En la madrugada del 24 de enero de 1977 un grupo de pistoleros de la extrema derecha entraron al despacho de abogados laboralistas de las Comisiones Obreras situado en la calle Atocha de Madrid. Tres abogados, un estudiante y un representante sindical fueron asesinados. Un día antes, el 23 de enero, un estudiante había sido asesinado en una manifestación pro-amnistía en esta misma ciudad.
El multitudinario entierro organizado por el todavía ilegal PCE, dejaría en evidencia dos cosas. En primer lugar, que Suárez no podía apostar a un proceso de reforma que no integrase al PCE, dada la importantísima capacidad de movilización del mismo. La contradicción que tenía el Régimen en este aspecto era el hecho de que el PCE era considerado como el enemigo principal por muchos sectores franquistas. Pero a la vez, el PCE en el conjunto del Estado y el PSUC en Catalunya también era consciente de ser la primera fuerza de la oposición antifranquista, con una importante organización militante en las calles y en capacidad de movilización; especialmente en el movimiento obrero.
No obstante, el PCE se propuso contener y frenar la combatividad que se estaba desarrollando en las calles y en grandes sectores de la clase obrera, ante su objetivo de que el Gobierno aceptase integrarlo al Régimen y legalizarlo. Es así que este multitudinario entierro acabó en un acto público en el que Santiago Carrillo había demostrado una actitud pacífica y moderada muy firme en un momento en el que, dada la indignación que produjo el atentado, se podrían haber desbordado los objetivos de marcha silenciosa del partido.
Así lo describe Carrillo en sus Memorias: “La manifestación de duelo fue impresionante. Habíamos dado instrucciones a nuestros camaradas de que desfilaran en silencio rehuyendo las provocaciones, pero que acudieran en masa. Así fue; las víctimas eran comunistas, muy conocidos por su desinteresada labor en defensa de los trabajadores. (…). Al día siguiente Ya decía en su editorial que el PCE había conquistado su legalización. Los comunistas confirmábamos con ese acto nuestra fuerza y, al mismo tiempo, nuestro sentido de la responsabilidad, con lo que hacíamos prácticamente inviable nuestra exclusión de la transición democrática” (Santiago Carrillo, Memorias, 2008).
Y así fue, Carrillo llamó a no realizar ninguna acción de protesta, más allá de los funerales y marchas pacíficas. La prensa oficial daba cuenta de esto, “Los partidos políticos de la izquierda han dado muestras de una sensatez que hace pocos meses parecía imposible. Concretamente, esta mañana se ha restablecido la normalidad laboral en el cinturón industrial de Madrid”, (La Vanguardia española, 28 de enero de 1977).
Lejos estuvieron las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras en responder con la lucha obrera. Más bien todo lo contrario. En las declaraciones de los principales dirigentes en la prensa oficial en pos de la “integración al Gobierno”, decían: “Ninguna de las organizaciones sindicales que configuran la C.O.S. regateará esfuerzos en apoyar al Gobierno para alcanzar la democracia en los pueblos de España, y nos esforzaremos al máximo para evitar la argentinización aquí. Queremos vivir en paz, democracia y justicia”. Con estas palabras, el líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, resumía los propósitos de la UGT, USO y CC.OO, ante el difícil momento político que vive el país.
Camacho señaló que estas jornadas de violencia manifestaban ser un plan “ultra”, dirigido “ya no sólo contra las fuerzas de la oposición, sino contra aquellos sectores del Régimen que se están integrando a la corriente democrática, y en los que se encuentra el Gobierno. Nosotros, muy lejos de rechazar la Integración de estos sectores a la democracia, le animamos y estamos abierto a una total colaboración para elaborar un futuro digno para todos los españoles” (La Vanguardia española, 28 de enero de 1977).
Por su parte el Gobierno de Suárez llevó a cabo su “propósito democratizador” desplegando toda una batería de medidas para evitar que los sucesos de Atocha pudiesen derivar en un incremento de la lucha y la radicalización.
Es decir, mientras del Gobierno reprimía para evitar cualquier acto de protesta, los dirigentes de CCOO declaraban en la prensa oficial: “Nicolás Sartorius insistió en que, durante estos momentos difíciles, ha sido muy positiva la actitud adoptada por el Ejército. «Todo el mundo sabemos que las Fuerzas Armadas son una pieza clave para la cristalización del proceso democrático. Por eso hay que señalar como positivas las declaraciones de varios de sus más altos representantes, señalando que el Ejército no se dejaría influir por estas provocaciones. Esta actitud profesional de los hombres responsables de las Fuerzas Armadas es muy elogiable»”, (La Vanguardia española, 28 de enero de 1977).
