El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN) al encontrarla en persistente "desacato", según los miembros del máximo órgano de Justicia, ligado al Gobierno, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
El TSJ, que ya había anulado varias acciones de la AN desde que la mayoría parlamentaria pasó a manos de la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia fechada el miércoles.
Por su parte los diputados de la oposición derechista declararon este jueves que desconocerán todos los fallos del máximo tribunal. Julio Borges, presidente de la AN, ha declarado en una rueda de prensa desde el Palacio Legislativo que "Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas.
Agregando que: "Es la primera vez que estas sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le da la gana y para endeudar al país como le dé la gana (...) es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura". Más tarde, desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a sus seguidores a marchar el sábado.
Aunque hay que destacar que desde la AN también se ha buscado hacer votar leyes a su conveniencia y semejanza, como cuando en los hechos se desconoció la figura presidencial y ha buscado por múltiples vías destituir a Maduro, incluso con las llamadas “guarimbas” en el 2014 que terminó con el saldo de 43 muertos y más de una centena de heridos.
Hay que recordar que la oposición desde la Asamblea Nacional, a comienzos de enero del presente año, votó y declaró que el presidente Maduro ha abandonado sus funciones como presidente de la República y por lo tanto que abandonó su cargo, que la actuación de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia, acusándolo de una "grave ruptura del orden constitucional".
Una resolución que significaba en los hechos el desconocimiento de las funciones de Maduro en cuanto presidente del país, a lo que el Gobierno respondió que se trataba de un “golpe parlamentario” para destituir al actual mandatario. La votación de la declaratoria fue la primera acción que Julio Borges anunció al asumir la presidencia del Parlamento. Aunque se trataba, al final de cuentas, de una resolución sin efectividad política por la fuerte influencia que ejerce el Ejecutivo sobre el TSJ.
Una sentencia que profundiza el bonapartismo gubernamental
La sentencia del TSJ se da en el marco del conflicto del Gobierno con la oposición existente en el país, donde directamente el gobierno de Maduro desconoce a la Asamblea Nacional por una supuesta irregularidad al juramentar como diputados a representantes del estado Amazonas, pues durante la elección se habrían producido irregularidades.
Pero es parte de un giro bonapartista que viene incremento el gobierno de Maduro, que se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas y en el Tribunal Supremo de Justicia, que avala todas las sentencias y decretos en el marco que el país vive bajo un estado de excepción permanente.
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La sentencia del TSJ significa un salto en este giro del Gobierno, ya que se trata de un desconocimiento completo de la Asamblea Nacional. Justamente en su primera medida luego de la sentencia, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el órgano legislativo, siendo válido para ello una sentencia a favor por parte del TSJ.
Ante la pugna con la oposición de derecha, y su cada vez mayor aislamiento del apoyo popular, el gobierno de Maduro se orientó a usar la figura del “Estado de excepción”, renovando constantemente el mismo, lo que implica, como hemos dicho, un condicionamiento de las libertades públicas y ampliación de las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzando el control social y una militarización cada vez mayor.
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