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Presentación en Tecnópolis
Rodeado por Patricia Bullrich, Marcos Peña, Ricardo Lorenzetti, Sergio Massa, monseñor Lozano y varios gobernadores (tanto de Cambiemos como del arco kirchnerista), Macri realizó la semana pasada el anuncio del plan “Argentina sin Narcotráfico”.
A contramano de lo que sostienen expresidentes de la región, juristas, profesionales de la salud y otros expertos que declaran el fracaso de la "guerra contra las drogas"; y de los avances que se han dado en la región orientados a despenalizar y legalizar el consumo de drogas, el gobierno nacional tomó la decisión de “luchar” contra el narcotráfico impulsando las mismas recetas represivas que han fracasado, por lo menos para combatir precisamente el narcotráfico.
En un discurso simplista en cuanto al tema que se concentra en marcar que el problema está en el consumo, el presidente retomó el concepto de “guerra” contra las drogas. Ese término fue impulsado en los años 70 por el presidente estadounidense Richard Nixon, con el objetivo central de impulsar avances militaristas en distintos países. Fue retomado en varias ocasiones actuando como disciplinador para las masas y la juventud en particular, acompañado de un incremento de poder a las fuerzas policiales (como es el caso de la Fuerza Policial Antinarcotráficos en Córdoba).
Declaración de magistrados
El 29 de agosto, con motivo de cumplirse 30 años desde el fallo Bazterrica dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más de 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país emitieron la Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos.
En el fallo Bazterrica se estableció como inconstitucional el artículo 6 de la ley 20.771, que penaba la tenencia de estupefacientes para uso personal. Este fallo fue retomado en el año 2009, en el marco del caso Arriola, donde se declaró inconstitucional el artículo de la actual ley de estupefacientes (23.737). Por último, el 23 de agosto pasado, la Cámara de Casación Penal amplió la inconstitucionalidad en el caso Arce a casos de consumo en público, siendo que no había terceros afectados.
En la declaración, firmada por 258 magistrados, se sostiene que “la guerra contra las drogas y sus políticas públicas basadas en la criminalización y la represión han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y el mundo entero” y que “las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública”.
Según la declaración, aproximadamente el 70 % de las causas del fuero Federal al respecto se relacionan a delitos de consumo, mientras sólo el 3 % lo hace a delitos de tráfico.
En ese sentido, los funcionarios judiciales afirman que “ante el fracaso mundial de la ‘guerra contra las drogas’ y su enfoque prohibicionista-represivo, se observan como auspiciosas las estrategias de regulación de las drogas actualmente prohibidas como estrategias para asumir estatalmente su control, sus calidades y monopolizar la cadena de valor, como ‘golpe de mercado’ a las redes criminales” destacando el ejemplo de Uruguay, ya que los avances legislativos en el país vecino han marcado un quiebre en la política de drogas a nivel regional.
Mención especial hacen respecto de la Ley de desfederalización, según la cual “las estadísticas demuestran que las provincias que han adherido a la Ley de Desfederalización (26.052), han aumentado la persecución de los consumidores mediante los delitos asociados al consumo (en un 200% en algunas provincias)”.
El posicionamiento emitido en la Declaración es acompañado por varias organizaciones internacionales como el Comité Científico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OEA, la OMS, el INADI y otras entidades de la ONU (que a pesar que sostiene que fracasó la guerra contra las drogas, en la última reunión mundial se negaron a tratar el tema, incluso proponer políticas como la de reducción de daños.
Entre las recomendaciones expuestas, se plantean “proceder al debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo de estupefacientes”, la reglamentación de la ley 26934 (Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos), la derogación de la Ley de Desfederalización (26.052), la consideración del desarrollo de políticas de regulación de sustancias prohibidas, la garantía al acceso a sustancias prohibidas con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor, así como el impulso al desarrollo científico respecto de las potencialidades médico terapéuticas de las sustancias.
En el Congreso
Mientras tanto en la Cámara de Diputados se va a someter a votación en los próximos días un proyecto de reforma de la ley 23.737, en la cual se aumentan las penas en cuanto a multas e inhabilitaciones especiales, y se incorporan precursores químicos a las sustancias prohibidas.
Indistintamente de si se encuentra o no relacionado con las declaraciones del presidente respecto de las instituciones “corrompidas”, el aumento de penas como solución al problema del narcotráfico está probado por la historia que no lo soluciona. De lo contrario, ya habría sido resuelto, teniendo en cuenta que la Ley de Estupefacientes es de las más retrógradas y severas del país. Hoy en día el 30,99% de los detenidos en prisiones federales están imputados por violar esta ley.
A principios de este año la ministra Patricia Bullrich había tenido reuniones con la DEA (agencia de control de drogas estadounidense) para avanzar en políticas de narcotráfico e inteligencia criminal y había solicitado préstamos del exterior para su ministerio. Con lo cual, no sólo son políticas que buscan desviar el ojo de los grandes narcotraficantes (que siempre están vinculados a empresarios, banqueros y fuerzas de seguridad), sino que además son digitadas por los Estados Unidos.
La solución al narcotráfico no llegará de la mano de la DEA, que regula el negocio, como se mostró en múltiples informes periodísticos. Tampoco de la mano del Presidente Macri, que se niega a dar una salida que es recomendada por varias entidades internacionales y un arco político cada vez mayor.
Mientras tanto, la ministra Bullrich en marzo había declarado que como gobierno no iban “a hablar de despenalización”, para luego militarizar la Villa 31 en abril en un gran “operativo antidrogas” militarizándola con una ocupación de 300 policías del Cuerpo de Permanencia.
El gobierno prefiere orientarse a retomar las recetas de Estados Unidos, siendo que ése es el país no productor con mayor consumo de drogas ilegales. En ese sentido, en enero, el Gobierno emitió el decreto de Emergencia en Seguridad, que le daba a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir en seguridad interior, aumentar la seguridad fronteriza y la posibilidad de derribar aviones, políticas sugeridas por el gobierno yanqui.
Uno de los nuevos objetivos planteados por el plan, el de eliminar el consumo de paco en cinco años, se torna utópico si se lo acompaña con leyes más represivas (aún si se destinan a las “instituciones corrompidas”), si se orienta el problema al consumidor y no al gran narcotraficante, y si las “soluciones” siguen pensándose desde la criminalización en lugar de la salud. El discurso con aires de preocupación por el bienestar de los jóvenes no condice con los fondos que se destinan al sistema de salud nacional.
En un sentido opuesto por el vértice, Nicolás del Caño y Myriam Bregman habían presentado en mayo de este año un proyecto de legalización de la marihuana y todos sus derivados, en el marco de la masiva Marcha Mundial de la Marihuana que pelea por este objetivo.
La despenalización y la legalización de todas las drogas es el primer paso para terminar con el narcotráfico y los crímenes que se cometen por este negocio sangriento. | 
