Según un informe publicado por el Departamento de Censo, Estadística e Investigación Operativa del Servicio Penitenciario Federal (SPF), de los 10.274 detenidos en diciembre de 2015, 3196 se encontraban en la cárcel por violar la ley de estupefacientes. En la actualidad, 2.373 de estos detenidos están procesados, mientras que solo 823 ya recibieron su condena.
Por su parte, el fiscal Federico Delgado dio a conocer que respecto de las causas a su cargo en el mes de abril, de 453 causas iniciadas, el 83%, unas 376, fueron por infracción a la ley de drogas. De esas 376 causas, 250 fueron por consumo personal. En comparación al registro de noviembre de 2015, de esta publicación surge que “en relación con el período anterior inmediato, la cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo personal se incrementó en casi un 30 por ciento”.
A partir de la Ley de Desfederalización (26.052), sancionada en el año 2005, a la que adhirieron las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, Misiones y Catamarca, fue transferida la competencia de algunos delitos “leves” de la Ley de estupefacientes de la justicia federal a las respectivas provinciales. Entre estos delitos se encuentra la tenencia simple, tenencia para consumo personal y comercio, distribución, almacenamiento o transporte de dosis destinadas al consumidor.
Aun existiendo esta ley sancionada bajo el gobierno kirchnerista, entre el año 2002 y el 2016, el porcentaje de detenidos por la Ley de Estupefacientes creció de un 22,51 % a 30,99 %.
Mujeres detenidas por la ley de estupefacientes
En un informe publicado por la revista Pensamiento Penal a principios de septiembre, realizado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria Nacional en coordinación con el Equipo de Estadísticas y Bases de Datos del mismo organismo, se destaca que el 61,2 % de las mujeres recluidas bajo la órbita del SPF, lo está por delitos relacionados a drogas.
Los autores del documento manifiestan más de una vez que es una deuda pendiente “la producción de datos estadísticos consistentes que brinden información sobre la población femenina alojada en el ámbito del SPF”.
De los 10.274 detenidos por el SPF al 31 de diciembre de 2015, el 7 % eran mujeres, es decir, 726.
Luego de un brutal crecimiento de la población femenina en dichas cárceles, “en los últimos años y con más énfasis a partir del 2012, hubo una disminución de la población penal femenina en el SPF, aunque sigue manteniéndose en porcentajes superiores a los registrados con anterioridad a la ley 23.737”. Una fuerte hipótesis que explicaría esto, hace referencia a “la influencia de las leyes de desfederalización llevadas adelante por algunas provincias. En este sentido, recientes investigaciones indican que, por ejemplo en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, la población penal femenina aumentó significativamente producto de la transferencia de competencias a la órbita de la provincia en lo que hace a la persecución de delitos de drogas”.
Al momento de la publicación del informe, no se contaba con datos para establecer una diferenciación específica de qué delitos habían sido cometidos y por qué actores. Del total de las mujeres detenidas, casi el 74 % es menor a 44 años.
En cuanto a su condición de reclusas, sólo el 27 % tiene condena firme y el 53% tiene una pena entre cuatro y cinco años . El 31,6 % tiene una pena de hasta cuatro años. Es decir, el 81,6 % tiene condenas menores a 5 años.
Respecto de la maternidad de las reclusas, el documento afirma que “en este punto, no se pudo dar con datos precisos respecto de la totalidad de los casos, dado que las instituciones carcelarias no tienen sistematizada esta información. Del total de la población relevada, sólo se pudo acceder a datos de 278 mujeres”, de las cuales el 80 % es madre. De las 224 que componen ese porcentaje, el 84 % es madre soltera, separada o viuda.
Situación de las personas trans
Un punto aparte merece la situación de las personas trans, en tanto “en los últimos años, se ha verificado un aumento en las detenciones de mujeres trans por causas vinculadas a delitos de drogas”. A pesar de la falta de recolección de datos sobre esta población específica por parte del SPF, “se pudo relevar que para diciembre del 2015 había un total de 27 mujeres trans alojadas en la Unidad Residencia VI del Complejo Penitenciario Federal. De este total, el 70.4 % se encontraba detenida por infracción a la Ley 23.737”.
Quienes integran el Equipo de Género y Diversidad Sexual agregan que “las mujeres trans, históricamente, han sido foco de persecución por parte de las fuerzas de seguridad, lo que las ubica dentro de los sectores más criminalizados y encarcelados, ahora también, por las políticas de drogas”.
Rejas y paredes, para que todo siga igual
En una nota anterior nos hemos referido al nuevo plan del macrismo y los déficits de la “mano dura” en la “guerra” contra las drogas. El discurso recurrente contra las drogas como fenómeno creador de delincuencia no tiene otro fin que el de fortalecer al aparato represivo del Estado y apuntar a los sectores más vulnerables, en este caso la juventud y las mujeres.
A partir de la poca monta de las penas aplicadas que surgen del informe, se cae de maduro que ningún detenido por la ley 23.737 encabezaba un cartel narcotraficante, mucho de los cuales habitan lujosas casas de Nordelta, así como sorprende que ningún comisario esté preso por organizar el negocio en sus territorios.
Esta ley se encarga de llenar con más del 30 % de la población presa en cárceles federales, y más del 60 % en el caso de las mujeres en particular, de las cuales muchas son “mulas” (o sea, un medio de transporte). Se trata de una de las más severas leyes represivas del país, que únicamente tiene sentido si es destinada (como lo es en los hechos) a llenar cárceles de pobres y consumidores, legitimando en un sistema putrefacto a instituciones nefastas como las policías y los distintos servicios penitenciarios, que no tendrían qué hacer si no fuera por leyes como la de Estupefacientes.
Por otro lado, los distintos poderes judiciales, castas intocables que deciden quién entra y quién se va de los penales, son responsables de todas las vejaciones que sufren los detenidos dentro de las cárceles. El hecho de que la gran mayoría esté presa sin condena y que las “leves” condenas (para lo que la ley establece) abundan, demuestran el rol clave de la “justicia” en el engranaje de persecución a los sectores vulnerables de la sociedad. Mientras los jueces se dedican a liberar genocidas como Etchecolatz, que podría volver a su casa a disfrutar la prisión domiciliaria, después de haber hecho grandes favores a la burguesía en la última dictadura, a las 54 mujeres con niños menores a cinco años no se les reconoce la prisión domiciliaria establecida por el artículo 32 de la Ley 24.660 (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad).
En tanto la respuesta al consumo, la tenencia y la tenencia simple sean palos, rejas y paredes, el gran negocio del narcotráfico continuará su crecimiento, de la mano de las fuerzas represivas y funcionarios, mientras las libertades de los jóvenes y las mujeres se mantendrán en suspenso. La cadena se corta en el eslabón más débil, las cárceles se llenan de inocentes y los titiriteros se sientan en las casas de gobierno. |
