No hace mucho tiempo atrás, en el entorno del presidente Mauricio Macri mantenían expectativas de que antes de fin de año se verían señales firmes de reactivación en la economía, para dar vuelta de página a la recesión iniciada a finales de 2015 y profundizada por el impacto de las medidas económicas aplicadas por Cambiemos desde el 10 de diciembre del año pasado.
Nada de eso está ocurriendo. La consultora CCR informó ayer que el consumo tuvo en noviembre una caída de 7,5 % respecto de igual mes de 2015, acumulando en los primeros once meses de año un desplome de 4,6 %. Este dato se suma a los difundidos el miércoles por el Indec para la industria y construcción en igual mes: retrocedieron 4,1 % y 9,4 % respectivamente, acumulando entre enero y noviembre una disminución de 4,9 % en el caso del sector manufacturero y 13,1 % en el de la construcción. La única nota de optimismo –muy moderado– viene por el lado de dos estimaciones privadas: Orlando Ferreres y Asociados considera que entre octubre y noviembre hay una mejora de 0,4 %, mientras que para FIEL la recuperación asciende a 0,6 %. Podría ser un cambio de tendencia. Pero después de haber errado el pronóstico en agosto, cuando el aumento en los despachos de cemento de ese mes se tradujo en un anuncio de brotes verdes que resulto rápidamente desmentido, los analistas son más precavidos en esta oportunidad.
Por ahora priman los brotes “secos”. Y los pronósticos para el año próximo se van revisando a la baja. Por caso, la consultora Economía y Regiones (E&R), fundada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, planteó en un informe difundido el miércoles que la economía podría crecer hasta 2,8 % en 2017, lo que significa que se lograría poco más que recuperar la caída de este año, que será de 2,4 % o incluso más. Demasiado poco –y tal vez demasiado tarde– para cambiar el clima hacia las elecciones.
La crisis causó un relevo ministerial
La última semana de 2016 comenzó con el pedido de renuncia al ministro Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay. El mismo que no tuvo pruritos en calificar con un 8 a su gestión en un año durante el cual la economía se desplomó, el endeudamiento público tuvo un salto sideral, el poder adquisitivo de los trabajadores concluirá con una pérdida de poder adquisitivo de más de 5 puntos porcentuales, se contabilizan 200 mil despidos, mientras que los precios subirán más de 40 % (aunque gracias al apagón estadístico dispuesto durante su gestión no habrá índice nacional que mida fehacientemente el aumento de precios a nivel nacional).
El motivo puesto en primer plano para explicar la salida por distintos voceros autorizados del gobierno ha sido la falta de vocación de Prat-Gay para el trabajo en equipo, y la tendencia a ubicarse a igual nivel que el presidente y por encima del jefe de Gabinete Marcos Peña y los coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. A lo que se suman los ya “clásicos” encontronazos con el jefe del Banco Central (BCRA) Federico Strurzenegger por las divergencias entre la política monetaria contractiva (altas tasas con el objetivo de “enfriar” los precios pero que sobre todo contribuían a frenar más todavía la actividad) y una política fiscal que según Prat-Gay se orientaba a empujar la reactivación. Pero más allá de este desgaste, subyace la incertidumbre creciente sobre el devenir de la economía en un año crucial para el proyecto de Cambiemos, sumado a los cimbronazos mundiales que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU..
En este marco, Mauricio Macri está obligado a mostrar algún tipo de iniciativa. Después de haber esperado vanamente la lluvia de inversiones como resultado del “shock” de sinceramiento (que no quiere decir otra cosa que una formidable transferencia en favor de los sectores empresarios a costa de los trabajadores y sectores populares, “redistribución” regresiva que en el año superará la friolera de 30 mil millones de dólares), Macri compró “llave en mano” la propuesta gradualista de Prat-Gay de moderar un poco el recorte fiscal –sin dejar de aplicar tarifazos para bajar subsidios– e impulsar medidas para bombear la economía con gasto público.
Este “gradualismo” que tanta molestia generó en sectores del establishment que pedían ajuste más drástico no pasa de ser un intento de aplicar un “control de daños”, un paliativo para mitigar el impacto recesivo de las medidas tomadas por el gobierno (efecto que era altamente previsible y que sólo podía ser una sorpresa para el elenco gobernante, ciegamente autoconvencido de la cantinela ultraliberal).
