaos- en la comunidad indígena guaycurú en Santiago del Estero.

Según relataron los miembros de la organización campesina, el miércoles pasado una banda armada se presentó alrededor de las 6 de la mañana e intentó desalojar a punta de pistola la carpa de resistencia que había instalado la comunidad en el lugar. La patota disparó contra los miembros del Mocase-Vc frente a la policía de Quimilí que liberó la zona para que ocurrieran los hechos con total impunidad.

El gobierno de la Provincia envió efectivos del Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR) que intervinieron en la situación y detuvieron a Lachi Letonai, acusado por el Mocase-Vc de ser el presunto líder de la banda.En declaraciones a Telam, Adolfo Farías, vocero de la organización aclaró que integraban el grupo "unas 20 personas comandadas por Lachi Letonai, hasta ahora el único detenido, y Pablo Letonai". Por otro lado, agregó que al menos hay otros cinco agresores identificados pero que siguen prófugos según informaron las autoridades policiales. Además, uno de los jefes policiales confirmó a los agredidos la presencia de ex policías retirados entre la patota: “nos dijo que entre los prófugos identificados hay policías retirados que trabajaban para el ex gobernador Carlos Juárez hasta la intervención federal".

Según el comunicado del Mocase-Vc, los vínculos del empresario acusado como autor intelectual del intento de desalojo llegarían hasta las máximas autoridades del ejecutivo nacional: “Orlando Canido intenta acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou”.

Este tipo de acciones son denunciadas constantemente por los habitantes del lugar. Resulta extraño que en tierras reconocidas por el Estado nacional y provincial como tierras indígenas, los empresarios se manejen con total libertad y pretendan acapararlas para sus negocios sin importarles en absoluto el destino de los propietarios originales (en su mayoría trabajadores y niños) que, una vez expulsados, terminan reducidos a mano de obra semi esclava para sobrevivir. Esto solo es posible por la complicidad de la policía y las autoridades locales.

Como señalan desde el Mocase-Vc: “Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares”

El caso Cristian Ferreyra a juicio

El próximo 3 de noviembre comenzará eljuicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, trabajador campesino y militante del Mocase-vc asesinado en 2011 por sicarios al negarse a abandonar su tierra frente a las demandas de un empresario. Están acusados del asesinato el empresario rural José Ciccioli, como autor intelectual, y Javier Juárez, como autor material.

Fuente: Telam