Foto: Martín Ferradal

Ferradal, el juez encargado del Registro Civil de Murcia, llevaba años protagonizando polémicas. Estos días ha vuelto a ser noticia por la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), impuesta en 2012.

En 2007, Ferradal protagonizó un episodio surrealista cuando se negó a que una pareja le pusiera a su hija Julieta. La tuvieron que llamar Julia, hasta que casi un año después le aprobaron el cambio de nombre. Primer expediente disciplinario para el juez por “desconsideración al ciudadano”.

La sanción del 2012 supuso una multa de 3.000 euros para Ferradal por “falta grave de consideración a la secretaría judicial, funcionarios y ciudadanos.”.

Por una parte, por el trato vejatorio en su mayoría a las funcionarias del Registro. La denuncia de cinco funcionarias a través de CCOO, hizo que el CGPJ le abriera un expediente. En éste, se recogen los comentarios y humillaciones habituales. En todo momento, el magistrado negó las acusaciones.

Por otra, los términos con los que se refería a las personas que acudían al registro como “maricones”, si se trataba de parejas del mismo sexo; “los gilipollas estos” refiriéndose a extranjeros; “putas” al hablar de madres con descendencia fuera del matrimonio y “cornudos” al hablar de sus parejas; y “gentuza” refiriéndose a las personas que solicitaban la nacionalidad española. En este último caso, la denuncia de CCOO recoge que el magistrado ordenaba el retraso en los expedientes de nacionalidad.

El de Ferradal, que se jubiló en 2013, no es el único caso en la justicia española. En 2009, Fernando Ferrín Calamita, titular del Juzgado de Familia Nº 9 de Murcia, fue condenado a varios años de inhabilitación por retrasar intencionalmente la adopción de una niña por parte de una mujer, que era la pareja de la madre biológica. Según la pareja, Calamita convirtió el proceso de adopción en “un vía crucis de trabas y dilaciones absolutamente injustificadas”. Por su parte, el magistrado aseguró que el retraso no fue a propósito. Sin embargo, él mismo planteó estas adopciones como una cuestión de inconstitucionalidad.

Anteriormente ya había sido sancionado por el CGPJ por negarle la custodia de sus hijas a una mujer por ser lesbiana. En esa ocasión, argumentó que la relación lésbica de la madre era igual de negativa que la figura de un “toxicómano, pederasta, prostituta” o un miembro de “una secta satánica”.

El retrógrado juez continuaba en el auto judicial asegurando que “el ambiente homosexual es el que perjudica a los menores y aumenta sensiblemente el riesgo de que estos lo sean. Los niños tienen derecho a una protección integral.

Y es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que merezcan las personas homosexuales, prevalece el interés del menor”. Sentenciando que “de cara a la vista principal, la madre tendrá que elegir entre sus hijas o su nueva pareja.".

También es conocido por cuestionar la ley de violencia de género y la custodia compartida. En 2003, le otorgó la custodia de sus dos hijas a un hombre denunciado por violencia machista, con una orden de alejamiento, cuatro condenas por juicios de faltas y una por un delito de maltrato habitual. Calamita actuó de esta manera al considerar que Celia Rodríguez, la madre, era una “madre manipuladora” y una “mala influencia para sus hijas”. Amparándose en el Síndrome de Alienación Parental , Calamita prohibió todo contacto de Celia con sus hijas. Hasta 2008 Celia no recuperó la custodia de sus hijas.

En 2014, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se posicionó en contra del nombramiento de José Luis Requero como magistrado del Tribunal Supremo debido a su oposición a los derechos del colectivo LGTBI. En 2007 Requero recibió el Premio Látigo en 2007 por los constantes ataques a los derechos de las personas LGTBI.

Requero, del Opus Dei, hizo campaña para que las agencias internacionales de adopción pudieran negarse a tramitarla con parejas LGTBI. Además, defendió al juez Pablo de la Rubia, del Registro Civil de Sagunto (Valencia) que se negaba a casar a parejas del mismo sexo por objeción de conciencia.
Otro. Una jueza de Madrid en 2015, ante una agresión al grito de “maricones de mierda”, condenó al acusado por lesiones pero no consideró el suceso como delito de odio ni aplicó el agravante por homofobia.

Esta es una breve lista de casos similares, pero si tirásemos de hemeroteca sería mayor. Al igual que si le añadimos los casos de machismo. El caso de la jueza María del Carmen Molina y su tristemente famosa pregunta de si cerró bien las piernas a una víctima de agresión sexual.

O el del juez Juan del Olmo, de Murcia, que anuló la condena a un hombre que llamó “zorra” a su esposa, porque no era insulto si se refería a la astucia.

También Francisco Serrano, juez del Juzgado de Familia Nº7 de Sevilla, que defiende que “Hay muchos inocentes encarcelados porque sus mujeres los denunciaron falsamente”. Oposicionista de la ley actual contra la violencia machista, asegura que su lucha actual es contra la “falsa violencia machista” y para que las mujeres “que quieran divorciarse no usen las ventajas que esta ley les ofrece para obtener beneficios de manera injusta”, según recoge un tendencioso artículo de ‘El Confidencial’ que cierra con un “con la ley de
violencia de género en la mano, ni ellas son tantas ni ellos, tan pocos”.

El último caso que ha salido a la luz han sido las publicaciones del juez del Supremo Antonio Salas, afirmando que la violencia machista es una consecuencia de “la dificultad de convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física", negando por completo que el machismo es estructural en esta sociedad, y reduciéndolo únicamente a “la maldad intrínseca” de los individuos.

Habrá quien piense que esto es solo una muestra y que no se puede generalizar. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de agresiones LGTBIfóbicas y machistas sufridas en el ámbito judicial o policial, no se llegan a denunciar, por no saber cómo actuar, por temor a represalias o por los cientos de obstáculos que las administraciones se encargan en reproducir.

Que esto suceda en el seno del Poder Judicial no hace más que reafirmar que no podemos depositar la más mínima esperanza en unas instituciones que se muestran garantistas del actual sistema capitalista y patriarcal. No son casos aislados. Las mujeres que denuncian violencia machista ven como tienen que demostrar ante la justicia y la Policía que lo que han sufrido es real, mientras son demonizadas por los medios de comunicación con la lógica de que son unas interesadas y unas mentirosas.

Las sanciones a unos cuantos jueces y juezas cuyos casos han conseguido romper el aislamiento mediático y viralizarse, continúa la lógica de que son individuos aislados, al igual que aquellos que ejercen la violencia machista. Por lo tanto, se les “castiga” a título personal, pero se obvia que es un problema que va mucho más allá, hasta las catacumbas de las instituciones capitalistas, plagadas de la herencia del franquismo y de la estrecha relación entre Iglesia y dichas instituciones.