Después de publicar el testimonio de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, habla la abogada que los representa. Un testimonio tan jurídico como humano.
Fotografías de María Paula Ávila y archivos de Hugo Cardozo y Claudia Cesaroni
Claudia Cesaroni es abogada. Desde hace algunos años su organización, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), está al frente de la representación de la querella en el caso de la Masacre en el Pabellón Séptimo. Tras reunir pruebas e investigar el expediente junto a un puñado de sobrevivientes de aquel infierno, acontecido el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Villa Devoto, hoy espera el avance de una causa que ya es considerada “delito de lesa humanidad”.
Los tres sobrevivieron y, tras décadas de lucha, están más decididos que nunca a llevar su causa hasta un juicio en el que todos y cada uno de los culpables de aquella masacre (los que no murieron aún impunes) terminen pagando por ese crimen masivo.
Claudia Cesaroni los representa jurídicamente. Pero sobre todo los acompaña en esta lucha. La Izquierda Diario analizó con ella los hechos ocurridos hace 38 años y la actualidad del proceso judicial.
¿Como llegaste a la historia de la masacre del Pabellón Séptimo y cómo llegaste a participar en la causa?
Yo llego al mundo de la cárcel a través los presos políticos de la dictadura. Estamos hablando del año 1985 aproximadamente, cuando aún quedaban presos heredados de la dictadura y ahí empecé un poco a conocer la cuestión de la cárcel y los presos políticos. En ese contexto me encontré con dos libros, Crónica de muertes silenciadas de Elías Neumann y Los Derechos Humanos en el “otro país” de Daniel Barberis. Ahí me enteré de lo ocurrido en Devoto y me asombró que prácticamente no se conociera, que no hubiera juzgados, que no hubiera avanzado ningún juicio.
El relato del libro de Neumann es en primera persona, porque es de un sobreviviente que a los dos días que pasó todo le cuenta a su abogado (Neumann) lo que había pasado y entonces tiene un impacto sobrecogedor.
Eso quedo ahí, pero siempre dándome vueltas. Mucho después, cuando trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos y empezaron los juicios por delitos de lesa humanidad, a mí me parecía que éste era un caso que debía investigarse como un delito de lesa humanidad. Pero todavía en ese momento era como que nadie lo veía, ni siquiera mis propios compañeros abogados. No era que políticamente no se veía pero me decían que era muy complicado.
En 2008, de casualidad, encontré en un diario de La Plata una entrevista a Hugo Cardozo, en el marco de que se cumplían 30 años. Ahí él se decía sobreviviente del hecho y planteaba que se trataba de un delito de lesa humanidad. Guardé esa nota en mi correo electrónico. Entonces traté de convencer a algunos compañeros pero es como que no había mucho espacio político para avanzar en eso. Y quedó también ahí.
¿El argumento para no tomar la causa era que no se trataba de presos políticos sino de presos “comunes”?
Claro. No era que no se viera lo terrible, lo grave, lo horrible, lo espantoso. Pero motines había montones y se consideraba que la dictadura no se proponía matar presos comunes sino que tenía otros objetivos.
Y además se presuponía que el intento no iba a tener éxito. Pero hay que decir que en todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido una constante avanzar en cuestiones que al principio parecían que no se podía avanzar. Por ejemplo hablar de los delitos sexuales como tortura y como delito autónomo, nadie lo veía hasta que alguien lo vio. Y así es como se fue avanzando.
O la misma incorporación de la figura del genocidio en los juicios
Sí. O la actuación de civiles. Si uno lee ahora la sentencia del juicio a las juntas militares dice “esto quedó atrasado”, en términos de todo lo que se hizo posteriormente. Pero bueno...
Estábamos en cómo llegaste a la causa
Pasó el tiempo y en 2011 se estrenó la película El túnel de los huesos, que cuenta una fuga real (aunque un poco ficcionada) de la cárcel de Devoto. Ahí se relata que, supuestamente, los que se fugan encuentran huesos y al final hay una leyenda que dice “estos huesos podrían pertenecer a...”.
Yo miré esa película y dije “esto es una señal, algo tengo que hacer”. Y le escribí al director, Nacho Garassino, preguntándole si conocía a algún sobreviviente del pabellón séptimo. Me dijo que no pero que si aparecía alguien me avisaba. Un día en su página de Facebook Hugo le escribió y entonces Nacho me pasó el contacto.
