Si el gobierno nacional mantiene el control de la situación a pesar de su creciente impopularidad por las medidas de ajuste, es porque cuenta no sólo con el respaldo de los grandes empresarios y el capital financiero internacional, sino también por la gobernabilidad que le aportan mandatarios provinciales, intendentes, legisladores y dirigentes sindicales.
Diputados y senadores ya dieron muestras contundentes de su buena convivencia con el gobierno nacional durante lo que va del año. Incluso en el Senado, donde cuenta con mayoría el Frente para la Victoria, le votaron leyes fundamentales, como la de pago a los fondos buitre.
Por su parte, las cúpulas sindicales han dejado que el ajuste llegara hasta acá sin oponer resistencia. El Congreso de unificación de la CGT del próximo 22 de agosto no parece que vaya a modificar este rumbo: a cambio de los fondos millonarios de las obras sociales, el macrismo sigue obteniendo la pasividad de estos dirigentes.
No es distinto el caso de los gobernadores de todo el arco político. Como informáramos en La Izquierda Diario, el martes de la semana pasada se firmó el acuerdo federal por el cual el gobierno nacional se comprometió a girar $ 37 mil millones a las provincias. Este monto logró unificar en el evento destinado al anuncio a los mandatarios provinciales de todas las fuerzas políticas, desde Gerardo Morales hasta Alicia Kirchner.
Voces a favor del ajuste
La parte no escrita de aquel acuerdo se manifestó el día de ayer, cuando gobernadores de ocho provincias declararon a la agencia estatal Télam, o en actividades públicas, su apoyo a la política de tarifazos a la energía del gobierno nacional. Se trata de un respaldo fundamental para el macrismo en momentos en los cuales no solamente se expresa el descontento social, sino que también los aumentos están en suspenso debido a fallos judiciales.
Coincidieron en apoyar los tarifazos desde la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone del Frente para la Victoria hasta el mendocino Alfredo Cornejo de Cambiemos, pasando por el “socialista” Miguel Lifschitz de Santa Fe o el peronista Juan Schiaretti de Córdoba.
Rosana Bertone, del Frente para la Víctoria, usó para este fin un lenguaje típicamente macrista. La gobernadora, que aplicó en su provincia durante este año uno de los ajustes más duros del país, sostuvo que “podemos discutir el mecanismo, pero no el sinceramiento de las tarifas”. También dijo que “trabajamos en equipo para que el gobierno nacional lleve adelante un plan de gestión que ayude a todas las provincias en éste y otros temas”.
Por su parte, el “socialista” Miguel Lifschitz se manifestó radicalmente en contra de la voluntad popular. Mientras el pueblo trabajador se viene expresando en ruidazos contra los aumentos, el santafesino afirmó que "no es conveniente retrotraer el cuadro tarifario de los servicios públicos establecido por el gobierno nacional porque sería muy complejo para las distribuidoras provinciales. Se pueden solucionar los problemas más serios sin necesidad de retrotraer la situación de las tarifas al mes de enero de este año".
A su vez, el mendocino Alfredo Cornejo, del radicalismo, explicó a Télam que "hay que decirle la verdad a la gente: las tarifas han estado muy retrasadas todo este tiempo y no podíamos seguir de esta manera. A nadie le gusta tomar medidas antipáticas, pero había que hacer algo", acotó.
El cordobés Juan Schiaretti también aportó su visión a través de los medios de su provincia, coincidiendo con las medidas que intenta tomar el macrismo. "Yo he dicho siempre que todos sabemos que las tarifas del gas estaban ridículamente atrasadas, pero lo que es necesario es de que, cuando haya un aumento, tenga un tope, así no perjudica tanto a la población", sostuvo el gobernador de Córdoba.
Expresiones similares a las anteriores tuvieron también Gustavo Bordet de Entre Ríos, Omar Gutiérrez de Neuquén, Domingo Peppo de Chaco, y, por supuesto, María Eugenia Vidal. | 
