La semana pasada la ministra de salud, Zulma Ortiz, firmaba una resolución que adhería al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.
La resolución disponía que el protocolo nacional de abortos no punibles sea de aplicación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. De esta manera desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se emitió un documento que sostenía que “la legislación reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación”, derecho que “incluye a todas las personas con capacidad para llevar adelante un gestación sin discriminación que se encuentren en alguna de esas situaciones”.
Sin embargo la gobernadora decidió dejar sin efecto la resolución firmada hace apenas una semana. “Considerando que en términos formales y dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del Gobierno con competencia, la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo”, salieron a aclarar desde el gobierno provincial a través de diferentes medios. Al igual que bajo el gobierno de Scioli, con Vidal la provincia de Buenos Aires se niega una vez más a la implementación del procedimiento.
Una parte importante de los cuadros y funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires provienen de ONG’s católicas, de la UCA o del Opus Dei, como el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand. El lobby católico opera desde dentro del propio Estado provincial. Luego de semanas donde el movimiento de mujeres, desde el Encuentro en Rosario hasta las masivas movilizaciones del 19O, ocupara las calles los ataques no se hacen esperar.
Si bien la relación entre Cambiemos y la Iglesia, en particular con Bergoglio, no estuvo exenta de algunos cruces, al momento de negar los derechos más básicos, como lo es el aborto no punible, no hay más que coincidencias. Incluso cuando se trata de una disposición amparada por la propia Corte Suprema de Justicia.
Los abortos clandestinos vienen siendo una de las principales causas de muerte de las mujeres embarazadas en Argentina. La criminalización y la negativa constante de los gobiernos a reconocer este derecho explican esta realidad en la que las condenas son en su mayoría jóvenes y pobres. | 