Este camino no ha rendido hasta el momento los frutos esperados. Con su salida del gobierno, Prat-Gay cosecha los “éxitos” de las medidas económicas de este año (salida del cepo y devaluación “controlada” con una inflación de “solamente” 40 %, pago a los buitres, una entrega que aplaude todo el establishment, y el blanqueo que ya cosechó U$S 90 mil millones) pero también queda como cara responsable de los efectos negativos de las medidas tomadas. El recambio está entonces íntimamente relacionado a las dificultades de la economía.
¿Cambiamos?
La llegada de Nicolás Dujovne para hacerse cargo de una de las dos carteras en las que se dividirá el ministerio que comandaba Prat-Gay parecería un giro más decidido hacia una reducción más drástica del gasto público, si uno mira lo que ha dicho públicamente este economista en los últimos meses y el mensaje del jefe de Gabinete Marcos Peña el lunes cuando anunció su designación. Pero en los días posteriores desde el oficialismo se buscó corregir esta impresión.
Aunque Dujovne llegaría con la tarea de atacar el déficit –tratar de bajar más rápido los subsidios y bajar los gastos de las empresas del Estado fueron dos de los caminos más inmediatos para encarar la tarea– y de presentar una agenda de reformas impositivas (todo indica que para bajar el “costo” a los empresarios siguiendo los lineamientos del muy promocionado Plan Productivo Nacional), la pauta de déficit fiscal para 2017 seguiría siendo el 4,2 % del PBI pautado en el presupuesto.
Llegar a esta meta requerirá un ajuste fuerte, considerando que 2016 cierra con un déficit de 4,8 % que podría haber sido mayor sin la ayuda de los fondos del blanqueo, y que se estima que solamente los aumentos de sueldos estatales y jubilaciones previstos por Hacienda agregarán medio punto de PBI al gasto del año próximo. De todos modos, esta pauta no saldría del molde del “gradualismo”, como lo entiende –y ataca– la ortodoxia más rancia.
En los próximos días cuando Dujovne presente algunos lineamientos, saldremos del terreno de la especulación. Pero difícilmente la agenda que reclama la ortodoxia acelere durante un año que estará signado por las elecciones. Mientras tanto, las objeciones a este rumbo se hacen cada vez más explícitas aún desde analistas cercanos al gobierno nacional.
La ya mencionada E&R señala en su último informe que “el actual sesgo desmedidamente expansivo de la política fiscal termina aniquilando el crecimiento, porque mantiene un nivel de gasto público infinanciable y una presión tributaria récord”. Advierte que el déficit fiscal estaría trepando “hasta niveles cuyo financiamiento no es sustentable”. Y esto conduce a un “exceso de presión tributaria” que “ahoga al sector privado que no puede hacer negocios, ganar dinero y en consecuencia no invierte ni crea puestos de trabajo". Por si esto fuera poco, objeta que “el gobierno de Cambiemos continúa con la fallida estrategia (sin resultados hace años) de estimular el consumo y la demanda para generar crecimiento”.
Mal que le pese a los voceros de la “responsabilidad” fiscal, el relajamiento del gobierno de Macri en este plano le viene dictado por las circunstancias. El “sinceramiento” se topó con los límites del rechazo generado por numerosas medidas (que tuvo expresiones entre los trabajadores como la movilización del 29 de abril por la ley “antidespidos” y el paro de los gremios de transporte del pasado 19 de diciembre para presionar por mayores cambios en Ganancias), que obligaron al gobierno a recalcular a pesar de que en la mayor parte de sus medidas antipopulares contó con apoyo del peronismo y colaboración de las conducciones sindicales.
A esto se suma que el hundimiento económico generado por las decisiones iniciales de Cambiemos obligó a tomar medidas paliativas para buscar contrarrestarlo. Son expresiones de una relación de fuerza que obliga al gobierno de los “dueños” a avanzar con pies de plomo en sus objetivos estratégicos, que implican un fuerte ataque a las condiciones de los trabajadores y sectores populares.
Este mismo balance de fuerzas puede ser el punto de partida para desarrollar la fuerza social que permita enfrentar esta agenda de la clase capitalista y contraponerle un proyecto que permita dar respuesta a las postergadas aspiraciones de los trabajadores y el pueblo, sobre la base de cortar de raíz las condiciones del atraso y la dependencia que tanto el gobierno como la oposición peronista en sus distintas variantes pretenden perpetuar. Esta perspectiva es la que plantea el Frente de Izquierda, que viene de realizar un histórico acto en la cancha de Atlanta el pasado 19 de noviembre. | 
