Días atrás desde la banca de la diputada Patricia Jure del PO en el FIT se presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de declaración que en su primer artículo propone “su rechazo al inusitado operativo policial desplegado el pasado 4 de agosto en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo…”. Hasta aquí no habría más que acuerdo para todos los que nos reclamamos de izquierda, o luchadores obreros y populares. Sin embargo luego prosigue: “(operativo) que ha buscado distraer la atención pública respecto del brutal ajuste en marcha, en particular, en la jornada donde se convocaba a un segundo cacerolazo contra los tarifazos”.
Luego continúa en su Artículo 2: “Rechazar el nefasto operativo de cooptación perpetrado por el kirchnerismo sobre organismos de Derechos Humanos a lo largo de una década, donde la historia de lucha de Madres de Plaza de Mayo ha sido utilizada, por un lado, para encubrir las propias violaciones del gobierno kirchnerista a las libertades, así como la presencia de Aníbal Fernández, Milani y otros en el aparato del Estado, y por otra parte, para consumar un gran desfalco económico- el proyecto “Sueños Compartidos”. Nos preguntamos si realmente se solicita a la mayoría del MPN que repudie la cooptación de organismos por parte del PJ.
El operativo que la declaración dice repudiar, no fue desplegado en un momento cualquiera, sino que en forma deliberada el Juez Martínez de Giorgi decidió desplegarlo durante la tradicional ronda de las Madres, de los terceros jueves de cada mes, y sería ingenuo pensar que fue casualidad o por un cacerolazo. A lo largo del texto de declaración que se puede leer completo acá, no figura un solo motivo de “principios” por el cual deba rechazarse ese operativo judicial, que intentó atacar no sólo a Hebe de Bonafini, sino al símbolo, como resulta ser la Asociación Madres de Plaza de Mayo- con sus distintas ramas y filiales- durante cuatro décadas en este país. Todo esto mientras en forma escandalosa, la Justicia Federal otorga la prisión domiciliaria a un genocida en actividad como Miguel Etchetcolaz, o cuando vemos a genocidas impunes y al nefasto Aldo Rico en los desfiles oficiales.
No es correcto ceder ante la opinión pública macrista, que busca esconder estos hechos, con el trasfondo de la causa y las denuncias de corrupción de todo el gobierno kirchenrista.
No denunciar que ese operativo desplegado en momento y con la forma que se desplegó, no responde más que a la arremetida reaccionaria del macrismo y la justicia, no hace más que fortalecer la idea de que este gobierno- que gusta de los simbolismos- vino a poner “orden” frente al derrotero de corrupción y delitos desplegado durante los años kirchneristas. Afirmar, como hizo el diputado nacional Néstor Pitrola que “Hebe debería avenirse a declarar a la justicia para dar explicaciones” va en el mismo sentido.
Y eso resulta más peligroso frente a escenarios de ataques profundos, como viene siendo el laboratorio en la provincia de Jujuy, con las permanentes agresiones a las libertades democráticas y ataques a los trabajadores, de la mano de Gerardo Morales y Carlos Haquim. Primero vino la detención ilegal de Milagro Sala por permanecer en un acampe. Luego los despidos de las delegadas de ATE de Agricultura Familiar. Siguieron luego el pedido de juicio oral a los trabajadores de Aceros Zapla por realizar huelga, denuncias penales y represión a los obreros de Ingenio Ledesma, criminalización a los dirigentes del SEOM. Estas son sólo algunas muestras de ello. Cuando fortalecen las fuerzas represivas del Estado, siempre, será contra los trabajadores y el pueblo. La provincia de Tierra del Fuego y el acampe durante meses de cientos de trabajadores, fue el anticipo de lo que vendría.
Subestimar todos estos hechos es casi endulzar el ataque a los trabajadores y los luchadores en todo el país.
Resulta paradójico tener que explicar a una corriente de izquierda el rol que cumple la justicia de clase, donde no todos somos iguales ante la ley y se ha permitido al ex presidente Fernando De La Rúa negarse en cinco ocasiones a declarar por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001. O en el caso de Mauricio Macri, no ha respondido tampoco por su responsabilidad en los denominados “Panamá Papers”. Mucho menos avalando el accionar de la justicia y su revanchismo desplegado por el gobierno, sin denunciar que hay una persecución política en curso, con un mensaje aleccionador hacia todos los que salimos a luchar.
El rechazo, frente a un ataque del Estado, tiene que ser claro y categórico, aunque existan diferencias. Tanto desde el CeProDH como desde el PTS hemos hecho públicas a lo largo de estos años nuestras diferencias políticas con Hebe de Bonafini, y lo seguiremos haciendo. Pero entendemos que no es en el parlamento donde vamos a discutirlas.
Decenas de organizaciones de todo el país hemos firmado una declaración repudiando este operativo, el modo y momento en que se desplegó, dejando a salvo estas diferencias y donde planteamos que frente a las acusaciones de corrupción, corresponde una investigación independiente, pero pronunciándonos en forma categórica en repudio a este avance represivo. Los compañeros y compañeras del Partido Obrero pueden no compartirla, pero entendemos como un profundo error presentar un proyecto de este tipo, que no hace más que confundir hechos que condenamos en la vanguardia obrera y popular con la avanzada reaccionaria y represiva por parte del Estado y sus instituciones represivas.
Y frente a todo ello, también resulta grave que se indique en los fundamentos del proyecto presentado a la legislatura neuquina que “Una parte de la izquierda actuó nuevamente como furgón de cola de esta pandilla, y se hizo presente en el acto con los K, como ya lo había hecho con la detención de Milagro Sala”.
Queda claro que no es la intención de rechazo al operativo de detención de Bonafini lo que motiva este proyecto. Resulta de una actitud faccionalista infantil, el necesitar diferenciarse permanentemente, incluso dentro del propio Frente de Izquierda cediendo a la opinión publica vulgar.
Con la autoridad que nos da ser querellantes en los juicios a los genocidas en todo el país, y aquí en la región hace casi diez años consecutivos, haber sido abogadas de Jorge Julio López, haber estado junto a los trabajadores de Zanon, Stefani, Lear, entre muchos otros, poniendo el cuerpo, y aún terminando procesados como en mi caso; o haber sido denunciantes del Proyecto X; o bien, ser ex detenidos, hijos, hijas, hermanas de desaparecidos que luchan todos los días así como también; víctimas del gatillo fácil, quienes luchamos todos y todas contra toda impunidad de ayer y de hoy, lo decimos claramente: frente a cualquier ataque del Estado a las más amplias libertades democráticas no dudamos. Como dijo nuestra compañera Myriam Bregman, no era una posibilidad, nuestro deber era estar en la Plaza de Mayo ese día. Y nuestro deber será siempre denunciar a la justicia de clase, con la que queremos terminar. |
