Tapar la impunidad: la otra esposa

Los casos de corrupción, de intercambio de favores, de asegurarse privilegios, son pan de cada día. Uno de los más recientes que despertó indignación fue el caso de la esposa del diputado PS que se aseguró una jubilación millonaria de más de 5 millones de pesos, cuando la inmensa mayoría del pueblo trabajador apenas accede a 150.000 pesos, como la rabia de la marcha NO+AFP llevó masivamente a la calle.

Ahora aparece otra esposa. La cuestionada Ministra de Justicia cercana a la DC Javiera Blanco nombró a una amiga al preciado puesto de Conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana. ¿Por qué es un preciado botín? Porque el puesto es casi vitalicio, asegurado hasta los 75 años. Con un sueldo mensual de entre 8 y 14 millones de pesos.

Pero no es solo su amiga. Es también la esposa del fiscal de la Región de Valparaíso Pablo Gómez, que poco después de este nombramiento, fue designado para la investigación del caso SQM, que involucra tanto a la derecha, con el UDI Longueira al centro de los escándalos públicos, como a la Nueva Mayoría, que hasta ahora se mantiene en las sombras de las revelaciones pública. Tal vez esta revelación sea interesada, obligando al fiscal a dar algunos pasos más: se sacan lo trapitos al sol, es parte de las disputas entre sectores de la casta, que agudiza su deslegitimación, mostrando que están en una espiral de la que no pueden salir. Y la disputas por arriba que así siguen permiten que se vayan colando los de abajo.

La impunidad empresarial cotidiana

Se conoció la otra impunidad, la de sus jefes, la de todos los días en cada lugar de trabajo. La Dirección del Trabajo dio a conocer el informe de sanciones por prácticas anti-sindicales. Igual que el primer semestre del 2015, alcanzan 19 las empresas sancionadas, por 45 millones de pesos. Tan baja multa, no es más que simbólica: las empresas prefieren pagar esos bajos montos, y seguir con sus prácticas anti-sindicales.

Los motivos son conocidos por todos: persecución por sindicalización, reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, y separación ilegal de dirigentes sindicales, entre otras.
Dos impunidades que van de la mano. Y despiertan rabia.

La rabia social

Ya dimos cuenta en estas páginas de un creciente sentimiento de rabia, de odio social. Se manifiesta en la juventud, enfrentando la represión de Carabineros, en las concentraciones de repudio a las empresas y las funas a los funcionarios y parlamentarios, en las barricadas que se levantan en calles y rutas contra los innumerables abusos.

Ahora se conoció el estudio Barómetro de conflictos con connotación indígena, interesado, realizado por empresarios de la zona, la Multigremial de La Araucanía. Pero que da cuenta de la misma rabia. Registra 75 “hechos violentos” en el primer semestre de este año, una baja sustancial en las denuncias con relación al mismo período del 2015, que alcanzaron a 152. Pero, asegura el estudio, son hechos de mayor intensidad.

Impunidades en defensa de las herencias de la dictadura que aseguran sus millonarias ganancias, sus privilegios, pero que en forma persistente desde el 2011 encuentra la oposición de la lucha de clases. La última masiva movilización por NO+AFP muestra su vitalidad.