La situación de violencia en México es crítica, pues la tasa de homicidio se incrementó en el 18% (16 cada 100 mil habitantes), y más de la mitad de los asesinatos se cometió con armas de fuego.
Sirve comparar esta cifra con el promedio mundial de la tasa de homicidio, de 7 por cada 100 mil habitantes, para dimensionar que muy pocos países en el mundo superan este promedio
Las entidades con más deterioro en sus niveles de paz contemplan a Colima, Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. En entidades como Nayarit o Veracruz existe un sesgo importante en los datos recopilados al sólo registrarse 60% de los casos de homicidios.
Al mismo tiempo, otras cifras oficiales señalan que con la violencia aumentaron los casos de abuso sexual, superando los 600 mil -con un índice de un 8% de denuncia de los casos- al mismo tiempo que se mantienen las escandalosas cifras de feminicidio, que se incrementó un 500% con la militarización del país.
¿Paz en un país militarizado?
En los últimos diez años las políticas del gobierno han recrudecido la vulnerabilidad de la población. La “guerra contra el narco” ha causado tantos estragos que es rechazada por un porcentaje importante de la población, al grado de que alas del régimen han intentado dialogar con el descontento planteando la posibilidad de regular el regreso del ejército a los cuarteles.
El objetivo de la militarización del país no era, como quisieron hacernos creer, garantizar la seguridad de la población civil y combatir al conjunto del crimen organizado. La militarización busca apaciguar y aleccionar a todos los movimientos juveniles, obreros, campesinos y populares mediante la mano dura y represiva del Estado.
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Es por esto que focalizaron la militarización en zonas fronterizas, regiones con procesos de lucha en defensa del territorio y los bienes comunes o donde hemos presenciado importantes procesos de organización obrera y popular, para luego extenderla por todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, militarizaron las policías y ahora buscan regular la actividad de las fuerzas armadas ampliando su marco de funciones mediante la Ley de Seguridad Interior.
Es innegable la relación entre la militarización del país y las iniciativas de trabajo conjunto contra el crimen organizado entre el gobierno mexicano y estadounidense. A raíz de la salida del ejército a las calles y su asociación con los cárteles de empresas delictivas, los ataques a derechos civiles y las violaciones a derechos humanos se han redoblado y, al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha profundizado la injerencia en la vida política del país.
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Además, es difícil identificar vías de ingreso ilegal de armas al territorio nacional que no impliquen la cooperación de elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas de ambos países, vinculadas también al tráfico y traslado de drogas como demostró el caso Ayotzinapa.
La situación de vulnerabilidad y violencia contra la población producto de la “guerra contra el narco”, ha sido traducida por el gobierno en políticas públicas contra la inseguridad que han costado unos 160 mil millones de dólares sólo durante el 2016 -un 18% del PIB-, unos 200 mil asesinados como “víctimas colaterales”, más de 250 mil desplazados y miles de desaparecidos.
Esta realidad contrasta con las declaraciones de órganos del gobierno y funcionarios públicos, como el mismo Peña Nieto que afirmó hace poco que “la crisis está en la mente” de algunas personas. En realidad la crisis existe y ha sido generada por la asociación entre el Estado y los cárteles, que fortalece el dominio de la clase capitalista y sus negocios, sean estos legales o ilegales.
La consecuencia más escandalosa son los degradados fenómenos de descomposición social relacionados con el mercado ilegal (trata de personas, órganos, armas) así como de las propias instituciones del Estado y de los efectos de la militarización (feminicidio, fosas clandestinas, juvenicidio, asesinatos extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desaparición forzada, asesinato de periodistas, represión).
A diferencia de la conclusión arrojada por el informe del Instituto para la Economía y la Paz, no es una falla en el funcionamiento del Estado mexicano lo que genera esta situación de crisis social y humanitaria. Muy por el contrario, es una expresión más de un Estado que funciona -y mucho- para preservar a toda costa -mediante la violencia y el asesinato sistemático de personas- los intereses de los grandes empresarios y los capos multimillonarios. | 