Hugo Cardozo es trasladado al Hospital Salaberry (14-03-78)
¿Hasta entonces con Hugo no se conocían?
No. De hecho sin la existencia de Facebook quizás no lo conocía nunca. Entonces le escribí y nos juntamos en una confitería de La Plata. Era septiembre de 2011. Yo ya venía escribiendo un blog sobre el tema, donde juntaba información. La idea la tomé de un libro escrito por un español que contaba que con un blog había hecho toda una causa judicial. Con el blog empecé a buscar y buscar sin saber muy bien qué iba a hacer con eso. Cuando me encontré con Hugo le conté todo eso y le dije que si él quería, en principio, le proponía hacer una investigación y publicarla. Y si teníamos elementos nos podíamos tirar a avanzar judicialmente.
¿Por dónde empezaron?
Lo primero que hicimos fue conseguir la causa. Nos presentamos con él y con Denise Feldman, otra compañera abogada. Aprovecho para aclarar que no actúo sola en la causa como querellante, sino con otros compañeros abogados como Denise, Natalia D’alessandro y José Legarreta.
Nos presentamos en el juzgado de instrucción. La causa estaba recontra archivada, aunque tiempo después nos enteramos que había tenido algún movimiento reciente. Resulta que el abogado Javier Canosa, hijo del amigo del Indio Solari (Luis María Canosa, muerto en la masacre, NdR), había hecho un reclamo indemnizatorio y se lo concedieron, ya que su padre estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En ese pabellón sólo había tres presos a disposición del PEN. Pero de todo eso yo en ese momento no sabía nada. Así llegué al caso y así conseguimos recuperar la causa.
Razones de sobra
¿Por qué aseguran, los sobrevivientes y ustedes, que se trata de un delito de lesa humanidad?
Nuestro argumento central es que la dictadura no tenía un objetivo de aplastar sólo a los sectores políticos sino a cualquiera que lo resistiera. Desde ese lugar yo lo considero delito de lesa humanidad. Ahí es donde tenemos la diferencia con el juez Daniel Rafecas, que es uno de los jueces más progresistas y al que respeto mucho, pero su argumento es que la dictadura tenía un plan de exterminar a los militantes políticos. Incluso no lo llama genocidio sino politizidio. Entonces para él este hecho no entraba dentro de los objetivos de la dictadura, no era parte del plan sistemático, por lo que no se lo puede considerar delito de lesa humanidad.
Como para no decirnos a todo que no, en su resolución Rafecas le dio una vuelta de tuerca al asunto y dijo que sí se trató de una grave violación de derechos humanos, por lo tanto es imprescriptible y debe ser investigado. Pero quien debe investigarlo es la justicia de instrucción.
Sin embargo muchos desaparecidos no eran militantes políticos
Claro. Rafecas incluye como militante político a cualquiera que realizara una actividad política en término amplio, un dirigente gremial, un dirigente estudiantil también. Pero un preso no. Y nosotros decimos que el objetivo era aplastar cualquier conato de resistencia. Y la cárcel es un territorio como cualquier otro, y es territorio de lucha y de disputa como cualquier otro. Es más, ni siquiera usamos como argumento central que hubiera tres detenidos a disposición del PEN porque nosotros queremos sostener que aunque no hubiera habido ningún PEN ahí igual se produjo un delito de lesa humanidad.
En la audiencia en la que tuvimos que sostener nuestra demanda ante la sala I de la Cámara Federal hicimos un planteo que puede parecer demasiado sencillo, pero yo creo que el derecho debería ser más sencillo de lo que a veces es. El planteo es el siguiente: yo fui estudiante secundaria durante la dictadura; en esa época todas las chicas teníamos que ir a la escuela con pollera por la rodilla y los varones con pelo corto; si hubiéramos encabezado una rebelión porque las chicas queríamos usar minifaldas y los chicos pelo largo y nos hubieran secuestrado y asesinado pero no éramos militantes políticos ni combatíamos la dictadura ¿qué hubiera sucedido? El argumento por ahí parece muy básico, pero sirve para demostrar que no es posible reducir el plan sistemático a la persecución de un sector que tuviera clara su mirada política. Eso deja afuera, por ejemplo, a los presos históricamente transformados en escoria, como los presos comunes o sociales.
¿Hay otros organismos de derechos humanos que los acompañan?
