La fiscalía determinó que fiscales conduzcan investigaciones alrededor de las obras del evento, con sospechas de corrupción e improbidad administrativa. Desde los servicios cloacales para descontaminar la bahía de Guanabara hasta los contratos entre agencias públicas y el Comité Rio 2016, los fiscales federales en la ciudad carioca quieren saber de qué manera fueron utilizados los recursos públicos. Recién ahora.
El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, insistió este fin de semana en que el evento no contó con recursos públicos, el mismo argumento usado por el Comité Rio 2016. Sin embargo, para el fiscal Leandro Mitidieri, la instrucción revela que al menos 600 millones de reales en dinero de los cofres de los distintos niveles de gobierno ya abastecieron el evento, principalmente con subsidios para la energía, seguridad y transporte.
Incluso es probable que la distribuidora de energía eléctrica Light, aumente el precio de la energía a todos los cariocas debido a los gastos con las Olimpiadas. Meten la mano en los cofres públicos y luego la meten en el bolsillo de los residentes de Rio de Janeiro.
Además de esos valores, el gobierno federal y el municipio prometieron 250 millones de reales más la semana pasada. A todo esto se suma una exención impositiva que, según la institución recaudadora, llegará a más de 3.000 millones de reales para las empresas involucradas hasta 2017.
Es decir que Rio de Janeiro, que no paga los sueldos de los empleados públicos en fecha, abrió mano de impuestos sobre mercancías, servicios y ganancias, en un “tax-free” con el mejor espíritu olímpico. Todo muy coherente, al igual que querer investigar ahora, después de años de obras, gastos multimillonarios y con las ganancias ya remitidas a Suiza.
La fiscalía sospecha que Rio-2016 intentó disimular recursos públicos en sus cuentas, cerrando un acuerdo de esponsoreo con la Agencia de Promoción de Exportaciones (Apex) días antes del inicio de los Juegos. La sospecha de los fiscales es de que el contrato no sería de esponsoreo sino solo n mecanismo para garantizar dinero.
La Apex indicó que el contrato de esponsoreo involucró una proyección, durante la fiesta de cierre, de una campaña internacional para promocionar a Brasil en en mundo. Las imágenes fueron colocadas en el pasto del Maracanã. Fueron solo algunos minutos, pero suficientes para justificar el esponsoreo millonario que la agencia le dio al Comité Rio-2016.
¿Limpieza de la Bahía de Guanabara o de dinero público?
Otra sospecha bajo investigación es el sistema de limpieza de la Bahía de Guanabara, una de las obras prometidas para garantizar las competencias en ese lugar. Según Leandro Mitidieri, coordinador del Grupo de Trabajo de la Olimpiada de la fiscalía (MPF), las estaciones de tratamiento de hecho fueron construidas, “pero solo la mitad del sistema está operativo”, señaló sugiriendo que está cuestionando el destino de los recursos.
La fiscalía recaba también documentación que apunta hacia sospechas relativas a las obras del Parque Olímpico de Barra, además de hacer (así lo declaran) un “peine fino” en todos los contratos y acuerdos entre el Comité Olímpico de Brasil y el Ministerio de Deportes. Parte de los recursos usados para las obras del Complejo de Deodoro está bloqueada. “Esa investigación corre bajo secreto de sumário”, dijo el fiscal.
Con ganancias en el Olimpo, contratos secretos
Recién la semana pasada los organizadores divulgaron en el sitio web del Comité Rio-2016 los balances financieros de los últimos años, pero sin suficientes detalles. En los documentos queda claro que ocho directores ejecutivos de la institución ganaron 26 millones de reales en solo cuatro años como salarios. Los datos no incluyen 2016, año de mayor pago.
La fiscalía no nombra a la empresa de Nuzman
Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico Brasilero, y la omnipresente familia Odebrecht, son dueños de la empresa Team Food, que vendía alimentos en las Olimpiadas, la misma que fue denunciada por tener trabajadores en condiciones de trabajo análogas a la esclavitud. Ni esas condiciones de trabajo ni ese contrato entran en la mira de la fiscalía. Como vemos en la operación Lava Jato, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, así como en varias operaciones, el “partido judicial” elije qué y a quiénes investigar según sus juegos políticos.
El juego político de hoy parece, una vez consumado el robo, fingir que investigan algo. Tomar algo lateral y ponerle el sello de “probo” a lo demás. | 
