El consorcio conformado por la constructora ICA, FCC y edificadora Cicsa, lidereado por Carlos Slim, presentó un proyecto para construir una de las terminales del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una de las tres ofertas recibidas para esta licitación, el resultado se conocerá el 6 de enero.

El grupo conformado por la constructora ICA, la Edificadora Cicsa, FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, constructora y operadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administración Técnica, Acciona infraestructura México, entre otras, liderada por Carlos Slim, presentó una propuesta para la construcción de una de las terminales del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), proyecto que será el más costoso de la administración de Enrique Peña Nieto.

Según informes de la agencia Reuters, este proyecto lanza un costo de 84 mil 800 millones de pesos, con lo que se convirtió en la propuesta más económica de los otros dos proyectos presentados por Mota Engil México y por Omega construcciones, con proyectos de 87 mil 500 millones y 90 mil millones 73 mil pesos, respectivamente.

El nuevo aeropuerto tendrá un costo aproximado de 13 millones de dólares y está pensado que dé servicio a 68 millones de pasajeros anualmente, para después duplicar esa cantidad. Su inauguración se prevé para 2020 y está diseñado por Norman Foster y por la firma de arquitectos del yerno de Carlos Slim, Fernando Romero.

A pesar de aún estar en construcción, este proyecto de aeropuerto ya ha comenzado a generar ganancias para los grandes empresarios que están involucrados, principalmente, el magnate mexicano Carlos Slim. Éste ya obtuvo un contrato de 361 millones de dólares por la construcción de una de las pistas de aterrizaje, mientras que su socia ICA ha ganado ya uno de 371 millones por el establecimiento de las fundaciones del aeropuerto. Además, las acciones de Slim han aumentado un 14%.

Este aeropuerto, como obra emblemática de la administración peñanietista, ha estado envuelto en el escándalo desde que se anunció el inicio de las obras. No sólo por la enorme deuda que significará su construcción, considerando que el gobierno federal sólo cuenta con 4 mil millones de dólares de los recursos fiscales, sino por el gran impacto que ha tenido para las comunidades que habitaban los terrenos en donde pretende construirse, así como por la destrucción del entorno natural de la zona del Ex vaso de Texcoco.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como quieres integraron la Caravana de la Resistencia en Defensa de la Vida y la Madre Tierra, han denunciado la devastación ambiental y el despojo que cada uno de estos grandes proyectos empresariales significan allá donde se asientan. Con la complicidad y respaldo de todos los niveles de gobierno, se despoja a miles de personas de sus tierras, se les desplaza y se les reprime con brutalidad cuando se niegan a abandonar sus hogares.

Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos de hasta dónde los gobiernos están al servicio de los empresarios es Atenco 2006, cuando todo un pueblo fue arrasado por la entonces aún llamada Policía Federal Preventiva, bajo las órdenes del presidente Vicente Fox y con la venia del gobernador del Estado de México, en ese entonces Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Atenco no ha sido el único pueblo que ha sido objeto de represión por defender su vida y su territorio. Tenemos el caso de Xochichuautla, de San Bartolo Ameyalco, la resistencia de la Tribu Yaqui, el movimiento generado en defensa del manglar de Tajamar en Cancún y las decenas de conflictos que se extienden por todo el país y que tienen en sus espaldas el peso de desaparecidos, asesinados y presos por el Estado.

A nivel internacional, recientemente tuvimos la noticia del triunfo del pueblo Lakota Sioux de Dakota del Norte, Estados Unidos, en contra de la perforación de sus tierras para la construcción de un oleoducto.

La lucha en contra de los megaproyectos, encabezada principalmente por integrantes de comunidades y pueblos originarios, es la lucha en contra de las empresas y de la complicidad asesina de los gobiernos locales, que se valen de sus cuerpos represivos para acabar con quienes se opongan y por esa vía, garantizar la seguridad de la inversión de los grandes capitales. Es fundamental que la clase trabajadora, que es quien mueve los resortes más importantes de la economía nacional haga suyas estas demandas.

Para derrotar de forma definitiva los planes de las empresas y de los partidos a su servicio, es imprescindible la alianza de los trabajadores con las comunidades y los pueblos originarios. En ese sentido, las centrales y organizaciones sindicales que se reclaman opositoras y democráticas, tienen que convocar a acciones efectivas de solidaridad con los movimientos que resisten valientemente a los megaproyectos y por la libertad inmediata, absoluta e incondicional de quienes han sido encarcelados por defender sus recursos.