Antes de empezar con todo esto nosotros enviamos un mail a todas las organizaciones de derechos humanos que quisieran sumarse a esta iniciativa. Entonces se sumó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que son querellantes, y la Asociación de Familiares de Detenidos, con quienes venimos trabajando hace mucho. Luego, mientras fue avanzando la cosa, todos los organismos se fueron sumando. También la Comisión Provincial por la Memoria, que presentó un amicus curiae y Hugo Cañón, su vicepresidente, que siempre fue una persona muy solidaria con estos temas también acompañó. El único organismo que no se sumó fue el CELS, que entiende que el caso no debe considerarse delito de lesa humanidad.
Acá también se dan las diferencias de argumentos. Algunos entienden que ése no era el objeto de persecución de la dictadura y que no podía entenderse dentro del plan sistemático. A mí me cuesta entender ese planteo. Es como que da cosa “abrir demasiado”. No lo entiendo claramente.
Juan, Hugo y Roberto coinciden en la tesis acerca de las razones de la masacre. Ellos dicen que fue planificada, que hubo premeditación y que no se puede obviar el contexto, ya que se venía el Mundial de fútbol…
Sí, todo eso lo decimos nosotros en nuestro escrito de presentación. Y lo sostenemos con relación a las presas políticas, que jugaron un rol muy importante en esto. Cuando todo empezó fue muy importante el contacto con Graciela Gravisevich y otras expresas políticas, incluso encontramos algunos documentos por Internet donde presas políticas de ese mismo año o de años siguientes denunciaban esto como una masacre. También nos sirvió mucho la sentencia en el caso de Trelew y la presentación del fiscal en ese caso, porque tiene que ver también con el elemento ejemplificador.
En Devoto, en el mismo momento de la masacre, había mil presas políticas. Yo quise demostrar, en el libro y en la causa, que no es que había dos servicios penitenciarios, uno para los presos comunes y otro para los presos políticos (o las presas en este caso). Era el mismo Servicio Penitenciario. El jefe de Seguridad que iba y que les decía a las chicas “ustedes salen de acá muertas o locas” era el mismo que ordenaba la represión a los comunes. Entonces desde qué lógica se puede sostener que no es delito de lesa humanidad si es el mismo aparato organizado que realizan las mismas acciones.
Además todo comandado en ese momento por el Ejército
Sí, claramente. Por eso yo no hice más que buscar la información que ya estaba de la dependencia funcional del Servicio Penitenciario. Están los decretos desde el 24 de marzo del 76 que ordenan que las fuerzas de seguridad, y expresamente el Servicio Penitenciario, pasaban a depender del Ejército, del Primer Cuerpo en el caso de la cárcel de Devoto.
Y hay otro elemento que fue fundamental. Hay un libro del psicólogo Carlos Samojedny, que es uno de los asesinados en la discusión en la Tablada. Él había estado detenido en Rawson y escribió el libro Psicología y dialéctica del represor y el reprimido. Es una descripción muy impresionante de todo el programa de destrucción psicológica y física de los presos políticos en Rawson. Yo leía ese libro y decía “pero esto es lo mismo que para un preso común”. O sea no hay distinción ni la había. Esos regímenes de destrucción del alma humana y del espíritu y el cuerpo no tienen distinción.
La cuestión del Mundial también la decimos. La masacre sucedió un mes y medio antes del Mundial. La dictadura no podía permitirse un relato de una rebelión en la cárcel más importante del país, la más visible, la que funcionaba como la cárcel estrella, la “cárcel vidriera” que la dictadura mostraba, esa a la que iba la Cruz Roja a visitar. Y esa acción brutal, ejemplificadora, les iba a costar muy poco porque eran presos comunes. Eran los “drogadictos”. Nosotros buscamos en los diarios del día siguiente y decían “pabellón de drogadictos”. Era un pabellón donde había mucha gente joven, justamente había mucha gente detenida de razzias.
El mismo Luis María Canosa estaba preso por drogas
Bueno, su caso es muy particular, porque no se explica por qué estaba a disposición del Poder Ejecutivo con otros dos si la causa por la que lo detienen es por tenencia de drogas. Uno de los otros dos es Germán Jascalevich, que está en Brasil y que logramos que testimonie, lo ubicamos y vino. Él también estaba detenido por tenencia de drogas y curiosamente a disposición del PEN. Y gran parte del resto eran presos que estaban detenidos por casos sumamente menores en términos de delitos, como robos, estafas, drogas, detenciones en las calles.
