Durante estas semanas tienen lugar las declaraciones indagatorias de nueve manifestantes en el marco de la causa penal abierta en la justicia federal de San Martín, tras la represión y posterior judicialización a la que fue sometida la movilización surgida al calor del conflicto en la autopartista multinacional Lear, en el año 2014.
El llamado a declarar a nueve trabajadores y estudiantes imputados por solidarizarse con el reclamo de centenares de despedidos en la empresa autopartista LEAR Corporation el 8 de julio de 2014, ocurre tras dos sobreseimientos dictados por la jueza Federal de San Martín AliciaVence y fueron revocados por la Cámara Federal de San Martín por pedido del fiscal Jorge Sica. Prioridades de una justicia que evita juzgar a los directivos de Ford por secuestrar y desaparecer obreros en su propia fábrica.
El fiscal Sica ha apelado sistemáticamente los sobreseimientos que en esta causa dictó la jueza Alicia Vence, y su postura persecutoria fue avalada por la Cámara de San Martín.
Las represiones de la protesta de LEAR se caracterizaron por la brutalidad y ensañamiento desatados sobre los manifestantes. El por entonces activo secretario de Seguridad Sergio Berni estaba decidido a barrer las calles y rutas de manifestantes: para ello en la Autopista Panamericana puso al mando de esa tarea al tristemente conocido “Gendarme Carancho”, Juan Alberto López Torales. El fiscal Sica llevó esa línea muy lejos: luego de esa manifestación del 8 de julio denunciamos la enorme cantidad de heridos que había dejado el accionar de la Gendarmería y el fiscal tuvo el desparpajo de imputar a las víctimas como represalia por presentarse espontáneamente a denunciar las diversas lesiones y heridas.
De más está decir que en ningún momento el fiscal mostró interés en investigar las denuncias de los manifestantes sobre las graves heridas sufridas.
Como abogados de los imputados de la causa hemos acompañado numerosas pruebas demostrando la ilegalidad del accionar de la Gendarmería. Demostramos que López Torales venía haciendo seguimiento y/o contaba con informes de inteligencia previos y por ello exigimos que se investigue al personal de Gendarmería por privación ilegal de la libertad, lesiones de distinto grado y falso testimonio, dadas sus declaraciones como "testigos" en la causa, donde ocultan haber disparado postas de goma a la cabeza, o utilizado sus carros hidrantes como armas contra los manifestantes.
Asimismo, probamos que los manifestantes recibieron perdigones en la zona de la cabeza y cuello, una manifestante tiene el tímpano perforado por el chorro del carro hidrante y también hay otro manifestante que sufrió una fractura en el rostro a causa de los bastonazos policiales. Todo eso está registrado en imágenes de video y pese a la elocuencia de esas imágenes hasta la fecha, increíblemente, los criminalizados son las víctimas.
Sirven estas líneas para tener siempre presente cómo actuaba la Gendarmería de Berni para reprimir la protesta social: sin límites.
Volviendo al fiscal, su postura no nos sorprende ni es nueva. Durante años obstaculizó la investigación a la multinacional Ford por su participación en el plan genocida de la dictadura cívico militar, con decenas de desaparecidos entre sus trabajadores, contando con un centro clandestino de detención montado en su propio predio de General Pacheco, paradójicamente a metros de la protesta de 2014 reprimida y luego judicializada por Sica. Fue denunciado por organismos de derechos humanos por su rol y por sostener abiertamente ante ellos que no haría nada para impulsar la causa contra los ex gerentes y jefes de seguridad de la automotriz, Guillermo Galárraga, Pedro Müller y Héctor Sibilla.
Como siempre decimos, la impunidad genera más impunidad. Sica no quiso investigar nuestra denuncia contra López Torales después de esa represión. Poco tiempo después protagonizaría, ante otra protesta, el bochornoso hecho que lo pasó a la historia como el “gendarme carancho”. Él, junto a otro de los gendarmes que actuó aquel 8 de julio, Héctor Herrera Medina, hoy están procesados por aquel célebre caso. En ese tipo de "pruebas" se basa esta causa penal contra nueve estudiantes y trabajadores que se solidarizaron con un reclamo obrero por demás justo.
Son estos gendarmes los que le partieron la cabeza a nuestro compañero abogado Carlos Platkowski que junto a la nieta restituida Victoria Moyano Artigas, se colocaron frente a la gendarmería cuando avanzaba decidida a reprimir a quienes ejercían el legítimo derecho a manifestarse.
Las indagatorias a los manifestantes continuarán los días 21 y 22 de febrero, en el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Tenemos que rodearlos de solidaridad. | 
