Las clases dominantes, en nuestro país, han tenido desde siempre una vocación de utilizar la violencia y esa maldita costumbre de matar para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos. Desde leyes hasta planes represivos, fue una constante a través de gobiernos dictatoriales, autoritarios o elegidos por el voto popular. En distintos artículos los vamos a repasar periodo por periodo.
“Cuando el Estado persigue a los que lo combaten, es porque la prédica de los perseguidos es atendida por el pueblo, de lo contrario se los dejaría tranquilos”. Joaquín Hucha, La Protesta, desde Montevideo, 26 de diciembre de 1911.
Paz, administración, orden y represión
Desde la segunda mitad del siglo XIX, se dio un proceso de expansión acelerado encaminado a transformar la estructura económica-social, en camino a la conformación de una sociedad capitalista, basándose en el modelo agroexportador.
Cuando Julio A. Roca en 1880 llegó al poder, las minorías dominantes dejaron de lado sus conflictos aceptando su proyecto de “Paz y Administración”.
Coincidiendo con la oleada de prosperidad de los sectores de poder, la clase obrera inicio una etapa de organización, luchas, aumentando sus reclamos contra la miseria, la desocupación, por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales, y la sanción de leyes protegiendo al trabajo. Se multiplicaron los conflictos.
Los sectores dominantes reaccionaron con represión permanente. El clima entre el gobierno y los trabajadores era cada vez más tenso. El gobierno declaraba el estado de sitio, clausuraba los locales sindicales y detenía a los dirigentes obreros.
Las luchas del movimiento obrero se extendieron, se paralizaban los talleres, las fábricas, los negocios, y en varias ocasiones se declaró la huelga general. El proletariado, encontró como respuesta durante la mayor parte de esos años la represión, que cada vez se hizo más dura y permanente. Desde 1902 hasta 1910 se decretó cinco veces el estado de sitio, con una duración total de 18 meses. La despreocupación de los primeros tiempos, fue tornándose en intranquilidad y represión, cuando se afectaba el normal funcionamiento de las actividades agroexportadoras.
Fue entonces que desde el gobierno se impulsó y el Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero: la Ley de Residencia (ley 4144), que autorizaba a expulsar del país a cualquier “extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Sancionada en 1902, fue necesario que pasaran más de cincuenta años, para que sea derogada en el año 1958. O sea que ni los gobiernos de Yrigoyen, Alvear, ni los dos primeros del gral. Perón derogaron esa ley.
Ya en 1899 el senador Miguel Cané, famoso autor de “Juvenilla”, había proyectado una ley de represión y expulsión de los extranjeros “rebeldes”, pero fueron los sucesos de 1902 los que impulsaron al general Roca a presentar a ambas cámaras, el proyecto que en pocas horas obtuvo la sanción favorable, el 22 de noviembre de ese año.
Miguel Cané
Su famoso libro Juvenilla
El senador Pérez informante del oficialismo, sostuvo que “la finalidad de la ley era de evitar que ciertos elementos extraños vengan a perturbar el orden público, a comprometer la seguridad nacional, y salvar a la sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses en un país debidamente constituido”.
Habilitaba al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. Sucesivos gobiernos argentinos la utilizaron para contener y reprimir la organización sindical y política de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas.
Además, se continuo declarando el estado de sitio, allanamientos a los sindicatos, eran clausuradas las imprentas de los periódicos partidarios, detenciones, y todo culminó en 1910 con la sanción de una nueva ley represiva, la Ley de Defensa Social (ley 7029).
En principio, perjudicó a extranjeros politizados y con actividades sindicales y organizadores obreros siendo así otro eslabón represivo en la aguda confrontación de clases que se emparentada con la actitud política de gobernantes de otros países del mundo donde se desarrollaban las luchas por los derechos de los trabajadores.
La Ley de Residencia, decía: "El Senado y la Cámara de Diputados sanciona con fuerza de ley:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 4º: El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.