En ese sentido la saña contra ellos no tenía mayores “costos”
Claro, era gratis.
La masacre
Si bien en la entrevista que ya se publicó ellos cuentan detalladamente los hechos ¿cómo los relatarías sintéticamente vos?
En el expediente judicial está práticamente todo explicado, o sea que no había que investigar mucho. En ese pabellón había 160 personas, al momento de los hechos habían 145 porque una parte se había ido a tribunales o a trabajar. Hay 64 muertos y casi 100 sobrevivientes. Todos los que se salvaron declararon. Lo hicieron en la cama del hospital, medio quemados con los penitenciarios al lado pero declararon, y aún en esas condiciones varios contaron cosas terribles. O sea que está dicho ahí.
Yo lo que hice fue reconstruir una escena del crimen en base a todos los testimonios, más Hugo, más las expresas políticas, más los sobrevivientes que fueron apareciendo.
Los hechos fueron así: el lunes 13 de marzo de 1978 la gente estaba en el pabellón con un solo televisor. Quien ahí maneja el televisor es un poco el que tiene el manejo de las cosas. En ese caso era un preso de apellido Tolosa. Yo llegué a determinar que estaban viendo una película muy larga por Canal 13, que se llamaba El cañonero Yang-Tsé, que imagino debe haber sido atractiva para los presos porque trata de un motín a bordo de un barco.
La cosa es que la película terminó más tarde que el horario permitido y entonces llegó un penitenciario, al que le decían el “Karateka” o “Kung Fu” y, de mala manera, les dice que apaguen el televisor. Es probable que Tolosa le haya dicho que no jodieran, que no rompieran las pelotas, y que el otro directamente les bajara la electricidad y quedara volando una cosa así como una amenaza. A la madrugada una patota lo quiso ir a sacar a Tolosa, una práctica absolutamente habitual, y no pudo.
¿Hubo resistencia ahí?
Lo quieren “capear”, que sería llevárselo, o “empapelarlo”, que sería sancionarlo. Lo dicen los mismos penitenciarios que lo fueron a buscar, por como son burócratas dejan todo escrito: “3 AM lo fuimos a notificar de la sanción a Tolosa”. Tolosa se resistió a salir y entonces le dicen algo así como “ya te vamos a venir a buscar”.
En nuestra presentación decimos que ésa era una patota que actuaba como cualquier otra en ese momento, cuando a la madrugada iban a buscar alguien a su casa. Con la diferencia de que como esto era un pabellón con 160 tipos no iban tan “pertrechados” y se fueron.
A eso de las 7 y pico de la mañana volvieron, pero ahora con doble formación de cuerpo de requisa, con la que llaman “la volanta” que es como una especie de cuerpo especial, para momentos especiales.
Entraron con particular brutalidad. Algunos presos, no todos, intentaron una especie de resistencia interponiendo camas para que no avanzaran. Y este es otro momento en el que nosotros nos basamos para hablar de masacre, por que ningún penitenciario estuvo herido, nunca corrió riesgo la vida de ningún penitenciario, no los tomaron de rehenes, sólo los empujaron.
Es decir que no había ningún motín
Claro. Motín es cuando se asume el poder que tiene la autoridad, cuando se le saca el poder, sea para protestar o para impedir que te revienten a palos. Pero en este caso lo que hicieron fue correr a la requisa, sacarla. La requisa salió y cerró la puerta. Y esa retirada fue cubierta con disparos desde la pasarela, desde el “pajarito”.
Ahí los presos ponen los colchones para tratar de que los disparos no pasen. Entonces hay varias versiones de cómo se desató el incendio. Hugo tiene un recuerdo de algo que vuela, como un calentador, y que había bidones de kerosene, por que ellos hacían todo con kerosene. Pueden haber sido las granadas de gas lacrimógeno, las balas, puede haber sido todo junto. Lo cierto es que se produce el incendio y, lo que es evidente y eso nosotros también lo decimos, no importa tanto qué produjo el incendio sino que nadie lo apagó. Y no sólo no lo apagaron sino que a los minutos estaban los bomberos y no los dejaron entrar. Eso también esté dicho por el jefe del cuerpo de bomberos y eso también está anotado.
Los bomberos dijeron que legaron y les dijeron “que por razones de seguridad” no podían entrar. ¿Y quién lo dijo? Todavía no pudimos interrogar a nadie, pero los mismo bomberos dijeron “nos los ordenó el subdirector de la cárcel”. Y sabemos que el subdirector estaba a cargo de todo ya que el director no estaba.
