El gobernador Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro, presentó el proyecto para sancionar una nueva legislación de tierras el 8 de septiembre de 2016, pero tomó mayor repercusión en las últimas semanas. Se debe a que organizaciones del pueblo mapuche anunciaron una caravana histórica para la provincia, partirán caminando el jueves 20 de abril desde Bariloche y Catriel, para llegar el lunes 24 a Viedma y poder visibilizar el rechazo a este código.
Algunas claves de este proyecto son:
1- Derogación de la ley 279 del año 1961 por considerar que “la tierra es para quien la trabaja”, reemplazando esta concepción por la de “unidad económica de explotación”. Estas serán adjudicas mediante concurso público según el capital para invertir en ella; el proyecto considera la tierra “una piedra angular del crecimiento y desarrollo productivo, erigiéndola como base de una cadena de valor agregado capaz de generar trabajo”.
2- Beneficia directamente a terratenientes extranjeros como Lewis (que se ven afectados por la ley 279 de 1961, a la que se acudió para el fallo del juzgado de Bariloche en su contra).
3- Ampliación de las zonas productivas principalmente para la minería y potenciando la especulación inmobiliaria. Derogación de la ley 1452 de 1980, pensada para regularizar las tierras agrícolas del valle, coherente a la intención de Weretilneck de desarrollar un polo productivo alternativo basado en la actividad hidrocarburífera y minera.
4- Desconocimiento de la figura de la propiedad comunitaria indígena al clasificar su territorio como tierras fiscales propiedad del estado, contradiciendo toda legislación indígena y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en consonancia con éste, el artículo 18 del Código Civil y Comercial.
5- Sólo será posible titularizar las tierras ocupadas al 31 de Diciembre del 2015, con lo cual se coarta el desarrollo del inconcluso relevamiento territorial de la ley 26160. Pueblo mapuche y pequeños productores de ocupaciones antiguas serán considerados pobladores precarios.
6- El proyecto plantea como condición utilizar de manera racional las parcelas adjudicadas, algo imposible en el sistema capitalista en el cual las ganancias valen mas que la vida. Además en la provincia no está prohibido el fracking y el bloque del FPV en 2011, derogó la ley que prohibió el uso de cianuro en la minería. En aquella oportunidad, la ahora opositora a este proyecto, Silvia Horne, se abstuvo faltando al recinto. | 