Otorgaban al Poder Ejecutivo la facultad de expulsar del país a cualquier extranjero que haya sido condenado, o sea perseguido por los tribunales extranjeros, por crímenes o delitos de derecho común y, además, la ley aclaraba que podría ordenar la salida de todo extranjero que atentara contra o comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden público. Tres días era el plazo que estipulaba la ley para la salida del país, pudiendo ordenar su detención hasta el momento del embarco.
Una respuesta del Estado contundente y que logró su objetivo: la expulsión de cientos de anarquistas y socialistas. Solamente en la primera semana, luego de la sanción de la ley, fueron quinientos los deportados.
La medida fue respondida con una huelga general llamada por la Federación Obrera Argentina. A los tres días se intensificó la represión, la censura a la prensa y la búsqueda de anarquistas para deportar.
Entre el 27 y el 28 de junio de 1910, se sancionó en el Congreso de la Nación la denominada Ley de Defensa Social. La urgencia de la sanción llegaba luego de que una bomba estallará en el teatro Colón el 26 de junio, como consecuencia produjo algunos heridos y una terrible sensación de pánico y miedo en la dirigencia política.
Fue en ese año, que para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que el movimiento obrero organizo distintas movilizaciones, y en Rosario, las sociedades obreras prepararon una importante conmemoración, adhiriendo el Comité del Partido Socialista. La Sociedad de Resistencia dio a conocer un manifiesto explicando porque la concentración tenía como consigna “La protesta contra la Ley de Residencia”: 1.-Por ser contraria al espíritu del pueblo argentino; 2.-Por anular libertades que acuerda la Constitución, lo que equivale a asesinar moralmente a los libertadores de 1810; 3.-Porque desconociendo la justicia jurídica aplica el castigo como cuando está bajo el imperio de la ley marcial, lo que implica un estado de sitio permanente; 4.-Por dar a la policía atribuciones de juez-verdugo; 5.-Porque sus efectos aunque nulos, como alcance social, siembra la desolación y la muerte en los hogares proletarios.
“Reclamamos la libertad de los presos: 1.-Porque sus actos son efectuados en defensa de la colectividad y por la justicia que entraña, no pueden llamarse delitos, 2.-Porque el pensamiento, palanca del progreso, no debe ser encarcelado, 3.-Porque si algo hubiera que castigar, debía empezarse por la sociedad, o régimen imperante, origen de esos actos inicuamente llamados auto-sociales”.
En esos días, se conoció un volante firmado por el “Grupo Los Libres”, que planteaba “Los nuevos libertadores de las cadenas de esta esclavitud secular, queremos ver esculpidas al natural a la libertad, reina del mundo, y por ello exigimos al gobierno que abra las puertas de las cárceles para que salgan nuestros compañeros de causa y las del país a los desertores infractores militares como así mismo la derogación de la infamante Ley de Residencia que anula las francas garantías ciudadanas acordadas por los libertadores argentinos en el Art. 14 de la Carta Magna del país”.
Durante el acto del 1 de Mayo de 1911, en Rosario, el Partido Socialista, dio a conocer un pronunciamiento contra la Ley de Defensa Social, el cual expresaba “El PS y los gremios de Rosario, reunidos en comisión popular para exteriorizar ante el gobierno y la opinión publica el anhelo urgente de la clase trabajadora en el 1º de Mayo, reclama: “Que la ley social, en cuanto afecta la entrada al país, de extranjeros inculpados de delitos de pensamientos, en cuanto mutila las libertades de reunión pública, de palabra, de prensa y los derechos de huelga y de más inherentes a la acción ordinaria del movimiento obrero y gremial del pueblo obrero, debe ser derogada”.
Inmigrantes peligrosos, agitadores y violentos
Desde 1889, como cónsul en España, Miguel Cané sostenía la necesidad de una legislación que diferenciara la calidad de inmigración que llegaba a la Argentina, porque allí se encontraba la raíz de los conflictos sociales.