Lo posterior es todo el horror. Ya directamente el relato de los sobrevivientes de cómo pudieron salir de ahí, todo es horrible.
Otro momento que nos basamos para hablar de la alevosía, de lo deliberado, de la intencionalidad, de lesa humanidad, es que no sólo murieron presos adentro, sino que siguieron matando a los que salían, reventándolos a golpes. En el caso de Tolosa tenemos una versión de que los penitenciarios van recorriendo celda por celda hasta que lo encuentran, lo sacan y le pegan un balazo. E incluso hay un testimonio de un preso chileno, que ahora esta en Chile y aún no lo pudimos traer pero creemos que en el momento del juicio va a declarar aunque sea por videoconferencia, que nos dijo que al preso que vio cómo lo mataron a Tolosa también lo mataron, para que no quedaran testigos.
Jueces y fiscales cómplices
Teniendo en cuenta que estábamos en plena dictadura, ¿en ese momento cómo actuó el Poder Judicial?
Lo primero que hay en la causa es un sumario de instrucción que hace el propio Servicio Penitenciario, donde se anoticia al juez federal Guillermo Rivarola y a su secretario, Enrique Guanziroli, quien hoy es camarista. Justamente ése puede ser el “hueso más duro” de roer para nosotros, porque Guanziroli hoy es camarista federal. Es quien juzgó, por ejemplo, en el caso “Trelew”.
También en ese momento participó el fiscal que después estuvo en el juicio a las juntas militares, Julio Strassera, ¿no?
Sí. Strassera ya murió, en ese caso no podemos hacer mucho.
Qué rol jugó Strassera en ese caso?
Él era el fiscal de esa causa. Él es quien llega el expediente, lo mira y dice “esto no es federal”
¿Y quién desestima la causa en 1979?
La desestima el juez Valerga Aráoz, que era el juez de instrucción. Pero ahí hay toda una discusión de competencia entre él, el juez federal Rivarola y su secretario Guanziroli.
De todos modos yo creo que todo fue organizado por el Servicio Penitenciario y en todo caso el juez Rivarola lo único que hacía era firmar lo que le pedían. De allí que en el expediente figure, por ejemplo, que al único que ordenan incomunicar, supuestamente por decisión de Rivarola, es a Tolosa.
Es decir que toda la instrucción del caso está armada
Sí, claro. Según el expediente el Servicio Penitenciario dice que fueron “a hacer una requisa como cualquier día”. Ahí el tema de la película, la televisión, no existe. Dicen “nosotros fuimos a hacer una requisa y los presos se opusieron brutalmente, agredieron al personal penitenciario”, y ponen que hubo cinco heridos. Pero los cinco heridos son con algunos rasguños. Ellos mismo lo dicen. Ninguno está quemado ni lastimado. Sólo rasguños. Es ridículo.
Entonces dicen, como siempre pasa, “prendieron fuego los colchones e impidieron que apagáramos el fuego”. No hacen mención al problema con Tolosa ni nada. ¿Pero entonces por qué lo incomunican sólo a él? No tiene lógica. Y no sólo dicen que lo incomunican sino que lo mandan al hospital del quemado. Pero no existe ninguna constancia de que haya vuelto ni vivo ni muerto de allí. Nosotros pensamos es que ya estaba muerto.
¿Cómo siguió su curso la causa?
Decía que hubo problemas de competencia. Así la causa fue y vino. Strassera consideraba que la causa no era federal y Rivarola decía que sí. Como hay un problema de competencia con el juzgado de instrucción eso va a la Corte, que finalmente resuelve que la causa no es federal, que es un delito que tiene que investigar la justicia de instrucción. Va a la justicia de instrucción y el juez, que era Jorge Valerga Aráoz (uno de los jueces del juicio a las juntas) archiva la causa de una manera vergonzosa. En una carilla y media dice algo así como que “acá hay dos versiones, la del Servicio Penitenciario y la versión de los presos; no podemos saber cuál es la verdad”. Una teoría de los dos demonios pura y dura. Entonces dicta el sobreseimiento y chau. Eso fue en julio del 79.
¿Y una vez terminada la dictadura?
