Durante la mañana de ayer distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre ellas el diputado del PTS-FIT Raúl Godoy y la abogada Natalia Hormazabal del CeProDH, se movilizaron al juzgado de instrucción penal Nª 4 junto al movimiento FPDS (frente popular Darío Santillán) en Cipolletti ya que fueron citadas a declarar tres cocineras y activistas de comedores populares.
La causa por la cual se las imputa fue caratulada como “Amenazas” a dos terceros cuyas identidades las trabajadoras desconocen, por lo tanto el armado de tal acusación responde a la política de criminalización de la protesta que el intendente PRO de la ciudad lleva adelante desde que asumió su mandato.
Las trabajadoras de los comedores habían realizado hace un mes atrás una protesta en las afueras del municipio por el suministro de alimentos a los comedores que abastecen a más de doscientas familias de los barrios humildes de Cipolletti. También ese día protestaban por el aumento de un mísero subsidio de 1.500 pesos por la labor que realizan y que en el contexto inflacionario este dinero apenas les significa una “bolsa de alimentos” diría Eva una de las activistas entrevistada por LID la semana pasada.
Este avance represivo también se materializa en la acusación que se hace de otros tres activistas del FPDS por coacción agravada durante una jornada de protesta que se realizara semanas atrás en las afueras de una de las empresas de transporte que posee el actual intendente. Estas indagatorias serán el 15 de agosto.
La indignación de muchas de las organizaciones que salieron rápidamente a solidarizarse y a repudiar enérgicamente este accionar empresarial que criminaliza a estas cocineras por pedir comida para los comedores que realizan una tarea social comunitaria tan básica como el derecho a un alimento diario. Esto pone en evidencia que al intendente Tortoriello le molesta más la protesta social que los centenares de hogares cipoleños que no tienen garantizado el alimento diario. | 
