El Senado realizó ayer cambios al escrito de la Cámara Baja, que reduce la pena al imputado que otorgue información comprobable sobre autores o cómplices de un delito. El proyecto tuvo 57 votos a favor y 4 en contra, por lo que volverá a Diputados para que se discutan estos cambios.
Las modificaciones principales que sufrió el proyecto de ley fueron varias. En primer lugar el acusado tendrá tiempo de arrepentirse hasta que se eleve la causa a juicio oral y podrá brindar datos, exclusivamente, en la causa que tenga abierta. Esto solamente podrá hacerlo en cuanto involucrados que tengan su misma responsabilidad o una mayor jerarquía.
Otro cambio implica que el fiscal de la causa será el que lleve adelante los acuerdos con el arrepentido y éstos tendrán que homologarse por un juez que corrobore que los datos otorgados sean fidedignos. A través de esta figura el acusado podrá obtener beneficios procesales si otorga información valiosa a la Justicia sobre máximos responsables de la comisión del delito, pero nunca será eximido de su pena de forma total.
Estos beneficios no se extenderán a los funcionarios que puedan caer en un juicio político en el país: Mauricio Macri (presidente), Gabriel Michetti (vicepresidenta), ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
A su vez, tampoco se podrá aplicar esta figura a los acusados por delitos de lesa humanidad y en el caso de que el arrepentido fuese condenado a reclusión perpetua, no podrá tener una reducción mayor a 15 años.
En cuanto a los delitos cometidos en flagrancia - aquellos que son detenidos en el instante que se están consumando - se aprobó, con 63 votos positivos y 3 negativos, abreviar el proceso penal.
Entre los senadores hubo diversas posiciones. Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) sentenció que “la flagrancia le da un enorme poder a las fuerzas represivas bajo la excusa de un proceso rápido y expeditivo. En este marco por supuesto que no oponemos al proyecto”.
Los cuatro senadores que votaron en contra de la norma pertenecen al kirchnerismo: Marcelo Fuentes, María de los Ángeles Sacnum, Ana Almirón, y María Inés Pilatti Vergara.
Pedro Guastavino del FpV, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, declaró que “se eliminó la posibilidad de que el imputado maneje los tiempos de la información”.
Desde el oficialismo, Ángel Rozas, jefe del bloque de la UCR explicó que “está previsto que el juez no pueda determinar la condena basándose exclusivamente en los dichos del arrepentido”.
Por su parte, Liliana Negre -bloque que conduce Adolfo Rodríguez Saá- informó que la figura del arrepentido “está incorporada al derecho procesal, que no ha sido delegado por las provincias” y por ello propuso que esta ley se dé únicamente para delitos federales.
A nivel nacional esta figura legal ya se tiene en cuenta para delitos de trata de personas, lavado de dinero, secuestros extorsivos, delitos de privación ilegítima de la libertad, narcotráfico y terrorismo. Este proyecto busca extender a los casos de corrupción, asociación ilícita, delitos del Código Aduanero, pornografía infantil, prostitución, hasta delitos que atenten contra el orden económico y financiero.
Precisamente el hecho de que no haya demostrado resultado alguno en otras cuestiones donde ya se encuentra reglamentada, fue uno de los argumentos con los que se rechazó la norma desde la izquierda en Diputados.
En la próxima sesión, la Cámara Baja (que en junio elevó este proyecto con 194 votos a favor y 5 en contra) deberá ratificar el proyecto original o introducir los cambios presentados por el Senado. | 
