Lo cierto es que son millones los trabajadores que no reclaman por las graves violaciones a sus derechos para no perder sus fuentes de trabajo.
Por lo general quienes recurren a la justicia laboral son aquellos que no solo fueron despedidos si no que tampoco recibieron la indemnización que la ley dispone.
El otro motivo común por el cual se inician las demandas laborales son los accidentes de trabajo.
Desde hace algunos años los empresarios y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo vienen reclamando que se adopten todas las medidas necesarias para desalentar a las víctimas de esos accidentes a reclamar sus derechos judicialmente.
Como método de presión, además de pagar constantemente solicitadas millonarias en los medios de mayor tirada, decidieron abarrotar los juzgados de expedientes. ¿Como lo hacen? Simple, a sabiendas que deben otorgar una indemnización a un trabajador accidentado, deciden no pagarla y obligarlo a iniciar un juicio para obtener un derecho sobre el cual no existe ninguna duda. Por un lado el trabajador debe esperar entre tres y siete años para cobrar lo que le corresponde. Mientras tanto esa misma ART puede invertir ese dinero en su propio beneficio y, de paso, abarrotar a la Justicia Laboral, groseramente vaciada y con menos de la mitad del personal necesario para atender semejante cantidad de causas.
Una vez colapsada la justicia laboral las ART y los empresarios declaman que hay muchos juicios. Luego, el presidente repite.
Lo cierto es que detrás de esos reclamos no está la industria del juicio si no la industria de la muerte. Según datos de la OIT, en el mundo, cada año 2 millones de trabajadores mueren como consecuencia de un accidente laboral. Son 5500 muertos por día. Ese dato no contempla a los asalariados informales. En su libro “Comentarios a la Ley de reforma de Riesgos del Trabajo”, Luis E. Ramirez señala que “las muertes ocasionadas por el trabajo dependiente superan holgadamente las originadas en accidentes de tránsito (1.000.000), guerras (500.000), hechos de violencia (563.000) y SIDA (312.000).” Del total de muertos en siniestros laborales 12.000 son niños.
En nuestro país los despidos, los accidentes y las muertes obreras crecen al ritmo del reclamo patronal de mayor ajuste, reducción de los costos laborales, productividad y baja de ausentismo. Los mismos reclamos que hace el presidente cada vez que le toca hablar frente a un micrófono.
Macri se abre camino entre despedidos y accidentados y con total desparpajo exige a los jueces laborales que inclinen la balanza a favor de los empleadores.
Los trabajadores a nivel global vienen sufriendo un ataque brutal en sus conquistas, tal como sucediera hace pocos meses en Francia. El gobierno Argentino, en línea con todos los gobiernos de Europa y de la Región, intenta reducir a su mínima expresión la ya escuálida protección del trabajador en plano individual y limitar la acción sindical como lo demostró el reciente fallo “Orellano” de la Corte Suprema argentina.
Es por esto que ante estas gravísimas declaraciones de Macri los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos llamamos a poner en pie una campaña de repudio de las mismas e invitamos que los abogados y juristas comprometidos con la defensa de los derechos laborales a pronunciarse, quedando abierto el espacio de este medio, sobre estas preocupantes manifestaciones. | 
