Prontamente, la propuesta gubernamental se traducirá en un proyecto de ley que permitirá la implementación de un 5% adicional de cotización previsional, a cargo de los empleadores -monto se dividirá en dos partes: en un 3% destinado al fondo individual y un 2% destinado a un ahorro colectivo.

La administración de esos recursos pasará por una institución pública estatal autónoma.

Esto, según Bachelet, se traducirá para los futuros pensionados, en un aumento de un 50% en las jubilaciones.

Suena bien, pero como veremos, se trata de un mero maquillaje al sistema de AFP que permanecerá intacto.

La derecha: la más furibunda defensora de las AFP

Aun así, la derecha ha expresado su rechazo a la propuesta gubernamental. Las palabras del diputado José Antonio Kast en Twitter son expresivas:

“El Gobierno de @mbachelet no tiene el mínimo de legitimidad para seguir proponiendo reformas destructivas. Ya han hecho demasiado daño”.

Dos puntos controvertidos de la propuesta son, primero, que el 2% de la cotización adicional, tendrá un carácter solidario y, segundo, que los recursos adicionales serán administrados por una institución pública autónoma.

Ambas cuestiones han generado un malestar en las huestes de las AFP y de la derecha. No pueden concebir que una institución pública se disponga a administrar unos fondos que tendrán que pagar los empleadores y que parte de los nuevos recursos -un 2%- no funcione con la lógica de la capitalización individual. Por eso reclaman por el “sesgo estatista”, tomando la expresión de Hernán Larraín.

Pero la realidad es otra. La propuesta del gobierno no es estatista, porque la administración privada de los fondos de pensiones -todo el sistema de AFP- en su propuesta permanece intacta. Tampoco es solidaria porque la mayor parte de los fondos continúa siendo de capitalización individual. El gobierno sólo busca disimular un poco la miseria con un pequeño costo para los empleadores, pero manteniendo el núcleo estructural del actual modelo de jubilaciones, lo que conlleva efectos por todos conocidos: las pensiones miserables, la discriminación hacia las mujeres y el enriquecimiento empresarial descarado.

Los reclamos de la derecha responden a dos cuestiones. En primer lugar, a una ubicación político-ideológica preventiva: se trata, para la derecha, de alejar cualquier posibilidad de alentar desde el régimen expectativas “estatistas”. Para ello hay que salir a impugnar cualquier mínima retórica que el gobierno use en ese sentido. El mandato es defender con consecuencia a los empresarios y el rol de lo privado en la sociedad. En segundo lugar, los reclamos de la derecha tienen que ver con un asunto mucho más mundano: si los “empleadores” van a pagar un 5% más, al menos queremos que esa plata esté controlada por la clase social de los empleadores, es decir, por los empresarios a través del sistema privado de AFP. Como si dijeran: “si nosotros ponemos la plata, nosotros la queremos manejar en las AFP”.

Pero esta reacción de la derecha no puede ocultar que la propuesta del gobierno es esencialmente conservadora. Expliquemos por qué el anuncio de Bachelet no termina con las jubilaciones de pobreza.

Las pensiones seguirán siendo bajas

Bachelet explicó que el proyecto gubernamental implicará un 50% adicional en las jubilaciones para los futuros pensionados y un 20% para los actuales. Esto, escuchado por primera vez, podría sonar bastante “generoso”. Pero no nos engañemos.

No olvidemos que, en Chile, por ejemplo, la mitad de los jubilados con pensiones sin complemento fiscal, recibe mes a mes un 34% de su sueldo. Por ejemplo, si una persona bajo esa categoría ganaba $400.000 de salario, recibirá, una vez jubilada, $146.000 de pensión. Un aumento de un 50% significaría $73.000 adicionales, es decir, un total de $219.000. Entonces, enfocado desde esta perspectiva, el anuncio gubernamental significa esto: si usted ganaba $400.000 pesos, de un momento a otro, cuando jubile, ganará poco más de la mitad de su sueldo. Y quieren que estemos agradecidos.

Tal vez para un parlamentario que no tiene idea de cuánto cuesta el kilo de pan o andar en Metro, recibir casi $200.000 o $300.000 menos de ingresos mensuales, es un hecho irrelevante, no así para cualquier trabajador o trabajadora.

Y si tenemos en cuenta otros datos que hablan de la realidad previsional en Chile: por ejemplo, que hoy un 85% de las mujeres y un 72% de los hombres recibe pensiones inferiores al sueldo mínimo o que en la “Modalidad Vejez Edad Retiro Programado”, un 87,5% de los hombres recibe pensiones inferiores a $154.304, porcentaje que se eleva a un 94% en el caso de las mujeres; veremos que la propuesta de Bachelet equivale a algo así como querer saciar el hambre de las abuelas y abuelos del pueblo trabajador con pequeñas migajas.

La discriminación a las mujeres queda intacta

El anuncio no incluyó finalmente un “aumento de la edad de jubilación de las mujeres”, pero el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, se encargó rápidamente después de la cadena nacional, de aclarar que, en el fondo, aunque el aumento no esté escrito en la ley, desde el gobierno buscarán la manera de presionar para que las mujeres tengan que trabajar hasta los 65 años por la fuerza de los hechos.

"Las que vayan retrasando su jubilación las vamos a ayudar a que tengan una mejor pensión para que tengamos un principio bien básico: que si una mujer tiene el mismo ahorro que un hombre y se jubila a la misma edad, la mujer tenga la misma pensión".

Dicho en otras palabras: si usted jubila a los 60 años como le corresponde si es mujer, debe conformarse con una pensión más baja que la de un jubilado hombre. Si quiere que su jubilación sea igual a la de un hombre, entonces debe aumentar su edad de jubilación “voluntariamente” a los 65.

Una participación ficticia

En este marco el rol de los usuarios a través de una comisión en el nombramiento de directores de empresas donde invierten las AFP, medida anunciada con bombos y platillos en la cadena nacional de Bachelet, será un rol puramente decorativo. Mientras los fondos de pensiones continúen siendo “propiedad privada de hecho” de los empresarios de las AFP y una caja de los grandes grupos económicos, cualquier participación de los usuarios buscará ser encuadrada en ese marco. En el fondo, sin afectar la propiedad, los intereses y las ganancias de las AFP y los grupos económicos y políticos que las defienden, es imposible cualquier mejora sustantiva en las pensiones.

Por un sistema de reparto estatal gestionado por los trabajadores y un plan de lucha

Para quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios, lo que hace falta es un sistema estatal de reparto, gestionado por los trabajadores y usuarios. Eso implica sacar completamente a los empresarios del área de la administración de los fondos de pensiones, sin ningún tipo de indemnización, pues mucho ya han lucrado con los descuentos mensuales de millones de cotizantes e implica también que los trabajadores desde sus organizaciones determinen el uso de los recursos previsionales.

Se puede establecer el criterio de que ninguna pensión sea inferior a un 80% del sueldo o $400.000. Ese criterio de mínima dignidad sólo será posible si son los trabajadores y no los empresarios los que controlan los fondos previsionales.

Por otro lado, un sistema de reparto así organizado, no será un “obsequio” del empresariado sino producto de la lucha. Por eso hace falta un plan de lucha que incluya el método de la paralización de los grandes centros laborales. Las organizaciones sindicales o grandes asociaciones gremiales que participan en la Coordinadora NO+AFP como la Unión Portuaria o el Colegio de Profesores, podrían cumplir un importante papel como propulsores de un paro de todos los sectores inscrito en un plan elaborado desde las bases en los lugares de trabajo y estudio.