De acuerdo con la policía italiana, Yarrington era buscado por Estados Unidos por sus nexos con los cárteles mexicanos y por distintas acusaciones como asociación para delinquir, tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, fraude bancaria y evasión fiscal.
A su vez, también sus prestanombres tienen abiertas causas judiciales en el vecino del norte, como los empresarios Fernando Cano Martínez, Farough Fatemi Corcuera, Gabriel Maldonado Pumarejo, Eduardo Rodríguez Berlanga y Raúl Javier Morales Cano, entre otros, que acrecentaron sus fortunas gracias a sus negocios con el gobierno tamaulipeco y el narco.
Mientras tanto, tras la detención de Yarrington la PGR ha solicitado su extradición, hecho cuestionado por las autoridades estadounidenses dado que la institución no intervino en su captura.
Por su parte la dirigencia nacional del PRI sólo ha declarado que apoyara el debido proceso para que se le dé un "castigo ejemplar".
Un secreto a voces
Desde hace varios años se tenía conocimiento de los vínculos del ex gobernador con el crimen organizado. Acusaciones como que su campaña -al igual que la de todos los candidatos priistas en aquel estado- fue financiada por el crimen organizado, y por nexos con grupos del narco.
En 2011, un narco mensaje que fue dejado junto al cuerpo del empresario Alfonso Peña Arguelles, dio a conocer supuestos vínculos con los Zetas.
Más tarde, una investigación que tuvo como consecuencia la detención de Antonio Peña Argüelles, hermano del occiso, confirmó los vínculos entre Yarrington y el grupo criminal, además de arrojar pistas sobre su relación con el Cartel del Golfo.
Esto llevó a que desde el 2012 comenzará su búsqueda por parte del gobierno federal y en más de 192 países por la Interpol. Ese mismo año el PRI le retiró sus derechos como miembro de dicho partido. Sin embargo, fue hasta 2016 que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI realizó su expulsión oficial.
Ahora que la carrera electoral rumbo al 2018 ha comenzado, es natural que el PRI busque deslindarse de las acciones criminales y de corrupción de miembros de su partido. Sin embargo, el caso de Yarrington Rubalcaba deja ver que la corrupción, el lavado de dinero, y la conexión con grupos criminales no es la excepción, sino la regla dentro de las filas del PRI.
Este caso se suma a la larga lista de ex gobernadores priistas que han sido sometidos a un proceso de investigación por irregularidades en su gestión.
Tal es el caso de Jesús Reyna exgobernador de Michoacán, preso desde 2014 por vínculos con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, acusado defraudación fiscal e incluso casos tan escandalosos como el de Gutiérrez de la Torre ex presidente del PRI en el entonces Distrito Federal, quien fue destituido de su cargo luego de que se hiciera público que lideraba una red de prostitución dentro del propio partido.
Actualmente, los casos más sonados son el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, expulsado del partido luego de un sinfín de escándalos de corrupción e impunidad ante su cínica represión contra estudiantes, periodistas y grupos organizados, así como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien dejó una importante deuda al estado por sus desvíos de fondos del erario público. Ambos actualmente se encuentran prófugos.
Se trata de un nuevo escándalo para el PRI, en el marco de un año electoral, que da cuenta de la profunda crisis que atraviesa debido desde la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la recepción de Trump –entonces candidato y que desplegó durante su campaña múltiples ofensas contra el pueblo mexicano-, la contracción de la economía, e innumerables hechos de corrupción que salieron a la luz pública, que van desde vínculos contra el narco hasta la adquisición de millonarias mansiones por parte de Peña Nieto y sus funcionarios.
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