Sin embargo los procesos huelguísticos y las manifestaciones no cesaron en todo el Estado español: “Los paros de protesta. Respecto a los paros que se registraron ayer como señal de protesta (…) Manuel Garnacho, de la U.G.T.. señaló que en Madrid habían parado cerca de doscientas mil personas. «Otros datos provisionales que tenemos son: Avila, 5.000; Zaragoza, 10.000; Valladolid, 35.000; País Vasco, 280.000; Asturias 60.000; Galicia, 40.000; Málaga, 5.000; Córdoba, 5.000; Cádiz, 4.000; Sevilla, 50.000; Baleares, 2.000; León, 2.000. Por otra parte, hay que señalar que Asturias, Cataluña y País Valenciano han convocado para hoy paro general y según nuestras noticias está siendo muy generalizado.» Por último se señaló que estos hechos no van a interrumpir las negociaciones que en la actualidad mantienen el Gobierno y la oposición, sino todo lo contrario: «Estas negociaciones se tienen que acelerar para llegar lo más rápidamente a unas elecciones totalmente democráticas».” (La Vanguardia española, 28 de enero de 1977).
El PCE, principal fuerza política de la oposición antifranquista, abandonó su objetivo de “ruptura” con el Régimen, lo que implicaba también el abandono de la lucha en las calles con la clase obrera. Si la posibilidad de una Huelga General estaba planteada, porque las fuerzas de la clase obrera estaban activas, ésta posibilidad no estaba en los planes de un PCE que había puesto toda su orientación en la negociación con el Régimen franquista.
Antecedentes hacia la “reforma pactada” del PCE
En septiembre de 1976 el nuevo Gobierno de Adolfo Suárez se dispuso a aplicar la Ley de Reforma Política. El alcance de las reformas aún no estaba claro. La profundidad de las mismas se iba a ir marcando en función de la correlación de fuerzas que demuestren los grupos de la oposición y las negociaciones abiertas a partir de su aprobación en el referéndum del 15 de diciembre. Pero en este juego de negociaciones las variables no estaban determinadas sólo por el Gobierno y las corrientes políticas de la oposición, sino también, y principalmente en estos años, por la lucha en las calles y la conflictividad obrera. Los cambios políticos y la crisis económica impactaron en la clase trabajadora aumentando la movilización.
No obstante, la lucha obrera ya estaba en un momento de auge y ascenso, con un nivel de extensión y radicalización que marcaba una dinámica propia. Esta dinámica preocupó al Gobierno, motivo por el cual también entró en el juego de las variables del cambio que el Régimen se planteaba; es así que, ante la presión de la movilización se vio obligado a pactar con el PCE. Sin embargo, la corriente política de izquierda de mayor influencia en la clase obrera profundizó su política de moderación y freno de la lucha obrera y movilización; y por esa vía, pasaban a tomar una posición “pactista” abandonando la rupturista, lo que el PCE llamó “ruptura pactada”.
Esta estrategia se empezó a consolidar a partir del 8 de noviembre de 1976, cuando las Cortes franquistas habían aprobado por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones la Ley de Reforma Política. Y el 15 de diciembre de 1976 tuvo lugar el referéndum de esta reforma política. Toda a la oposición franquista llamó a la abstención.
Los resultados del referéndum fueron: en Catalunya la abstención había sido del 25% del censo electoral, en el País Valencià el 14% y en las Islas Baleares del 15,78%. Ante estos resultados, la mayoría de los sectores de la oposición con el PCE a la cabeza, fueron abandonando sus posiciones rupturistas, acercándose más a las reformas políticas propuestas por el Gobierno. Se fueron incrementando las negociaciones entre ambos y la oposición fue aceptando las reglas del juego que el nuevo Gobierno ofrecía con la cuestión de la legalización. En un principio se proponía legalizar a todos los partidos menos a los comunistas, a los republicanos, a la izquierda revolucionaria y a los independentistas.
El Gobierno interpretó el triunfo del referéndum como una victoria que le permitía marcar los ritmos del proceso de reforma con bastante autonomía. No obstante, la oposición no interpretó el “sí” como un “cheque en blanco” para Suárez, sino como la “expresión de la voluntad de cambio”. Y fortaleció los argumentos de que la “ruptura total” no iba a ser posible y de la necesidad de ir a un proceso de negociación con el Régimen.
Es en este marco que el objetivo principal del PCE pasó a ser no quedar fuera de este proceso de reformas que planteaba el Gobierno de Suárez, cuando éste ya estaba entablando negociaciones con el PSOE. Conseguir la legalidad empezó a ser una obsesión, para lo cual se propusieron la unidad con la oposición unificando la Junta Democrática liderada por el PCE con la Plataforma Democrática liderada por el PSOE; hasta que en 26 de marzo de 1976 se constituyó la Coordinadora Democrática o la Platajunta. En agosto de 1976 se iniciaron las negociaciones entre el PCE y el segundo Gobierno de la Monarquía con el vicepresidente Alfonso Osorio.
Al respecto Santiago Carrillo planteaba en sus Memorias: “En el año 1976 ya no existían barreras aislantes entre la oposición y los reformistas de régimen. Informaciones y opiniones políticas fluían fácilmente de un extremo al otro, de modo que algunas veces no sabías si las sugestiones que te hacían venían de la oposición o del Gobierno”, decía Santiago Carrillo en sus Memorias (2008). |