De vuelta en democracia, cada tanto aparecía alguien que decía “yo vi, yo estuve, yo sé lo que pasó”. Entonces vuelta a dar testimonios y a citar a quienes estuvieron. Pero a los del Servicio Penitenciario nunca los indagan, ni tampoco los imputan, sólo se los cita a prestar declaración informativa. Y ahí todos contestan con un disrcurso unficiado todo esto que acabamos de decir.
¿Cómo esta ahora la causa?
Cuando nosotros nos presentamos en 2013, el fiscal Federico Delgado tampoco nos acompañó. Citando la sentencia de la “causa 13”, que es la del juicio a las juntas, Delgado dice que de ninguna manera esto podía entenderse como parte del plan sistemático de la dictadura. Lo que sí dice en su dictamen es que debe investigarse como una violación grave a los derechos humanos.
Igual que lo que dice Rafecas
Exacto. Pero hay un problema. La “grave violación de los derechos humanos” es una construcción teórica para casos que suceden en democracia y que no se investigan, por ejemplo el caso de Walter Bulacio. Como no se investigan en tiempo y forma entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró una vuelta de tuerca para decir “grave violación, es imprescriptible, investíguenlo”.
Pero nosotros no aceptamos eso. Porque, además, lo quitaba de la competencia federal y mandaba todo de nuevo a Instrucción, donde la causa estuvo archivada 36 años.
Entonces discutimos esos argumentos. Y el 14 de diciembre de 2014 la Cámara Federal nos dio la razón y dijo que sí es un delito de lesa humanidad, que la competencia es federal y que el juez Rafecas lo tiene que investigar.
En la causa declararon todos los sobrevivientes que nosotros logramos ubicar. Y fueron a declarar todas las presas políticas. Hace poco murió Liliana Chiernajowsky, que dio una declaración muy conmovedora porque planteó que era un delito de lesa humanidad y que muchas de esas prácticas siguen sucediendo.
De hecho algo parecido pasó en 2005 en el penal de Magdalena, donde murieron 33 presos. Algo que denunció la Comisión Provincial por la Memoria
Tal cual. Yo también quiero meterme en algún momento con la causa de la masacre de la cárcel de Santiago del Estero, el penal de varones donde murieron 39 presos que estaban prácticamente abandonados, los más pobres de los pobres, en un hecho igual a éstos donde tampoco hay condenados.
Para mí el mayor logro de esta investigación es que se deje llamar el “motín de los colchones”, que todo el mundo sepa que fue una masacre, que se difunda lo que pasó de verdad. Y que los sobrevivientes sean reconocidos como tales.
El número oficial de muertos es 64. ¿Podría haber más?
El dato oficial es 64, sí. Pero podrían ser más. Hay un caso muy impresionante, el de Jorge Hernández Rodríguez. El 15 de marzo de 1978, al otro día de la masacre, un padre y una madre miraron el diario Crónica y vieron la imagen de un joven llevado en calzoncillos por un enfermero. “Ése es Jorge”, dijeron. Entonces se presentaron ante la Justicia. Pero ese chico no esta ni como vivo ni como muerto. Y se trata de un chico uruguayo que estaba secuestrado desde el 23 de agosto del 77, que lo habían secuestrado después de que lo echaran de Sasetru. Un caso típico de secuestro por militancia sindical.
¿Y hoy sigue desaparecido?
Sí. Pero hasta ese 15 de marzo el padre y la madre aseguran que estaba vivo porque lo vieron en la tapa de Crónica. Y así lo testimoniaron ante la Conadep, donde hay un legajo sobre el caso y nosotros lo presentamos en la causa. Un legajo en el marco de la causa del Plan Cóndor, ya que este chico era uruguayo. Cuando tomamos contacto con el legajo fuimos a buscar la foto, se la llevamos a Rafecas y le dijimos “mirá, no sólo es delito de lesa humanidad por todos los argumentos ya dados sino que además puede ser que tengas un desaparecido acá. Y como podés tener uno, podés tener cinco. Y si te ponés a pensar, se podría decir que prendieron fuego a un pabellón para sacarse de encima a esa gente”.
¿Con cuántos sobrevivientes se contactaron además de Hugo, Roberto y Juan?
Con unos diez o doce, más o menos.
¿Y el resto?
El juzgado está llamándolos. Tienen el mismo listado que nosotros. Hasta ahora no han logrado traer a uno solo más de los que nosotros les llevamos. Algunos están muertos, otros van a la casa y no los encuentran.
