La solicitada publicada el jueves pasado en La Nación y Clarín -los dos principales diarios de la Argentina- pidió la remoción del juez Daniel Rafecas por “haber desestimado en tiempo record” la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández y el excanciller Héctor Timerman entre otros, por el Memorándum de entendimiento con Irán.
Entre las firmas se encuentran las de conocidos periodistas como Alfredo Leuco, Román Lejtman, Gabriel Levinas y Marcelo Longobardi; referentes como Graciela Fernández Meijide y Waldo Wolf (diputado de Cambiemos y vicepresidente de la DAIA); empresarios como Gustavo Grobocopatel, escritores como Marcos Aguinis y empresarios como el presidente de la Sociedad Rural Argentina Luis Miguel Etchevehere y Miguel Madanes, entre otros.
La solicitada incurre, directamente, en la ratificación de la acusación vertida por Nisman contra la expresidenta y otros funcionarios kirchneristas, por el supuesto encubrimiento sobre el atentado a la AMIA, en 1994, por haber impulsado el Memorándum de Entendimiento con Irán, que finalmente nunca llegó a materializarse en nada.
Además, el escrito prácticamente decreta que el encubrimiento de lo que define como delitos de lesa humanidad, ya de por sí constituye “delito de lesa humanidad”.
Los firmantes alegaron que Rafecas, cuyo fallo fue ratificado en instancias superiores, debe ser destituido por el corto tiempo en que desestimó la denuncia.
Paradójicamente, quienes impulsaron esa solicitada nunca actuaron de manera similar contra las decenas de implicados que hay en la causa por encubrimiento en el caso de la AMIA.
Esta declaración de parte del sector más conservador de la clase dominante deja al descubierto, en parte, una suerte de “guerra” interna dentro de lo que fue definido como el “Partido Judicial” pero que tiene como destinatario a parte de los integrantes del anterior oficialismo.
Desde el kirchnerismo salieron raudamente en defensa de Rafecas, a quien presentaron una como un juez imparcial porque durante el anterior Gobierno denunció al entonces vicepresidente Amado Boudou, ganándose los elogios de la oposición de aquel entonces. Ahora, como no parece responder al actual oficialismo, se gana elogios del kirchnerismo por un lado y tamaña solicitada por el otro.
Operaciones políticas
Lo que busca este sector con la solicitada publicada es reflotar la denuncia realizada por el fiscal Nisman en 2015. El objetivo último pareciera ser presionar por todos los medios para lograr que esa causa se reabra, empujando a la posibilidad de la cárcel para Cristina Fernández.
Como lo consignan distintas encuestas, a pesar de las denuncias que pesan en su contra, la imagen de la expresidenta se mantiene en niveles relativamente altos. Esto puede ser también uno de los factores que mueva a este tipo de operaciones políticas.
Sin embargo, más allá de las posiciones cruzadas sobre Rafecas, el juez es parte de la casta judicial que goza de todo tipo de privilegios y prebendas, casta estrechamente ligada a los servicios de inteligencia del Estado.
Precisamente, quienes hoy defienden a Rafecas no cuestionan ese conjunto de privilegios que implican, entre otras cosas, cargos vitalicios, no pagar impuesto a las ganancias o sueldos que superan largamente los $ 100.000.
Esa misma casta es la decide, con sus fallos, sobre cuestiones que atañen a millones de personas. El último ejemplo, completamente favorable al Gobierno, fue el fallo sobre las tarifas eléctricas de la Corte Suprema. | 
