Como ya fue noticia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2017.
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Allí se prevé un aumento de 26,9% del presupuesto para las universidades nacionales respecto del vigente, ahora bien ¿esto alcanzará para cubrir los gastos y evitar un presupuesto deficiente como el del año en curso?
Recordemos que una de las cuestiones que dio origen al conflicto educativo de principios de año fue el presupuesto aprobado en la UBA para el 2016, el cual no alcanzaba para los gastos que debían afrontar las facultades, teniendo en cuenta los tarifazos y la inflación. Incluso se llegó a decir que la UBA solo podría funcionar hasta el mes de agosto de éste año.
En el marco de estos reclamos y denuncias, el Gobierno Nacional anunció una partida de $ 500 millones adicionales con el fin de dar una solución al problema. Lo cual implicó una especie de “consuelo”, ya que resulta a las claras insuficiente, significando tan solo el 1% de aumento en relación a los recursos asignados en 2016.
Las denuncias en torno a la falta de presupuesto, los reclamos salariales de docentes y no docentes y el boleto educativo, culminaron con una manifestación que implicó una marcha de 50 mil docentes, no docentes y estudiantes en rechazo de las medidas del Gobierno.
Ahora el Gobierno macrista parece querer continuar con la pesada “herencia”. Para el 2017, determinó un aumento de 26,9% del presupuesto en las transferencias corrientes destinadas a las Universidades Nacionales respecto del año pasado.
Con esos recursos, que se consumen principalmente en salarios, no se alcanzará a cubrir los gastos de las universidades nacionales. Más considerando que la inflación de 2016 terminará por encima del 40 % anual y nadie cree en el 17 % que proyecta el Gobierno para el año próximo.
Las universidades públicas recibirán $ 79 mil millones mientras al pago de la deuda se destinarán casi $ 247 mil millones (2,53 % de Producto Interno Bruto). Es decir, que para Cambiemos un puñado de fondos buitres y otros especuladores son tres veces más importante que la universidad a la que asisten miles de estudiantes.
Si la universidad pública seguirá ahogada presupuestariamente en sus gastos corrientes, mucho peor es la situación en relación a la infraestructura: el presupuesto establece que las transferencias de capital se reducirán 70 %, desde $ 1.471,7 millones asignados en 2016 a $ 440,6 millones otorgados para 2017.
Esos recursos son destinados a reparar, ampliar, construir o adquirir nueva infraestructura, como aulas o laboratorios. Estamos frente a un desfinanciamiento inusitado que agudizará la decadencia edilicia e instrumentos para investigación, entre otros ítems.
El Proyecto de Ley de Presupuesto, más allá de seguir el mismo camino que el “heredado” del gobierno anterior, innova en una cuestión. El presupuesto que se encuentra vigente, determina que aparte de lo previsto para las universidades nacionales, otorga la facultad el Jefe de Gabinete de incorporar créditos adicionales a lo dispuesto por $ 400 millones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales y por $ 600 millones para planes específicos. Esto ni siquiera está contemplado en el Proyecto de Presupuesto para el 2017.
Considerando que los tarifazos van a seguir aplicándose, y que incluso algunos no han sido aplicados del todo en virtud de que la justicia los ha frenado, es difícil afirmar que el presupuesto previsto vaya a alcanzar a cubrir los gastos para que las universidades nacionales funcionen.
Respecto de los reclamos salariales, difícilmente ésta previsión presupuestaria alcance para que los docentes cobren un salario justo, teniendo en cuenta que ya se encuentran actualmente desfasados en sus sueldos respecto de la inflación.
Del mismo modo, el presupuesto previsto no está ni cerca de venir a solucionar problemas ya existentes. Es claro que con un aumento que difícilmente llegue a cubrir los gastos del año entrante, menos aún va a alcanzar para contemplar salarios para los miles de docentes ad honorem que existen en todas las facultades.
Como contrapartida del ahogo presupuestario, las autoridades universitarias tendrán la excusa para recurrir a la obtención de “recursos propios” a través del arancelamiento de actividades, como los posgrados pagos, o el ofrecimiento de los estudiantes como mano de obra barata a través de pasantías o asistencias técnicas. Es decir, una mayor mercantilización de la educación.
Incluso el pasado viernes 30 de septiembre se reunieron los Rectores de las universidades nacionales que por unanimidad se manifestaron de acuerdo con la propuesta del gobierno.
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Es claro que entre las prioridades de este Gobierno no se encuentra la educación pública, es por eso que ante estos ataques debemos multiplicar las denuncias y reclamos para defender la educación pública, gratuita y de calidad. | 