Hay que pensar que pasaron 38 años y muchas eran vidas basadas en el delito como trabajo. Entonces hay varios que sabemos que murieron en tiroteos, por ejemplo. Así que por el momento manejamos ese número de 64 muertos. Y aparte el caso de Jorge Hernández Rodríguez.
Vos trabajás en el tema cárceles. Si tenés que hacer una reflexión acerca de la cárcel hoy, ¿cómo lo ves?
La cárcel es un territorio, como es la sociedad. Y la sociedad está divida en clases. La cárcel reproduce en su interior las diferencia de clase.
De todos modos el nivel de violaciones a los derechos humanos que se da adentro de las cárceles es brutal. ¿Por qué pensás que esto no sólo no cambia sino que empeora?
Por que a la inmensa mayoría de la gente le importa un bledo. Porque está tan presente la idea del castigo y del que las hace las tiene que pagar que todos dicen “bueno, no hubiera robado”.
¿Y sobre el rol del Estado qué opinás, mas allá de los colores políticos?
Yo creo no hacen nada porque políticamente no les cuesta. Todos los gobiernos son, fundamentalmente, pragmáticos y apelan a aquello que cuesta poco. Y si se quiere hacer una cárcel que “funcione bien”, para decirlo de alguna manera, cuesta mucha plata. Porque eso implicaría tener, por ejemplo, buenos sistemas de salud ya que las cárceles están llenas de gente que está muy lastimada. Hay una concentración de gente que requiere mucho servicio y eso implica mucho dinero. Porque justamente son lo más pobres, los más lastimados.
En Devoto capaz que de los 1.700 presos que hay todos tienen la boca podrida, todos tienen problemas de estómago. ¿Se entiende? Habría que destinar guita para mejorarles la vida. La mayoría no tiene la primaria terminada, entonces habría que destinar guita para educarlos. Y me parece que se termina diciendo “para qué pongo guita acá si esto no me redunda en nada”.
Para mí, por ejemplo, durante la gestión de Víctor Hortel se intentó “humanizar” la cárcel. Al menos en términos de decir “loco, son presos pero tienen derecho a tocar la guitarra”. Fue la época de “Vatayón militante”, donde con errores, con dificultades, con cosas cuestionables, la posición de Hortel era que las políticas públicas tienen que atravesar las cárceles, ya que esas personas tienen derecho a todas las políticas de inclusión, incluido divertirse y pasarla bien. Bueno, al final lo revolearon a Hotel.
¿Lo que se privilegiaba, en definitiva, era no hacer olas?
Mirá, los familiares de los presos hoy dicen que aquella fue la primera vez que no se los maltrataba, que se sintieron un poco más personas.
Los tres sobrevivientes del Pabellón Séptimo, incluso uno de ellos que salió de la cárcel hace dos años, coinciden en que la brutalidad del Servicio Penitenciario está intacta
De eso no hay dudas. Porque no le importa a nadie. Las organizaciones políticas, por ejemplo, ¿cuándo van a la cárcel? ¿Por qué no van? Si es un territorio, la gente vota.
Me parece que hay como cierta hipocresía de asombrarnos de la brutalidad de la cárcel, porque en realidad eso es cotidiano. Creo que hay que ir más, hay que estar más. Por suerte los familiares ya empiezan a aparecer más como un colectivo. Pero la sociedad tendría que entrar más a la cárcel y no ver todo como una especie de zoológico. Ahí está el pueblo, una parte del pueblo está presa.
¿Alguna reflexión final sobre la causa?
Para nosotros es un esfuerzo muy grande seguir esta causa. Cada uno trabaja en otra cosa, llevamos un montón de causas. Por eso necesitaríamos un acompañamiento más fuerte del Ministerio Público Fiscal, concretamente del fiscal Delgado. Se podría avanzar más, vemos que la causa está lenta. Hay un montón de testimonios ya. Se puede avanzar un poco más en ir directamente sobre las responsabilidades directas. Elementos hay.
Nosotros hemos imputado en el escrito de inicio a toda la línea del Servicio Penitenciario Federal, pero no hemos pedido aún indagatorias. Estamos pensando en hacerlo prontamente. Queríamos tener un poco más de documentación. Lo que pasa es que el juzgado ahora está en centro de la tormenta porque le caen todas las causas de investigación sobre el gobierno anterior. En el contexto de otras causas de lesa humanidad, yo pido que no se pierda el norte de que hay también una cuestión biológica y un derecho de los sobrevivientes. Ya pasaron 40 años.
