La dirección del Hospital Posadas, que responde al macrismo, retrocedió en su intento de realizar un acto por el Día del Niño con la Banda del Colegio Militar. Fue ante el repudio generalizado de las trabajadoras y los trabajadores del hospital y de los organismos de derechos humanos. Pero en estos mismos días el genocida Miguel Etchecolatz obtuvo fallos en favor de su prisión domiciliaria. A menos de un mes del décimo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, buscan mayor impunidad para los genocidas.
Con la dictadura cívico-militar la familia Macri fue una de las más beneficiadas económicamente: pasó de tener 7 empresas a 47, al tiempo que lograron que se estatizara su millonaria deuda.
El discurso de reconciliación con los genocidas que hoy se multiplica desde el Gobierno busca encubrir el rol de los militares y civiles responsables del genocidio. Por eso Macri dice desconocer que hubo 30.000 desaparecidos pero declara que hubo una “guerra sucia”, el mismo término que usaban los militares entonces. No reconocen el terrorismo de Estado, niegan que hubo un genocidio de la clase capitalista hacia los trabajadores que querían cambiar esta sociedad.
Por eso el gobierno de Cambiemos arrancó su gestión encarcelando a Milagro Sala y transformando a Jujuy en un laboratorio represivo. El ataque a Hebe de Bonafini se hizo poco antes de darle prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz. Todo eso es parte de una declaración de guerra al conjunto de los organismos de derechos humanos y la clase trabajadora, cuando Etchecolatz debería ser citado a indagatoria por la desaparición de Jorge Julio López.
Julio López y la lucha por su aparición con vida
Cuando desapareció López el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández planteaba que posiblemente estuviera “en la casa de la tía”. Esa era la mayor prueba de que era más que necesaria la independencia política respecto al Estado (incluyendo a la Bonaerense que lo custodiaba) para lograr su aparición con vida, denunciando claramente el encubrimiento oficial.
Néstor Kirchner, en su discurso del 20 de diciembre de 2006, dijo que esperaba que como Estado se pudiera “devolver al ciudadano López a su hogar”. “Yo sé que ustedes, ya oficiales de la Nación, sus familiares, nuestros cuadros de las distintas Fuerzas Armadas comparten la misma angustia que todos los argentinos”, dijo en su discurso desde el mismísimo Colegio Militar del Palomar. Pero la idea de que las Fuerzas Armadas (que fueron formadas por genocidas y aún con muchos de ellos en funciones) puedan reconciliarse con la sociedad es totalmente rechazable.
Kirchner bajó el cuadro de Videla. Pero eso fue un gesto que no se iba a corresponder con la realidad. Porque hubo 600 centros de detención y 539 causas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales sólo 163 tuvieron sentencia. Hubo 200.000 represores involucrados, entre militares, curas y civiles, pero sólo 2.436 imputados y apenas 689 condenados. El 16 % de los acusados falleció estando en libertad.
Cristina Fernández puso a César Milani al mando del Ejército, comprometido directamente en el genocidio. Y lo sostuvo hasta el final pese a las denuncias realizadas. El excarapintada Sergio Berni, que mandaba militares retirados a espiar a los trabajadores de Lear despedidos, mostró la cara menos amable del “gobierno que no reprime”, atacando a María Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Movilización independiente del Estado
Lo que se enumeró más arriba demuestra la necesidad de mantener una lucha con independencia del poder de turno, para poner en cárcel común y efectiva a todos los genocidas militares y civiles, exigiendo la apertura de los archivos y para poder encontrar a los cientos de personas que aún desconocen su identidad. Esto no lo quiso hacer ninguno de los gobierno llamados “democráticos”.
La causa por la desaparición de Julio López es un monumento a la impunidad y el encubrimiento. Tras diez años de su desaparición y lucha incansable, la diputada Myriam Bregman del PTS-FIT (a su vez abogada de la querella que integraba López) presentó recientemente un proyecto de apertura de los archivos de inteligencia del Estado relacionados al caso, que debe ser tratado en la Cámara de Diputados de forma urgente.
Es necesaria la más amplia organización y movilización de la clase obrera, la juventud y los organismos de derechos humanos para lograrlo. Hay que ser miles en las calles. | 