En el debate en la Cámara de Senadores, Cané planteo que junto a “los hombres de buena voluntad, que llamaban para cultivar el suelo, ejercer las artes y plantear industrias, vinieron enemigos de todo orden social, que llegaran a cometer crímenes salvajes, en pos de un ideal caótico, por decirlo así, que deja absorta la inteligencia y que enfría el corazón”.
Gabriela Costanzo, en su investigación “Los Indeseables. Las Leyes de Residencia y Defensa Social”, nos plantea que “En los once años que transcurrieron entre la primera presentación del proyecto de Miguel Cané en 1899 y la sanción de la Ley de Defensa Social en 1910, la visión sobre el anarquismo es básicamente la misma, en algunos discursos de los legisladores se refuerza la idea del castigo, del aumento de pena, o de la expulsión, que van construyendo, en su oratoria, metáforas, figuras retóricas, que a veces, pareciera que Cesare Lombroso se encarnara el cuerpo de un legislador argentino en aquel momento; en otros aparecen destellos de miedos que impregnan al discurso la sensación de amenaza en la que se encuentran; finalmente, ciertos discursos “más moderados” coinciden con la necesidad de eliminar al anarquismo del movimiento obrero, pero cuestionan las facultades atribuidas, en las leyes, al Poder Ejecutivo, así como también le exigen una rendición de cuentas en los resultados de determinados estados de sitio sancionados. (…) El primero de ellos serían todas las formas de llamarlo enfermedad (exótica): virus, bacteria, germen, y que paralelamente conlleva al tipo de razonamiento higienista propio de la suma del positivismo, las primeras teorías en criminología y la ciencia de la época; otro de los conjuntos englobaría las calificaciones tendientes a explicar al pensamiento ácrata como secta: sea religiosa o política, y a partir de allí devendría la denominación de: doctrinas del odio de carácter irracional; finalmente el último grupo designaría las prácticas y acciones de los anarquistas (producto de las premisas que integran los otros dos conjuntos) como criminales, delincuentes, monstruos, siniestros sacerdotes del credo o débiles mentales”.
Reunión contra la Ley de Defensa Social
Y rescato estos discursos discriminadores. Mariano Vedia, afirmaba que la Ley de Residencia: “va contra aquellos que pretenden retardar la consolidación del régimen social, introduciendo el virus de enfermedades que no tienen terreno propicio para desarrollarse entre nosotros y que solo pueden motivar conmociones de un día, como estas que sentimos en los momentos actuales”.
Mientras que el senador Salvador Maciá, era bien directo y decía en 1910, “el mundo exterior que trae a nuestras playas las enfermedades exóticas, nos trae también los aparatos y los medios de desinfección, para combatirlas. La Europa, que nos ha dado civilización, progreso y libertad, con ejemplos y doctrinas, nos manda también corrientes subversivas que llegan, como enfermedades, hasta nosotros, después de originarse y desarrollarse allí y de influir sobre ella. (...) A mí me asustan tanto los hechos que parecen grandes y notables, como los que parecen nimios y pequeños. Síntomas de la misma honda perturbación, me impresionan los documentos de los anarquistas, como aquel en que llaman al gobierno argentino ‘gobierno provisorio de la Nación’, como el hecho, pequeño al parecer, sucedido en las calles, de las escarapelas arrancadas a viva fuerza de las solapas del saco de los niños inermes e indefensos de las escuelas primarias”.
Para justificar la Ley de Defensa Social, el diputado Lucas Ayarragaray, sostenía enfáticamente el día de la sanción de la, “es menester, pensaba, prohibir la entrada del loco, del epiléptico, significando que este país tiene el derecho fundamental, señor diputado, que reconocen todas las constituciones del mundo, de defenderse por medio de leyes de preservación social de los peligros exteriores importados, ya sea de una epidemia, ya sea de un ladrón reconocido, ya sea de un condenado por un tribunal de justicia, ya sea de un anarquista, de una prostituta o de una caften (sic) (...) ... nos da a nosotros la facultad de negar la entrada en el país al epiléptico, al loco, a los degenerados, a todos esos que son presuntos anarquistas, porque cuando caen dentro del radio de la acción de la prédica ácrata, son individuos que están preparados por su mentalidad para el crimen, para el atentando, para el incendio, para la bomba, que estoy seguro que esas son las clases de donde el anarquismo internacional recluta sus mejores elementos. Porque el anarquismo, señor presidente, en definitiva, está constituido por una banda de degenerados y de fanáticos que no aceptan los métodos de lucha que ha consagrado la civilización. El anarquismo desconoce la ley principal, la ley de la evolución, que no sólo gobierna la vida de las sociedades, sino que gobierna el universo todo”.
