Foto: Télam
En una mañana lluviosa militantes de organizaciones políticas y de Derechos Humanos se reunieran en las puertas de los Tribunales Federales de calle Oroño donde se dio inicio al juicio oral y público conocido como Guerrieri III. En esta causa se imputa a 10 represores por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 47 víctimas de las cuales 24 de ellas continúan desaparecidas.
Este es continuación de los procesos de imputación que se dieron sobre los mismos acusados por las violaciones a los Derechos Humanos que sufrió la zona de Rosario durante el genocidio. Abarca el circuito represivo que incluye al Centro Clandestino de Detención conocido como “Quinta de Funes”.
Los acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos son diez integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach -que además fue comisario de la Policía provincial.
Los acusados son imputados por los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Susana Elena Zitta, Carlos Alberto Novillo, Graciela Inés Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Alejandro Luis Novillo, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megías, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari. Además se investigará sobre las desapariciones de otra gran cantidad de víctimas, muchas de ellas que a cuarenta años siguen exigiendo justicia.
La Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte, estará a cargo de la acusación. Se presentaron como querellantes Eduardo Leandro Toniolli, Alicia Gutiérrez, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White que estrán representados por el equipo jurídico de HIJOS compuesto por los abogados Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato. Por su parte se presentó como querellante también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La Izquierda Diario se hizo presente en la audiencia donde, superando las medidas de seguridad impuestas por el Tribunal, se presenció como la impunidad de los genocidas sigue siendo parte del escenario. El juicio dio inicio con un pedido de la defensa de Pelliza para que se lo separe de la causa por no contar con las “facultades mentales aptas”. Esto ya deja entrever la estrategia con la que la defensa de los imputados se manejará a lo largo de la causa y que no es novedosa en este tipo de juicios como se vio en el pedido de domiciliaria de Etchecolatz.
Las distintas defensas aprovechan los gestos de los jueces, como se vio en el tribunal que se conformó para esta causa a cargo de José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría que le ofrecieron a los imputados retirarse y alimentarse. Algo que no se ve con otro tipo de presos o imputados.
Comienza una nueva etapa en los juicios de lesa humanidad de la ciudad en Rosario donde las últimas sentencias fueron repudiada por las pobres condenas que se otorgaron, las absoluciones y los beneficios a los acusados. Con una fuerte campaña política de parte del gobierno de Cambiemos que pretende reflotar teorías como la de los “dos demonios” este juicio se verá acompañado de la militancia que no baja las banderas de juicio y castigo a los responsables del genocidio.
Entre los Organismos presentes se encontraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos quienes además vienen dando una gran pelea por que la causa de Villa Constitución sea por fin elevada a juicio. Ante este escenario nacional, donde sectores del gobierno desconocen el número de desaparecidos, resulta fundamental redoblar la lucha para que la justicia reconozca las violaciones a los derechos humanos realizadas sobre aquella gesta de la clase obrera. |
