De acuerdo con el Índice de esclavitud 2016, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que México ocupa el lugar 36 de 167, “el 70% de los casos modernos de esclavitud en México están relacionados con grupos de delincuencia organizada. Los diversos cárteles cometen secuestros para la prostitución forzada y el trabajo forzado en todos los grupos de edad, a menudo con la complicidad de las autoridades locales, estatales y federales”.

A su vez, la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual se cuentan como una de las ramas más rentables de la “economía ilegal”, debajo del tráfico de drogas y de armas.

En este contexto, en el país de la infame capital de la explotación sexual, Tenancingo, estado de Tlaxcala, el borrador de Constitución de la Ciudad de México que se está debatiendo incluye el reconocimiento de la prostitución como trabajo.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del informe Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, se estima que existen alrededor de 70,000 niños y niñas que son explotados sexualmente, de los cuales al menos 50,000 vive en las zonas fronterizas y otros 20,000 en distintos puntos del territorio nacional, con mayor concentración en la capital del país.

Mientras cálculos oficiales señalan que el 0.25% de la población femenina, unas 150,000 ejercen la prostitución, Brigada Callejera, una asociación civil, asegura que una cifra más real se acerca a las 800,000 y que cada trabajadora sexual genera dos puestos de trabajo legales.

Por su parte, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC), por sus siglas en inglés, sostiene que en la Ciudad de México existen al menos 500,000 personas que son explotadas en la prostitución, y que el 90%de ellas son mujeres y niñas. El 80% de ellas no nació en la Ciudad de México, por lo que se deduce que fueron traídas del interior del país.

Un grupo de académicas, activistas e investigadoras, nucleadas por la organización no gubernamental Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), señalaron que el reconocimiento formal de la prostitución como trabajo podría propiciar peores condiciones de explotación sexual de las mujeres en la capital del país y por eso pidieron a la Constituyente que no incluya el inciso en cuestión en el artículo 15 del proyecto de Constitución. Lo lograron.

¿Regular o abolir la prostitución?

Sin embargo, se abrió el debate. La prostitución se ha convertido en un gran negocio para los explotadores. En las últimas décadas se ha producido un aberrante crecimiento de las redes de trata –en muchos casos vinculadas a cárteles del narco- que secuestran niñas y mujeres o las engañan con promesas de trabajo o romance (hasta matrimonio), para luego explotarlas sexualmente sin su consentimiento, privarlas de su libertad, y violentarlas. Es por eso que denunciamos y combatimos las redes de trata que operan bajo la mirada cómplice de funcionarios públicos, la policía, el ejército y la marina, o con su participación directa.

Asimismo, denunciamos la hipocresía de la Organización Internacional del Trabajo y distintos Estados, que promueven la sindicalización de las mujeres en situación de prostitución, más preocupados por legalizar el negocio de los proxenetas y los ingresos impositivos que podrían ir a las arcas públicas, que por las condiciones de vida de las personas prostituidas.

Ahora, ante el debate abierto en la Constituyente, se perfilan dos alas. Como señala Andrea D’Atri acá, por un lado, “el regulacionismo ‘propone que el Estado legalice la prostitución y, por lo tanto, se reglamente la instalación de prostíbulos, las formas de explotación de las mujeres, los controles sanitarios’ (1); el ‘abolicionismo’ considera a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, combate el proxenetismo y considera que podría desterrarse con campañas educativas contra el consumo de prostitución, la penalización de los clientes o la prohibición legal de su ejercicio. Lo único que sostienen en común es la expectativa en que sea el mismo Estado que legitima y reproduce la milenaria opresión de las mujeres, el responsable de ya sea regular la vida de las personas en situación de prostitución o, por el contrario, de abolir esta institución social propia de la sociedad de clases”.

Según la investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en España, Ana de Miguel Álvarez, autora del libro Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, la idea de legalizar y reconocer el ‘trabajo sexual’ “surge en el contexto del neoliberalismo, ideología que afirma que todo se puede comprar y vender, que el mercado no tiene por qué tener límites, y que la única condición es el consentimiento de las personas libres e individuales”.

Abundó “quienes están a favor de reconocer, normalizar y legalizar la oferta de ‘servicios sexuales’ como un ‘empleo’, sostienen que se trata de una actividad de libre consentimiento entre quien ofrece ‘el servicio’ y quien paga por él, por eso esta postura sostiene que quienes se oponen ‘son puritanos’.

Una mirada desde el marxismo

De acuerdo con Andrea D’Atri, desde el punto de vista marxista, la prostitución es una institución social que aparece como la contracara de la familia basada en el matrimonio monógamo; de la mano del surgimiento de la propiedad privada y el Estado.

Es por eso que luchamos por la abolición del Estado, de la propiedad privada, de la familia que se basa en el control patriarcal de la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres, de su trabajo doméstico gratuito y la reproducción de las relaciones sociales de dominación sobre mujeres, hijos e hijas. Y en consecuencia, por la abolición de la prostitución.

Sabemos que es imposible abolir el Estado capitalista por un decreto o una ley que provenga de su seno. Esto sólo se puede lograr con la lucha revolucionaria de la clase obrera que conquiste el poder para las mayorías y avance en establecer un Estado transicional hacia el socialismo, donde sean abolidas las clases sociales. Sostenemos, en el mismo sentido que no puede abolirse por decreto la opresión de las mujeres y, tampoco, la prostitución.

Señala Andrea D’Atri “No hay Estado capitalista sin explotación del trabajo asalariado, sin opresión de las mujeres (como también de otros sectores sociales) y sin prostitución. Como decía el marxista Bebel sobre la prostitución, en el siglo XIX, “algunos de los que se ocupan de esta cuestión empiezan a darse cuenta de que la triste situación social bajo la que sufren numerosas mujeres pudiera ser la causa principal de que tantas de ellas vendan su cuerpo; pero este pensamiento no avanza hasta la consecuencia de que, por consiguiente, es necesario crear otras condiciones sociales”. Para nosotras, es necesario crear otras condiciones sociales. Y es la lucha que abrazamos.”

Sin ser regulacionistas, acompañamos y fomentamos la lucha por exigir al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía de un trabajo para todas las personas en situación de prostitución que quieran abandonarla, con un salario que cubra la canasta básica, acceso a la salud, la educación, la vivienda. Mientras tanto, combatimos también la estigmatización, la persecución y marginación social de las personas en situación de prostitución, denunciando principalmente la represión policial, la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, sus funcionarios, la justicia y poderosos empresarios en el funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata.

Al tiempo que enfrentamos la persecución de las personas en situación de prostitución, su explotación en beneficio de terceros; mientras exigimos al Estado el derecho a la satisfacción de todas las necesidades y mientras defendemos su derecho a la autoorganización, luchamos con la perspectiva de una sociedad donde se hayan abolido la explotación de las personas y todas las formas de opresión que hoy nos aprisionan.

(1) Andrea D’Atri, Pecados & Capitales, revista Ideas de Izquierda, Nº7, marzo 2014

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