Eduardo Oliver, otro enemigo declarado de los anarquistas los describía así: “hordas de criminales... sí, señor presidente, que éste es el anarquismo que predica el exterminio y la disolución de lo existente; que declara impúdica y públicamente no tener ley, ni patria, ni religión; que prepara en la sombra los medios más mortíferos para asesinar a mansalva e indistintamente a ancianos y mujeres indefensas y a niños inocentes. Sostengo, señor, que estos monstruos están fuera de toda ley social, que los ampare. No se necesitan discursos, señor presidente, para demostrar que el anarquismo en estas condiciones es el delito más infame y más cobarde, y así lo han demostrado los distintos hechos producidos en el mundo, y que hablan con mayor elocuencia de lo que puedo hacerlo yo”.
La historiadora, Costanzo, nos aclaraba que el diputado Ayarragaray, explicaba en una de las sesiones, la importancia de la selección del tipo de inmigración, además de la prohibición del anarquismo, su percepción tenía como principal objetivo la consolidación étnica de la nación argentina, “y es contra esa situación que este país que tiene ya elementos étnicos en su población, bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior, seleccionado la corriente inmigratoria para incorporar los elementos sanos y poder así tener una buena raza futura bien constituida fisiológicamente sobre bases étnicas depuradas”.
Y continuaba: “nosotros no necesitamos inmigración amarilla, sino padres y madres europeas, de raza blanca, para superiorizar (sic) los elementos híbridos y mestizos que constituyen la base de la población de este país”. Y concluía “Entonces, la historia de la llegada de los inmigrantes al país no terminaba cuando se bajaban del barco, ya que muchos de los recién llegados no eran los habitantes que se pretendía, por no ser anglosajones o por tener una posición política determinada. La clase dirigente de la época encontraba los orígenes de los conflictos sociales en la calidad de inmigración, en la intromisión, a modo de outsider, de militantes al mundo obrero o en la concepción de manifestaciones o protestas como tumultos que paralizaban la industria”.
Nos detalla además, que las publicaciones de los anarquistas, respondían a la Ley de Residencia, con artículos de repudio. El 14 de febrero de 1903, Alberto Ghiraldo desde La Protesta sostenía, “la sanción de la ley inicua, como la de expulsión de extranjeros, ley draconiana, cobarde y cruel, que pone en manos del poder policial la vida y la hacienda de hombres conscientes y altivos que luchan por obtener un alivio en su vida agria de explotados”.
En 1904, las descripciones seguían manteniendo la misma línea, “la ley de residencia es mala, es brutal, es demasiado aplastadora. No la queremos. No la admitimos. Menos aún como una imposición de barbarie”.
En 1910, el diario publicaba, “el gobierno argentino ha dictado unas leyes tan terribles y bárbaras que no tienen precedente en la historia. Rusia, con ser la nación más autócrata del mundo, no tiene leyes tan atentatorias e inicuas contra la libertad individual y colectiva como las sancionadas últimamente en la Argentina”.
Se publicaban como una forma de denuncia: los nombres de los deportados, las persecuciones, las detenciones ilegales, las torturas, las prisiones.
Desde esos años hasta la actualidad, la burguesía, no ha cesado en sacar leyes y planes represivos. Los trabajadores y el pueblo, los han sufrido, pero también han sabido enfrentarlos de muchas maneras, porque sabe también de como luchar.
